MÉXICO, D.F., 13 de noviembre.- Hace dos años, Gloria se unió a la batalla para derribar las barreras legales que hacían tortuoso el camino para cambiar de género en esta capital, luego de que en un viaje a Panamá tuvo problemas con migración porque su pasaporte tenía su identidad anterior, la de un varón.

Los agentes de Migración comenzaron a cuestionarla. Le preguntaron qué había hecho en Colombia –donde había estado previamente para impartir talleres sobre derechos de la comunidad transgénero–, por qué iba “disfrazada”, si era narcotraficante o si se estaba escondiendo de alguien. Las sospechas policíacas la llevaron a un cuarto de Rayos X donde le sacaron radiografías a sus implantes en los senos.

Trabajadoras sexuales en la colonia Buenavista, en el D.F.

“Me tuvieron horas explicándoles lo que significa ser mujer transgénero”, así como todo el proceso jurídico que se tenía que hacer en la Ciudad de México para cambiar de identidad sexogenérica, cuenta en entrevista.

Este jueves, Gloria Hazel Davenport Fentanes, presidenta de la agrupación civil Humana Nación Trans, vio cristalizado su sueño, después de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un dictamen de ley que elimina el juicio previo para cambiar de género ante la ley en la Ciudad de México.

Ahora ese procedimiento será un “simple trámite” administrativo, como solicitar una nueva acta de nacimiento en una ventanilla del Registro Civil.

En la discusión de la sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, el perredista Agustín Zepeda Cruz, explicó que la iniciativa consiste en que “el procedimiento para el reconocimiento de identidad de género se deje de llevar a cabo por medio de un juicio ante un juez de lo familiar para que se vuelva un trámite administrativo a cargo de un juez del registro civil, sin necesidad de realizar peritajes que causen algún menoscabo a los Derechos Humanos, de la comunidad trans”.

Las modificaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del D.F. y del plazo que se fije para la capacitación del personal administrativo.

Los antecedentes

Durante la pasada administración, el 10 de octubre del 2008, el Gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial las reformas al Código Civil y al de Procedimientos Civiles para que las personas interesadas pudieran solicitar un acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexogenérica, es decir, para cambiar de sexo y nombre de pila –los apellidos se conservan– ante la ley.

Desde entonces, el proceso inicia con el trámite de un juicio en el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF). La persona interesada debe presentar pruebas como dictámenes psicológicos y médicos que indiquen que es apta para la reasignación; entre ellos, la operación de cambio de sexo.

Personal especializado del Ministerio Público y el Registro Civil debe dar su opinión y unos tres meses después, el juez dicta la sentencia, misma que se inscribe en las oficinas centrales del Registro. El acta anterior queda resguardada en el archivo.

De inmediato, las mismas autoridades capitalinas dan aviso al Instituto Nacional Electoral, las secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y la del D.F. del cambio de identidad de la persona, ya que aún con el cambio jurídico, la persona no pierde sus obligaciones anteriores como ciudadano.

La discusión

Este jueves, durante la discusión de la iniciativa, el diputado Jorge Zepeda destacó que considera reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles del D.F. relativas a la rectificación “de actas y garantías del derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil del D.F.”.

Además, traerá la implementación de políticas públicas que fomenten el acceso a la salud, el empleo, la vivienda y todas las garantías que emanan de la constitución para todos los mexicanos.

Según su argumento, es necesario reconocer las múltiples expresiones de la sexualidad que hay en la Ciudad de México y garantizar el derecho íntimo de cada persona para adoptar la identidad de género que la identifique en sus sentimientos y personalidad.

Gabriel Gómez del Campo, diputado  del PAN, fue uno de los que se abstuvo a votar el dictamen. Al razonar su voto, aseguró que las modificaciones son insuficientes.

“Más que ayudar, consideramos que se está perjudicando a este sector pues no se están garantizando los derechos plenos, pues complican jurídicamente su estatus”, dijo.

