MEXICO, D.F., 27 de noviembre.- El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado este jueves una reforma constitucional para combatir la infiltración del crimen organizado en los municipios del país, como respuesta a la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en el municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero.

La reforma, que el gobernante enviará el lunes al Congreso mexicano, incorpora la posible disolución de un Ayuntamiento "cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado", como sucedió con el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente detenido por la desaparición de los estudiantes y la muerte de otros seis.

Los sucesos de Iguala, donde la Policía local y el narco colaboraron para deshacerse de los estudiantes, se han convertido en la peor crisis del Gobierno de Peña Nieto, blanco de las protestas de los familiares y de la sociedad civil.

Nueva estrategia por la seguridad

Peña Nieto ha hecho este anuncio durante un mensaje a la ciudadanía desde el Palacio Nacional, en Ciudad de México, en el que ha presentado una nueva estrategia de su Gobierno para combatir la inseguridad, la impunidad y la corrupción en el país.

"Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie", ha dicho el Presidente, quien se ha quejado del "complejo sistema de competencias penales" que, según ha dicho, "genera dispersión de responsabilidad" e "impunidad".

Peña Nieto ha puesto el ejemplo de la venta de droga a pequeña escala, un problema especialmente grave en los Gobiernos municipales.

El plan incluye la creación de 32 cuerpos de Policía estatales "sólidos", que reemplazarán a los más de 1,800 municipales, muchos de ellos infiltrados por el crimen organizado, como se ha demostrado en Iguala.

Los alcaldes que no entreguen el control de los cuerpos policiales y los gobernadores que no asuman la responsabilidad de la policía única serán sancionados.

También se crearán zonas económicas especiales en los Estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, los más pobres de México. El Gobierno pretende incentivar la inversión y empleos mejor remunerados en esos territorios.

10 medidas

Anunció además 10 medidas para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho, entre ellas la creación de policías estatales únicas, una línea de emergencia 911, clave única de identidad y una iniciativa de ley que permitiría que, en caso de colusión de autoridades con el crimen, la Federación asuma el control de seguridad en los municipios e incluso se pueda disolver un Ayuntamiento.

Así, en un mensaje en Palacio Nacional, el Presidente anunció que enviará al Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales para que la federación asuma el control de los servicios municipales o se disuelva un Ayuntamiento cuando existan indicios que está involucrada con la delincuencia organizada.

En un mensaje en Palacio Nacional, el Presidente anunció también que se definirán las competencias de cada autoridad en el combate al delito.

Como tercera acción explicó que se propondrá la creación obligatoria de policías estatales únicas, en todos los Estados de la República, y dijo que se empezaría con cuatro Entidades: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

Pasaremos "de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces", dijo el Presidente.

"Estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos y equipamiento", dijo.

Reconoció que esta iniciativa debe implicar "un enorme reto presupuestal", por lo que requerirá un proceso de transición administrativa responsable.

Como cuarta medida anunció la creación de un teléfono único para emergencias (911) a nivel nacional en coordinación con el Ifetel, para pedir auxilio en casos de emergencia en todo el país.

El quinto punto anunciado por el Presidente es una clave única de identidad.

El sexto punto, explicó, será un operativo en la región de Tierra Caliente, en los estados de Guerrero y Michoacán, así como el apoyo de fuerzas federales en municipios que así lo requieren en Jalisco y Tamaulipas.

También anunció, como séptimo punto, que se impulsará el derecho humano a la justicia, para que la mayoría de los mexicanos puedan acceder a la justicia con facilidad."Por ello en el próximo periodo ordinario de sesiones impulsaré una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana", dijo.

Explicó que para enriquecer la propuesta, le solicitó a Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para que esta institución haga propuestas y recomendaciones.

La octava medida será la de facultar al Congreso para crear las leyes generales de tortura y desaparición forzada que permitan redefinir competencias penales a nivel federal contra estos delitos y definir protocolos y procedimientos exhaustivos contra la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extra judicial.

El noveno punto de la propuesta del Presidente son medidas para lograr la pronta aprobación de reformas en materia de combate a la corrupción.

"Expreso el decidido respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente se está debatiendo entre las diversas fuerzas políticas", dijo.

La décima acción será mantener los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación "esenciales en un gobierno abierto".

"Estas diez medidas tienen como objeto fundamental fortalecer el Estado de derecho en México", dijo Peña Nieto, sin embargo, admitió que los hechos de Iguala mostraron una dimensión social y económica detrás de la delincuencia, por lo que consideró que "la justicia que queremos va más allá del ámbito legal".

Por ello, dijo que se trabajará en la reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad de los Estados del Sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

A favor de estas Entidades, el Presidente anunció acciones para elevar el nivel de vida de la región e incentivar el desarrollo. (RTVE/Milenio)