*México (21 de marzo).-

Organizaciones de familiares con parientes desaparecidos reprocharon que a mitad del actual periodo de sesiones del Congreso aún no se haya iniciado el debate sobre la ley general en la materia debido al atraso en los foros regionales.

Y es que desde enero ya se incumplió con el plazo constitucional para legislar tanto en desapariciones forzadas como en tortura, que fue uno de los 10 puntos que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014, luego de las manifestaciones masivas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El argumentó fue la realización de tres foros regionales, en el mes de febrero, para escuchar lo que las personas que buscan a sus seres queridos necesitan en la ley.

Sin embargo, apenas la semana pasada se realizó en Saltillo, Coahuila, el último de los foros, luego que el primero fuera el 26 de febrero en Villahermosa, Tabasco, y el segundo se realizara en el Senado.

“Es una forma de hacer partícipes a las organizaciones de familiares, pero también parece que es una manera de retrasar el dictamen”, consideró Zita Loyo, de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México.

Además de que a su consideración pareciera haber un acuerdo de integrar en la ley la figura de personas no localizadas o extraviadas, pues en los discursos de los legisladores se siguen mencionando.

“Es preocupante, porque estas figuras no constituyen ni un delito ni una violación grave a los derechos humanos, es por eso que nosotros consideramos que no deben estar en la ley general, para no quitarle responsabilidades al Estado”, señaló.

En tanto, Dolores González, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, reprochó que en el foro del miércoles, correspondiente a la zona centro del País y realizado en el Senado, no acudiera el presidente de la Cámara alta, el panista Roberto Gil Zuarth.

“Nos llamó la atención la falta de interés de otros senadores, es una muestra de que no se comprende la dimensión del problema”, opinó.

Ambas organizaciones consideraron que la participación de los familiares no debe terminar con los foros, sino que deben ser incluidos en el proceso de redacción del dictamen de las leyes.

En este punto coincidió la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, quien sin embargo advirtió que para ello tendrá que haber un consenso entre los legisladores.

La perredista consideró que aún están a tiempo de poder aprobar las leyes en este periodo de sesiones, para lo cual los dictámenes deberán ser elaborados no sólo entre senadores y las víctimas, sino también con la participación de los diputados.

“Tenemos que correr la invitación a las presidencias de las comisiones que van a dictaminar esta iniciativa en la Cámara de Diputados para que se integren al grupo de trabajo de elaboración del dictamen, (…) para consensarlo, para que no se detenga la minuta del Senado con los diputados”, señaló.