México (3 de enero).-

El aumento de los precios de los combustibles dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vigentes a partir del 1 de enero de 2017, es desproporcionado y atenta directamente contra la economía del consumidor final, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Señaló que si bien, siempre ha impulsado la libre competencia y aportado propuestas para la implementación de la Reforma Energética, que establece un mercado abierto donde más jugadores participan, “de ninguna manera estamos de acuerdo en que el usuario final resulte el más afectado con el incremento de precios de los combustibles”.

A través de un pronunciamiento publicado este lunes, la Coparmex puntualizó que el mercado de precios abiertos es adecuado porque permite que la participación de más actores fije el precio final de acuerdo a la libre competencia, sin embargo en México, el componente de impuestos que tienen los precios de gasolinas y diésel es muy elevado, más del 40 por ciento.

Ante el alza al precio de los combustibles, hizo un llamado al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del IEPS, para aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores finales.

Insistió en una revisión de los porcentajes considerados en la fórmula para la determinación de los precios, demandando ajustes a la baja en los impuestos respectivos.

Expresó preocupación por el impacto inflacionario que pueda generarse con los aumentos en los combustibles.

Dijo entender que manejar subsidios a las gasolinas como hasta ahora se ha hecho es inviable y regresivo, además tampoco Pemex puede seguir absorbiendo las pérdidas por las transacciones de compra-venta de gasolina sobre todo la importada, que ascienden a más de 50 mmdp anuales.

Señaló que es evidente que Pemex ya no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para mantenerse como el proveedor único de los combustibles por lo que hay que hacer una transición rápida y efectiva para evitar que las pérdidas acumuladas de la empresa productiva del Estado la lleven a una situación insostenible.

Expresó que si se logra incrementar su eficiencia arriba del 90 por ciento (promedio de las refinerias del Golfo en los Estados Unidos), dejaríamos de importar petrolíferos equivales a $500 mdd mensuales, que al año representarían ahorros por $6,000 mdd, aprox. $126,000 mdp, reduciendo la salida de divisas y generando más empleo y derrama económica en el país.

Urgió a acelerar la actualización de la infraestructura de refinación; así como la rápida apertura al sector privado para almacenamiento y transporte de gasolinas y diesel, y empezar a producir lo que actualmente se importa, y transportarlo a costos más competitivos.

“Es paradójico que somos un importante país productor de crudo con una alta dependencia externa por la importación de gasolinas”, finalizó.