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MEXICO, D.F., 31 de diciembre.- La Asamblea Intergremial Enfermería, Trabajo Social, Terapistas y la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos acordaron ayer llevar a cabo el 6 de enero del próximo año una movilización nacional por la dignificación de los trabajadores del sector salud, el mejoramiento del servicio y por la demanda de transparentar el manejo de las 33 mil plazas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Secretaría de Salud.
En el foro Dignificación de los trabajadores de la salud, rechazo a la precarización y criminalización de la práctica médica, José Antonio Vital Galicia, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, comentó que 90 mil trabajadores del sector salud en el Seguro Popular y en diversos institutos nacionales carecen de las elementales prestaciones, como seguridad social y contrato de trabajo.
La protesta al iniciar el próximo año será también para exigir la cobertura de 50 mil plazas que en la década pasada se han cancelado, lo cual ha generado un deterioro en la atención médica por falta de personal suficiente.
Las enfermeras ahora atienden entre 12 y 15 pacientes en cualquier área, es decir, de cuatro a siete más; además de realizar actividades secretariales, expuso Reina Ayala Echeverría, de la Asamblea Intergremial.
Ambos representantes comentaron que las actividades de ambos gremios están enfocadas a unificar la lucha de los trabajadores del sector salud que se ha dado en al menos 15 Estados y denunciar que la campaña por un servicio universal de salud está enfocado a privatizar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, lo cual implicará desvalorar la labor de los trabajadores de dicho gremio.
Ayala puntualizó que la Asamblea Intergremial continuará su lucha por la profesionalización de la enfermería y el establecimiento de licenciatura y especialidad en dicha actividad; el mejoramiento de las condiciones laborales; el abasto de medicamentos, material y equipo, y que se investigue la corrupción de funcionarios de las instituciones del sector y la negligencia institucional. (La Jornada)