MÉXICO, D.F., 26 de diciembre.- A tres meses de los ataques armados contra estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, lo único claro es la intención de la Procuraduría General de la República (PGR) de cerrar el caso pese a las deficiencias en la indagatoria, denunció Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT).

Pidieron justicia para normalistas en el Monumento a la Revolución. (Germán Canseco)

En las horas previas a la marcha que padres de los jóvenes llevarían a cabo en esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 42 estudiantes que siguen desaparecidos, el litigante y activista confesó a la agencia APRO su preocupación de que la indagatoria de la PGR “tienda a seguir una ruta hacia el cierre cuando todavía hay una serie de inconsistencias”.

El representante de los familiares de las víctimas de desaparición forzada reprochó que a la dependencia que dirige Jesús Murillo Karam que apueste a ese camino sin ofrecer verdad y certeza a los padres de familia y si, por el contrario, a una “clara intención de represión social”.

Vidulfo Rosales, quien acompaña a padres de familia de los desaparecidos en distintas movilizaciones, Rosales aseguró que el análisis jurídico del caso a tres meses de los hechos es que “es una investigación sumamente débil, con muchas lagunas, que falta todavía de reunir un conjunto de elementos que puedan servir para ofrecer verdad y certeza a los padres de familia”.

Desde su punto de vista, a la investigación atraída por la PGR diez días después de los acontecimientos, le faltan “muchos datos que cruzar entre los estudiantes, entre los datos que tiene la policía y los que tiene PGR, hay que fortalecer la investigación”.

Pese a que algunas de esas inconsistencias han sido manifestadas por los abogados que representan a los padres de familia en reuniones con funcionarios de la PGR, Rosales Sierra lamentó que la dependencia” no haya cambiado el rumbo de la investigación, a pesar de que su obligación de oficio es atender las observaciones.

Ellos (las autoridades), aclaró, se mantienen en su hipótesis de que los 43 tuvieron su fin en el basurero de Cocula, “aunque no haya datos contundentes”.

Resaltó que el activismo de los padres y sobre todo la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como peritos independientes, “han detenido las intenciones de la PGR por dar carpetazo al asunto”.

Rosales Sierra confió en que la llegada en próximos días de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evitará que al caso se le dé carpetazo.

El arribo de dichos expertos se espera para la primera quincena del mes de enero y se encargarán de coadyuvar en las investigaciones y sugerir líneas de investigación adicionales para lo cual tendrán que revisar todo el expediente que a la fecha consta de más de 50 tomos.

Vidulfo Rosales insistió en que la colaboración de los enviados de la CIDH “hace difícil que se pueda mover la investigación desde dentro con otros fines que no sean los de llegar a la verdad y alcanzar la justicia para los padres, así como garantizar la no repetición de estos hechos”. (APRO)