Mientras el panista exponía su punto, al interior del recinto legislativo comenzaron los gritos y acusaciones de “¡transfóbico!” que lanzaron integrantes de la comunidad trans presentes.

El joven legislador –hermano de la senadora panista Mariana Gómez del Campo y familiar del ex presidente Felipe Calderón–, argumentó que no hay certidumbre en materia sucesoria “pues impide que herederos o legatarios previamente instituidos tengan la posibilidad de heredar, pues tendrían qué irse a un recurso jurídico para poder defender este derecho, pues como se establecen las reformas se está reservando la información de las actas”.

Se refirió también a las obligaciones contraídas con anterioridad. “Si una persona que está cambiando de nombre llega y es acreedora o es deudora, va a complicar también esta situación jurídica con sus acreedores o deudores respectivamente”.

La diputada perredista Dione Anguiano Flores defendió la iniciativa que, dijo, “es pionera a nivel nacional” y es una más que el Gobierno de la ciudad genera a favor de los capitalinos. Y le dio un repasón a Gómez del Campo: “Lo que tiene que hacer un buen legislador es legislar en lo cotidiano, lo real, y la comunidad trans debe contar con el respaldo de una ley que los apoye y evite que se vean discriminados en la vida cotidiana”.

La diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Dinorah Pizano, destacó que “esta iniciativa que fue generada por organizaciones de la sociedad civil con el Jefe de Gobierno, quien de manera muy sensible está reivindicando un derecho a la identidad de género que tiene la comunidad trans, precisamente para salvaguardar todos sus derechos”.

Rubén Jiménez Hernández, diputado del PRI, aseguró que “la población de la diversidad es la de mayor vulnerabilidad, es de las que más sufren de discriminación y una inmensa parte de ella es doblemente discriminada porque también es de escasos recursos. El carecer de una identidad jurídica acorde a su identidad genérica, le ha permitido que ellas y ellos accedan a la salud, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales, educativos, económicos y bancarios”.

Efectos y pendientes

Según Gloria Hazel Davenport, activista y escritora, el proceso de cambio de identidad sexogenérica dura al menos seis meses y puede significar un costo de hasta 60 mil pesos por el pago de abogados y los estudios médicos.

Hasta ahora, para muchas personas transgénero que han iniciado el juicio ha sido un camino tortuoso pues debido a la incertidumbre jurídica les resulta difícil conseguir un trabajo estable para pagar el costo del trámite.

Sin embargo, la presidenta de Humana Nación Trans reconoce que es “un paso positivo en la defensa de los Derechos Humanos y las libertades en la ciudad”.

Por ejemplo, dice, al coincidir el nombre en el acta de nacimiento con la apariencia de la persona, será más fácil conseguir un trabajo formal, acreditar nivel de estudios, ejercer carreras universitarias.

Mejor aún, agrega, en caso de tener que enfrentar un problema con la ley deberán ser consignadas a cárceles según su nueva identidad. Además, podrán solicitar servicios de salud según sus nuevas necesidades; por ejemplo, a las mujeres transgénero ya no se les podrán negar los servicios de ginecología y hormonales.

Otra de las ventajas, según la activista, es que podrán cambiar su pasaporte con su nueva identidad y viajar sin problemas con personal de migración. En caso de muerte por accidente, añade, ya no tendrán que buscar el cuerpo de un hombre con apariencia de mujer o viceversa.

Gloria Davenport cuenta que esta modificación hará que “muchas personas trans salgan del closet para asumirse como lo que son y que no se vean obligadas a prostituirse para poder sobrevivir ante la discriminación y la transfobia”.

Sin embargo, destaca que aún falta camino por recorrer en el sentido de abrir más clínicas de salud para esta comunidad, pues hasta el momento sus integrantes son remitidos a la Clínica Condesa, especializada en el tratamiento del VIH.

También es necesario capacitar a personal del Registro Civil y de todas las instancias del Gobierno capitalino para evitar actitudes de discriminación y transfobia, concluye. (APRO)