MÉXICO, D.F., 27 de noviembre.- Cinco meses antes del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la PGR recibió información de la Fiscalía de Guerrero sobre las ligas del entonces Alcalde José Luis Abarca y miembros de su familia con la delincuencia organizada.

El reportaje de Punto de Partida:

Lo anterior fue difundido, con apoyo en documentación varia, durante el programa Punto de Partida que conduce Denise Merker y que se transmite en Televisa todos los martes después del noticiero de Joaquín López Dóriga.

Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.

Mediante un vídeo titulado La Omisión, cuya duración es de alrededor de seis minutos, Merker documenta que el 28 de abril pasado se hizo de conocimiento de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que Patricia Soto, sobrina de Abarca, así como el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Velázquez, tenían nexos con grupos delincuenciales.

En la misma cápsula informativa, Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada de Investigaciones de Delitos de Secuestro de la PGR, reconoció que recibió dicha información y aún más, aseguró que “inmediatamente radicamos una averiguación previa”.

Unos días después, el 2 de mayo, la misma PGR tuvo en su poder la declaración ampliada de Ernesto Pineda, quien narra cómo la Policía de Iguala levanta a personas y las entrega a Guerreros Unidos, grupo delincuencial que luego se encarga de negociar el rescate.

El mismo Gualberto Ramírez acepta que “tan se trabajó la averiguación previa” que se perfeccionaron algunos de los nombres aportados por Pineda y, no sólo eso, se hizo trabajo de campo.

También en la declaración de Ernesto Pineda se informa que Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien cinco meses después se volvería una de las personas más buscadas por la PGR, vivía en la colonia Pueblo Viejo.

El reportaje del equipo de Punto de Partida incluye un diálogo en las redes sociales del 12 de junio, tres meses y medio antes de la tragedia de Ayotzinapa, en el que el entonces vicefiscal de Investigaciones de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, le pregunta a Gualberto Ramírez si ya se había consignado el caso de Iguala, a lo que el funcionario de la PGR responde: “Esta quincena queda”, lo que obviamente no ocurrió.

Más aún: el 19 de junio, la Fiscalía de Guerrero envió más acusaciones en contra de Abarca a la PGR: en la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa se narra cómo José Luis Abarca asesina al activista Arturo Hernández Cardona.

Finalmente, en la pieza periodística de Merker se documenta que el 24 de septiembre, dos días antes de los sucesos de Iguala, el entonces Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, le pregunta a Gualberto Ramírez si “le faltaba mucho”, a lo que el funcionario de la PGR responde: “No, ya tiene que salir este mes”.

El reportaje de Punto de Partida recupera una declaración de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, del 7 de noviembre, día en que rinde su informe sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.

Un reportero le preguntó por qué si la PGR tenía información desde el 12 de junio de lo que pasaba en Iguala se incorporó tan tarde a las investigaciones, a lo que el funcionario contesta: …"Nada más que no era de nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa”.

La cápsula de Merker concluye con una declaración del Presidente Enrique Peña Nieto del 29 de octubre sobre el caso Ayotzinapa:

“… Tope dónde tope, llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala”.

Proceso publicó en su edición 1980 del pasado 12 de octubre, una nota firmada por el reportero Arturo Rodríguez García en la que la Red Solidaria Década de Impunidad (RSDIAC) denuncia que llevaba más de un año insistiendo en que la PGR atrajera el caso de la desaparición de ocho integrantes del Frente de Unidad Popular, ocurrida el 30 de mayo del 2013, lo que derivó en los asesinatos del dirigente social Arturo Hernández Cardona y de sus compañeros Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez, cuyos cuerpos fueron encontrados el 5 de junio siguiente, con signos de tortura.

La misma nota, titulada El Estado se convirtió en una "institución criminal" señala que a finales de agosto último, un funcionario de la SEIDO, identificado como Ignacio Quintanilla, le aseguró al equipo de RSDIAC que habían atraído el caso en julio, pero no les dio una fecha exacta ni mostró el expediente ni actuaciones al respecto. (APRO)