México (20 de julio).- La última batalla del proceso electoral 2015 está por llegar y, pese a las sanciones impuestas por los organismos encargados de arbitrar la contienda, ha quedado claro que imponer castigos económicos no ha limitado y mucho menos impedido que los partidos políticos violenten la ley a su antojo.

Como ejemplo de que el sistema de penalización por ilegalidades previo y durante los comicios es insuficiente e ineficiente, es lo sucedido en las pasadas elecciones federales en las que se llegó a récords en cuanto al monto económico con el que se penalizó a algunos institutos políticos o alianzas, sin embargo, como en procesos anteriores, estas no implicaron o implicarán un impacto profundo que obligue a que se deje de violar la ley. Como ejemplos podemos tan sólo la multa histórica al Partido Verde de 322 millones de pesos por recibir “donaciones en especie” de sus grupos legislativos, o las sanciones que acumuló este partido por los cineminutos, promoción de imagen en veda electoral o el reparto de anteojos, tarjetas de descuento, boletos de cine, entre otras.

Otro ejemplo que ejemplifica claramente el punto de ineficiencia de las multas, es el paquete de sanciones económicas que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) por 313 millones de pesos a los 10 partidos (todos) que participaron en las elecciones del pasado 7 de junio, esto por irregularidades en reportes de gastos de campaña.

Ahora, en la última batalla electoral por las elecciones en Chipas a celebrarse el próximo domingo, durante este proceso se han impuesto multas económicas a casi todos los partidos políticos que contendrán. Las más recientes, las impuestas al PRI y PVEM por violar las pautas locales y por la promoción de sus candidatos en medios de comunicación. Al tricolor le tocará pagar 105 mil 150 pesos, mientras que al Verde, 175 mil 250 pesos.

Esta situación no puede continuar, en necesario insistir en señalar la urgencia de tipificar penalizaciones más duras, que vayan desde impactar a los partidos en su representación en el Congreso, hasta reducir considerablemente su presupuesto del siguiente año, o vetarlos de la participación en el siguiente proceso electoral, incluso pensar en una desafiliación por violar la ley. De no modificar el código electoral, los partidos y sus candidatos continuarán burlándose del sistema.- (Agencias)