México (16 de febrero).- El abuso policiaco o el uso desproporcionado de la fuerza ha derivado en la muerte de 74 mexicanos, en incidentes ocurridos en Estados Unidos desde 2006 a la fecha, a manos de elementos de la Patrulla Fronteriza o de autoridades policiacas locales, que lo mismo han recurrido a armas de fuego que a choques eléctricos, al ahogamiento y hasta aplastamiento por caballos para “someter” a estas víctimas, revelan datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De ese total —en el que está incluido el reciente caso de Antonio Zambrano Montes—, 56 casos han concluido. De ellos, 47 no han tenido consecuencias y únicamente nueve resultaron favorables, es decir, han implicado el resarcimiento del daño a los familiares, aunque no necesariamente una sanción a los oficiales que participaron.

A pesar de estos resultados, el gobierno de México continuará condenando los hechos, exigiendo investigaciones transparentes y castigo a los culpables. “Llevaremos los cauces legales hasta sus últimas consecuencias. Esperamos un proceso conforme a la ley… Un proceso justo”, afirma en entrevista, Reina Torres, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la cancillería.

De esos 74 mexicanos muertos, 26 perdieron la vida en manos de elementos de la Patrulla Fronteriza y 48 por autoridades locales donde participaron departamentos de policía, oficinas del sheriff y oficinas estatales de caminos. A la fecha hay 18 casos por resolver, uno de ellos desde 2006.

“¿De qué sirve una condena e invertir recursos si el porcentaje de indemnización o castigo es mínimo?”, se pregunta. “Porque sí hay casos en donde ha habido una reparación del daño. Entonces a eso apostamos, a que se realicen las investigaciones que correspondan, que se presenten las pruebas, a que el sistema de justicia corra el camino que tiene que recorrer y que se alcance este objetivo”, comenta Torres.

De los nueve casos favorables en que se han obtenido indemnizaciones, cuatro son atribuibles a la Patrulla Fronteriza y el resto a autoridades locales.

La policía ha estado involucrada en un mayor número de casos ¿Ha sido una cuestión racial?

“Es sumamente complicado, nos lo hemos preguntado también cuando hemos visto estos casos. Cuando hay una cuestión de crimen de odio el umbral es muy alto para comprobarlo y nos ha sido difícil en los últimos años y en casos que hemos tenido que efectivamente las autoridades del FBI puedan corroborar que es un crimen de odio”, indica la embajadora de carrera.

Euclides del Moral, director general adjunto de Protección, explica que de los 74 mexicanos muertos ningún caso se ha llevado por la vía de discriminación racial.

“La corporación policiaca en Estados Unidos tiene una protección y una inmunidad legalmente para actuar, defender y proteger a la comunidad, sin embargo, están estos casos en los cuales se exceden en sus atribuciones con las que cuentan”, explica del Moral.

Subraya que en los 74 casos, la cancillería mexicana ha considerado que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza.

Entre los mexicanos que no resultaron muertos en decenas de agresiones se encuentra Jesús Castro Romo, a quien en noviembre de 2010 un oficial de la Patrulla Fronteriza le disparó en la espalda mientras recogía una piedra.

El pasado 5 de febrero un juez federal otorgó 500 mil dólares de compensación en daños al mexicano que intentó cruzar por el desierto de manera ilegal junto a otro grupo de inmigrantes. El agente federal Abel Canales aseguró haber disparado en defensa propia después que Castro lo amenazara con una piedra.

Para el caso de Antonio Zambrano Montes, baleado por la policía de Pasco en el estado de Washington el martes pasado, Torres y del Moral confían en que el video expuesto en redes sociales sea un elemento importante que se considere en las investigaciones.

Recuerdan el caso de Anastasio Hernández, ocurrido en 2010, y donde unos 20 agentes fronterizos lo golpearon y dieron descargas eléctricas. Un testigo, de las decenas que vieron el abuso, lo grabó y en el proceso legal se ha tomado en cuenta.

Los funcionarios argumentan que lo que buscan es que la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados o gente de escasos recursos no interfiera en el acceso a la justicia. Torres asegura que cuando no hay testigos es mucho más difícil comprobar el abuso. “En el caso de Antonio confiamos en que pueda haber una diferencia, había muchos testigos y hay un video que es muy claro”, indica.- (Agencias)