México, D.F., a 10 de marzo de 2015.- Si queremos hacer de la equidad de género una realidad, en necesario ponerle fin a toda forma de violencia contra mujeres y niñas, incluida la ciberviolencia y la violencia expresada a través de internet y las redes sociales, advierte la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

Daño emocional, daño a la reputación, invasión a la privacidad, robo de identidad y acoso son algunos de los estragos de la violencia cibernética, sostuvo la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, en el arranque de la reunión parlamentaria de la Comisión de la Condición de la Mujer en la ONU, que se realiza en Nueva York.

En la sesión de Naciones Unidos, se presentó una investigación realizada en siete países, entre ellos México, sobre la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

—La violencia cibernética es la continuación de la violencia —indica la legisladora yucateca—. Esta violencia no perdona a ningún país y a ninguna persona. Tenemos que aceptar que existe un tipo de violencia relacionado con la tecnología que afecta a mujeres y niñas. La violencia en internet también es violencia.

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama lamenta la tendencia a trivializar la violencia cibernética, con la idea equivocada de no es real porque sucede en línea y, por lo tanto menos dañina, pues la experiencia de agresión es común y siempre tiene que ver con otros tipos de violencia.

—No puede haber debate entre violencia real y violencia irreal. La violencia es violencia y el daño que crea y que experimentan las mujeres es el mismo.

De acuerdo con la legisladora yucateca, la red social facebook y los teléfonos celulares son las plataformas con el mayor tipo de casos de violencia reportados y menos de la mitad de estos casos se denunciaron e investigaron.

Rosa Adriana Díaz añade que la mayoría de las mujeres que sufre este crimen tienen de 18 a 30 años y que la mayoría de los casos fueron perpetrados por personas que ellas conocían. Lo significativo, destaca, es el tipo de daño: 33% reportó daño emocional; 18%, daño a su reputación, y otro 18%, invasión a la privacidad.

La legisladora considera que hay una incompetencia general entre las autoridades para atender las denuncias por ciberviolencia, de manera que es necesario equilibrar, con leyes fuertes y efectivas, los derechos a la privacidad y la libertad de expresión.