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México (4 de enero).-
Con las autodefensas, primero pactó, luego registró sus armas y después les dotó arsenales propiedad del Gobierno, pero hoy Alfredo Castillo todo lo niega.
“Nadie autorizó ni determinó el registro de armas para ningún grupo de personas, puesto que el registro se realiza ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, argumentó el ex Comisionado federal para la Seguridad en Michoacán, en una declaración judicial.
A Castillo se le preguntó sobre los acuerdos que tuvo en 2014 con las autodefensas y el registro de armas de uso exclusivo del Ejército.
“No se autorizó ni se registró arma alguna, y desconozco cuál hubiera sido su destino en caso de registrarse”, sostuvo el ahora director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Cecufid).
Castillo fue requerido para declarar ante el Juzgado Quinto Penal en torno a la detención de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas, ocurrida el 27 de junio de 2014, cuando el mexiquense era Comisionado para la Seguridad en la entidad.
La declaración la hizo llegar al juez, mediante un documento de cuatro cuartillas membretadas y con logotipos de la Secretaría de Educación Pública y de la Conade, con fecha del pasado 14 de diciembre. Basado en el cuestionario que elaboró la defensa de Mireles, el juez preguntó a Castillo si estaba autorizado para llevar a cabo el registro de armas de uso militar a los grupos de autodefensa.
“Nunca he estado autorizado para registrar arma alguna, ni tampoco lo he hecho, ya que el registro de armas de fuego se realiza en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, insistió el titular de la Conade.
Le preguntaron también por qué causa o con qué autorización realizaron patrullajes conjuntos autoridades militares, policiacas y autodefensas.
“Lo desconozco”, contestó Castillo.
Dicha postura difiere de los acuerdos, anuncios y declaraciones que Castillo hizo durante su gestión al frente de la Comisión federal para la Seguridad Pública y el Desarrollo Integral de Michoacán, de enero de 2014 a enero de 2015.
El 25 de abril de 2014, el funcionario difundió una reunión realizada con líderes de autodefensas para el proceso de desarme y desmovilización que habían pactado el día 14 del mismo mes y año.
“En la 43 base Zona Militar, el General Patiño explica a ciudadanos el proceso para registro de armas y desmovilización”, anotó en su cuenta de Twitter.
El registro de armas inició el 28 de abril en el Municipio de Coalcomán e incluso Castillo disparó en ese acto dos armas de fuego, entre éstas un fusil automático AK-47, mientras se explicaba el proceso para el registro.
“Estamos (registrando) hasta lo que sería un AK-47 y un R-15”, reconoció ese día ante los medios de comunicación, al preguntarle sobre las armas que se podían registrar.
El 9 de mayo del mismo año, Castillo informó que iban 6 mil 442 armas de fuego registradas como parte de la campaña de desmovilización y desarme acordada con autodefensas.
“La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán informa que al día de hoy se han registrado 6 mil 442 armas, en cumplimiento al acuerdo de desmovilización, registro y desarme. De ellas 4,497 son de uso exclusivo del Ejército y 1,945 calibres permitidos”, posteó.
Esa campaña abarcó a 27 municipios y, en el caso de Mireles, le permitieron registrar al menos ocho armas, incluidos un fusil de combate tipo FAL y tres rifles AK-47.
En ese contexto, el Gobierno federal advirtió que no permitiría más civiles armados en la entidad.
Así, el 10 de mayo de 2014, entró en funciones la Fuerza Rural, el cuerpo policiaco que absorbió a alrededor de 900 ex autodefensas, a quienes se les entregaron fusiles AR-15 y pistolas .9 milímetros, propiedad del gobierno.
Para el abogado de Mireles, Ignacio Mendoza, el ex Comisionado dio declaraciones falsas ante el Juzgado Quinto Penal.