MÉXICO, D.F., 14 de noviembre.- El Estado mexicano ha institucionalizado la tortura como método de investigación en las instancias de impartición de justicia, afirmaron estudiantes y profesores de El Colegio de México al referirse al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Además, reprobaron la forma en que la información ha sido presentada a los familiares de los desaparecidos y a la sociedad en general.

La información presentada por Murillo Karam "no cumple aún con la exigencia de conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, los motivos de su sustracción y la suma de personas involucradas, con miras hacia su detención y castigo".

“El montaje discursivo de la Procuraduría General de la República (PGR) es contradictorio: la lógica oficial alienta, sin comprobar, la idea de que los normalistas fueron salvajemente asesinados, pero su conclusión es que continuarán en calidad de desaparecidos”, puntualizan en un comunicado.

La información presentada por el Procurador Jesús Murillo Karam, subrayan, “no cumple aún con la exigencia de conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, los motivos de su sustracción y la suma de personas involucradas, con miras hacia su detención y castigo”.

Dicha información, agregan, proviene de líneas de investigación limitadas e incompletas, y se basa exclusivamente en confesiones de personas detenidas por su presunta participación en los hechos. “Las confesiones no pueden ser consideradas como única prueba concluyente y en México su contundencia está totalmente diluida”.

En el documento, firmado por 62 profesores e investigadores y 216 alumnos, la comunidad de El Colegio de México dice que el Estado mexicano “ha institucionalizado la tortura como método de investigación en las instancias de impartición de justicia, hecho que ha sido ampliamente documentado por diversos diagnósticos nacionales e internacionales”.

Añade: “Sin presumir que éste sea el caso y sin descartar la información de las declaraciones de los detenidos, somos enfáticos en la necesidad de demostrar, a través de pruebas científicas, objetivas y rigurosas, si los restos encontrados corresponden a los 43 normalistas desaparecidos o no”.

Los firmantes se dicen convencidos de que la presentación de argumentos y materiales no concluyentes y contradictorios tiene como único fin desmovilizar las acciones de protesta.

Y sostienen que el Gobierno mexicano y sus instituciones “se han mostrado indolentes ante la situación emocional de los familiares de los 43 normalistas, y en distintos momentos han promovido especulaciones de diversa naturaleza, abonando al tratamiento sensacionalista del caso”.

Prosigue: “La forma en que la Procuraduría relata hechos de tortura, vejación y sufrimiento físico y emocional a los que los estudiantes podrían haber sido sometidos, es decir, sin poder comprobar si fue así o no, es un acto de innegable violencia psicológica, sobre cuyas intenciones nos cuestionamos. Nuestra exigencia no es que las evidencias se oculten o maticen, sino que sean presentadas a la sociedad cuando el caso haya sido rigurosamente resuelto y su difusión atienda protocolos de crisis humanitaria”.

En su comunicado, los docentes y estudiantes del Colmex también se declaran indignados ante “la postura negligente e insensible” del Presidente Enrique Peña Nieto, frente a las circunstancias críticas del país. “Consideramos que su insistencia en realizar una gira internacional de trabajo, mientras el país se debate entre el dolor, la incertidumbre y la ira, es del todo inoportuna, imprudente e indolente”.

En este contexto, reivindican el derecho a la movilización social pacífica y solidaria. “No permitiremos que las provocaciones lanzadas desde distintos niveles de Gobierno, ya sea de manera frontal o a través de grupos de choque a su servicio, nos detengan, como han intentado hacerlo en manifestaciones recientes”.

Por ello, exigen un alto total e inmediato a las hostilidades del Gobierno, detenciones arbitrarias, amenazas, represión en cualquiera de sus formas, a la criminalización de la protesta social y a cualquier otro intento por inhibir el derecho a la libre expresión de la ciudadanía. (APRO)