MÉXICO, D.F., 29 de diciembre.- En una acción sin precedente, la Cámara de Diputados le dejó las manos libres al Gobierno Federal para que contrate la mayor parte de obra pública sin pasar por la regulación de la ley correspondiente, con lo cual se abre la puerta a más escándalos de opacidad y conflicto de interés, como los de La Casa blanca y la cancelación del tren rápido México-Querétaro.

Sesión en la Cámara de DIputados. (Miguel Dimayuga)

El martes 9, los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas fueron aprobados con los votos a favor de 377 legisladores; 26 votaron en contra y otros 90, de todos los partidos, se ausentaron.

Así se cierra la pinza de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, que en opinión de los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, permiten que en la práctica no sean regulados los contratos para construir hospitales, escuelas, transporte ferroviario, autopistas concesionadas o distribuidores viales.

De acuerdo con Mejía Berdeja, al no estar sujetas dichas obras públicas a una ley que presuntamente debería evitar los conflictos de interés, se alienta la posibilidad de que “amigos” del poder en turno, como los Hank, HIGA de Armando Hinojosa Cantú, OHL, Vázquez Raña u otros, “se queden con los contratos sin que uno se entere. Es dejarlos sin fiscalización”.

A su vez, Manuel Huerta, entrevistado la tarde del 24 de diciembre, confirma que todos los contratos que deriven de la Reforma Energética, por ejemplo los que se firmen para explotar petróleo o generar electricidad, quedan fuera de esta supervisión.

Para él, con esta ley de obra pública que se aprobó sin discusión, los diputados fueron más allá de los contratos que vendrán con la Reforma Energética o de Telecomunicaciones, pues también dejan fuera de la regulación las obras para escuelas, hospitales, seguridad pública y caminos rurales. En síntesis, alerta, ofrece manos libres para el robo y adjudicaciones sin auditoría. (APRO/Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1991, ya en circulación)