México (27 de enero).-

El debate ayer en la Cámara de Diputados estuvo más a favor de la despenalización de la mariguana.

Incluso el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Miguel, quien consideró que no es necesaria una liberación total, se pronunció por aprovechar la legislación actual para avanzar hacia la libertad que tienen las personas para decidir su consumo.

Durante la segunda audiencia del día sobre las alternativas de la regulación de la mariguana titulada “Regulación en relación con la política criminal y el sistema penitenciario”, Estrada Miguel evidenció lo absurdo de un sistema penal que castiga a quien la consume con el pretexto del daño que provoca al propio consumidor.

La directora de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, Ana Pecova, puso atención sobre los efectos en las mujeres de la criminalización de la mariguana.

“En la última década el número de mujeres en prisión por delitos contra la salud o delitos de drogas ha crecido más del 100 por ciento, ha crecido a una tasa muy superior que la de los hombres que ha sido del 40 por ciento”, dijo.

A nivel federal, las drogas, y específicamente el transporte de mariguana, son el principal delito que causa el encarcelamiento de las mujeres, y a nivel local, la tercera, sólo detrás del robo y de lesiones, explicó.

Pecova expuso que el 98 por ciento de las mujeres encarceladas por este motivo no tienen antecedentes penales, ninguna llevaba armas al momento de la detención, son mayoritariamente pobres, con niveles de estudios de primaria o secundaria incompleta, han tenido problemas de salud como el uso de alguna sustancia psicótica, tienen historias de vida marcadas por la violencia, incluso la sexual, y casi todas son madres y cuidan a sus hijos.

En la mayoría de los casos, añadió, fueron condenadas no por posesión sino por traslado de drogas.

“Ellas se encuentran en lo más bajo de la cadena delictiva y en la mayoría de las veces no saben exactamente lo que están trasladando”, dijo la activista y pidió una nueva reglamentación de penas que no contemple una condena mínima y que considere el lugar de la detenida en la organización así como atenuantes, como el hecho de ser madre de familia.

Después se presentó una investigación de 2012 de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coordinada por la investigadora Catalina Pérez Correa, que detalló que de 24 mil 884 internos en Centros Federales, casi la mitad lo están por delitos contra la salud, en su mayoría, hombres.

Tania Ramírez, también investigadora del CIDE, presentó la investigación.

Dijo que se encontraron casos en que las reclusas nunca habían visto al juez que las condenó y otros en que no entendían muy bien de lo que se les estaba acusando.

Hasta ahora, añadió Ramírez, la ley permite poseer mariguana en dosis de hasta 5 gramos y 0.5 de cocaína para el consumo propio.

Sin embargo, debido a la penalización casi general, es poco probable que un consumidor compre cantidades mayores.

Al momento de la detención, advirtió la investigadora, casi nunca se investiga si era una cantidad para consumir o para traficar.

La audiencia en el Palacio de San Lázaro fue moderada por el diputado Vidal Llerenas, quien como asambleísta del Distrito Federal redactó una iniciativa para despenalizar en la capital el consumo de la mariguana.

También participó el senador Héctor Flores con una disposición para la despenalización.

Sólo el diputado del Partido Verde Cándido Ochoa, secretario de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, se mostró renuente, aunque confundió el reglamento.

Dijo que la ley permite 5 kilos de mariguana, cuando son 5 gramos. Eso sí, el diputado valoró el debate público sobre la mariguana generado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional declaró inconstitucional la prohibición total de esa sustancia.

Un hombre entre el público criticó la aparente condescendencia hacia las mujeres reclusas, sólo por ser mujeres.

“Se habla de que es un ‘primo delincuente’, pero ese primo delincuente ya rompió las reglas, y si rompió las reglas y provocó violencia es justo que se castigue con la ley”, dijo.

Ante eso, la directora de “Equis Justicia para las Mujeres” insistió en que es necesario contemplar el contexto en el que fueron detenidas.