MÉXICO, D.F., 31 de diciembre.- En el episodio de incertidumbre que vive México, sale a flote la debilidad institucional la cual abre las puertas para que el narcotráfico controle las actividades económicas. Es el caso de Michoacán.

En esa Entidad, Los Caballeros Templarios tomaron las riendas del negocio más floreciente: la producción, distribución, comercialización y hasta exportación del aguacate.

Autodefensas retoman 265 hectáreas de aguacate a manos del crimen en Tancítaro, Michoacán. (AP/Eduardo Verdugo)

De acuerdo con un estudio elaborado por la investigadora Ruth Ornelas Esquinca, consultora y especialista en temas de seguridad nacional y desarrollo económico, Los Templarios lograron establecer un control directo sobre la producción, distribución y exportación de ése y otros productos rentables de los mercados legales.

En el análisis Delincuencia organizada: mercados ilícitos y legales. El caso Michoacán, publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ornelas explica:

“Esto se logró gracias a la corrupción y a la ausencia del estado de Derecho debido a la captura de la autoridad local y estatal, de tal manera que Los Caballeros Templarios regulaban y controlaban la actividad legal o ilícita e informal en varios municipios del Estado: los productores de aguacate, limón, fierro, aserraderos, negocios de crema y queso; consultorios médicos, restaurantes, bares, antros, entre otros, además de los mercados ilícitos de drogas”.

Michoacán es el productor mundial número uno de aguacate y concentra más de 80% del cultivo nacional de ese fruto con 120 mil hectáreas sembradas. Hay entre 17 mil y 22 mil productores, sobre todo en Uruapan, Tancítaro, Zitácuaro, Tacámbaro, Peribán, Tingambato, Los Reyes y Paracho.

La organización criminal dirigida por Servando Gómez La Tuta tenía la radiografía completa de las huertas de los aguacateros, pues accedió a las guías o permisos que otorga la Junta Local de Sanidad Vegetal, dependiente de la Secretaría de Agricultura federal (SAGARPA).

Pero el asunto va más allá. La investigadora con maestría en relaciones internacionales por la Universidad de Columbia y en economía por la de Georgetown, logró identificar la corrupción en estas instancias del Gobierno Federal.

“Los integrantes de la Junta estaban coludidos con Los Caballeros Templarios. Es más, cada inspector de la Junta Local demandaba su propia cuota de 3 mil pesos al año por cada huerta, con la finalidad de que el productor pudiera mantener la etiqueta de inocuidad del producto y las hectáreas”.

La certificación es un requisito indispensable para vender el fruto en Estados Unidos, Europa y Asia, principalmente Japón.

La forma de operar de Los Caballeros Templarios es la siguiente: En el 2013 les cobraron a los productores que no exportaban mil 500 pesos por hectárea de aguacate al año; la cantidad se duplicó para quienes exportaban.

Ornelas añade que el crimen organizado cobraba también 10 centavos por cada kilo de aguacate producido, es decir, por cada tonelada cobraban 100 pesos. Los Caballeros Templarios, abunda, obtuvieron 119.4 millones de pesos en el 2013, lo que representó 0.5% del valor total de la producción del fruto en ese año.

Por si eso fuera poco, el cártel cobró entre cuatro y seis pesos por kilogramo de aguacate a las 250 empacadoras de la región.

“Estos montos, en moneda local, extraídos de una actividad productiva específica, resultan insignificantes en comparación con el valor estimado en dólares de la venta de droga sintética únicamente. Por ejemplo, en el 2009 el valor estimado de un cargamento de 8.5 toneladas de este tipo de droga era de 187 millones de dólares”.

La también licenciada en relaciones internacionales por la UNAM explica: “La presencia de la corrupción extendida en el país impacta de manera adversa en el desarrollo socioeconómico de México, porque afecta negativamente las decisiones económicas de los agentes económicos nacionales y extranjeros. Peor aún (…) la corrupción extendida abre oportunidades a las organizaciones criminales y perpetúa la prevalencia de la delincuencia organizada".

“La corrupción anula las regulaciones y normas del Gobierno para la sociedad; reduce y hasta puede minar el control efectivo que el Gobierno tiene sobre la economía; en su rol de recaudador de impuestos; en el ejercicio del gasto público, como lo es el papel redistributivo de programas sociales y proyectos de infraestructura pública (…) y hasta las políticas macroeconómicas se vuelven ineficaces.”

La posición mexicana

En el Índice de la Percepción de la Corrupción 2014 (IC), elaborado por Transparencia Internacional, México está en el escalón 103 de 177 países evaluados.

Si bien México se encuentra situado en el llamado Club de los Ricos, es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el más corrupto de las 34 naciones del organismo.

De hecho, la brecha en corrupción entre México y otras economías que tienen arraigado el problema del narcotráfico, es grande: El país está 30 posiciones debajo que Brasil y a nueve de Colombia en el IC.

Ya a escala local, Michoacán no supera la media tabla en el Índice de Competitividad Estatal 2014, publicado por el Instituto Mexicano de Competitividad: La Entidad michoacana ocupó la posición número 27 entre las 32 del país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 54.4% de la población de ese Estado es pobre, nivel superior al promedio nacional, que es de 45.5%. Aunado a lo anterior, en Michoacán se cometieron 20 homicidios por cada 100 mil habitantes durante el 2013.

En cuanto a afectaciones a las empresas a causa de la inseguridad, el panorama es el siguiente:

En Michoacán, por cada 10 mil compañías, tres mil 865 fueron víctimas de algún delito en el 2013. Lo preocupante es que esta cifra fue 31.7% mayor a la alcanzada en el 2011, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Después de Puebla, Michoacán fue la Entidad con mayor crecimiento en ilícitos contra las empresas. Los delitos que más frecuentemente se comenten son robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; así como la extorsión. Se traducen en una merma por empresa de unos 36 mil 933 pesos anuales en ese Estado.

Como consecuencia de los elevados hechos violentos, ocho de cada 10 empresarios consideran a Michoacán como un lugar inseguro para los negocios. No obstante, para el crimen organizado es una gran “área de oportunidad”.

Lo que deja ver la tesis de Ruth Ornelas es que en los mercados ilícitos, la organización criminal sustituye por completo al Gobierno legítimo, convirtiéndose en un hacedor de políticas y una vez que el monopolio de la coerción es relativamente estable, porque ya no existe otra organización criminal que le dispute el espacio geográfico, su objetivo principal es maximizar el negocio y la extracción de rentas en ese territorio controlado. (Reportaje especial/APRO)