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Cuando las cosas se ponen al rojo vivo, como lo están hoy en México, se requieren respuestas radicales. Hemos desperdiciado años de verdadera abundancia con muy altos precios del petróleo. Y hemos llegado a la peor crisis de nuestra historia precisamente cuando el resto del mundo está saliendo de una gran crisis. ¿Qué nos pasa? Desde luego que hoy el presidente Calderón debe aceptar inmolar su imagen política o histórica y hacer todo lo que tenga que hacer para sacar al país del agujero en que hemos caído.
Y lo primero que tiene que hacer es acabar con todos los subsidios. Nos va a doler a todos, a unos más que a otros, pero no queda otro remedio. Debemos pagar gasolina y energía eléctrica sin subsidios y con utilidad para las empresas que las generan. Eso es nada más para empezar. Es obvio que las leyes trasnochadas, las que impiden la producción de energía por parte de los particulares, deben desaparecer para siempre. Es urgente convertirnos de inmediato en un país imán de inversiones internacionales. Y los cambios necesarios para ello deben hacerse de inmediato: fiscal, laboral, energéticos, apertura de negocios, medio ambiente, educación, sistema médico.
México, durante la época de "la abundancia" —como la llamó López Portillo al descubrirse las grandes fuentes de petróleo al principio de la década de los 80— y hasta el día de hoy, ha sufragado más de 40% —de lo que debería provenir de todos los ciudadanos contribuyendo— de lo que el petróleo ha dejado en forma bruta, mas no en forma neta. Es decir, el petróleo se vende y en forma casi total se toman los recursos para uso fiscal. Ningún negocio puede funcionar así. El resultado: la quiebra de la empresa —PEMEX— y el final, hoy, de la principal fuente de recursos para el gobierno mexicano.
Hay una terquedad implícita en los fiscalistas del país. Se esfuerzan en hacer difíciles las cosas para el causante. El impuesto llamado IETU —sacado de la diferencia en el flujo de efectivo entrante y saliente— lo mismo que el tradicional y ancestral ISR —impuesto sobre los resultados del negocio— son extremadamente complejos. Sólo el cálculo de una nómina mexicana lo es aún más. Los detalles reglamentarios involucrados en los cálculos dificultan todo: que esto sí es deducible, que esto no, que esto sólo en 65%, etc. No hay un solo contador en el país que esté 100% seguro de haber presentado una declaración "indiscutible".
Hay que hacer las cosas radicalmente diferentes. ¿Por qué no transferir el costo de la ineficiencia a la empresa en vez de pasárselo a toda la sociedad? Si una empresa es ineficiente y logra una utilidad neta muy baja, ¿cuál es la causa? Es obvio que la culpabilidad de la ineficiencia recae en quienes dirigen esa empresa. Entonces, ¿por qué se les "perdona" el nivel de contribución? En cambio, las empresas más eficientes contribuirán con más, porque la diferencia entre lo que facturan y sus costos y gastos es mucho mayor.
Esto debería ser totalmente al revés. Y es posible hacerlo de tal manera que todos ganen más —excepto los ineficientes— empezando por el gobierno y continuando con la disminución de la complejidad contable en las empresas y personas físicas. ¡Que se pague un impuesto fijo sobre la facturación! Así de simple: que se pague, digamos, 2% o 2.5% o 3% sobre el total de la factura (claro, antes del IVA).
¿Que todos los vivos tenderán a cargar ese 2.5% a los precios de venta de sus productos? ¡Esto definitivamente no es problema! Aquí es en donde entra el mercado, las leyes de la oferta y la demanda. Por sí solos se ajustarán los negocios a ser competitivos y parte de lograrlo depende de los precios.
La primera —muy grande ventaja— es la simplicidad con que se pagaría el impuesto sobre ventas. Ya el fisco mexicano tiene todos los medios para que los causantes declaren sus ventas: qué le venden a quién y a cuánto. En estas declaraciones el fisco sabe cuánto IVA recibe y paga cada causante. Ahora sabrá en forma automática cuánto deberán pagarle los causantes por concepto del impuesto que sustituirá al ISR y al IETU. De hecho, podrá incluso elaborar un mecanismo para tomar en forma automática, de las cuentas bancarias fiscales de los causantes, los montos correspondientes tanto por la diferencia en IVA como el impuesto sobre la venta de 2.5%.
Se sabe hoy que el grueso de las grandes empresas están pagando de ISR, sobre sus ventas totales, de 0% a 1.5% o 2%. Eso sí: invierten grandes cantidades cada día en una disciplina que se llama "planeación fiscal", que no es otra cosa sino ver cómo contribuir con menos. Les podemos "ahorrar" ese gastos a las grandes empresas y transferir los beneficios al erario nacional, liberando planificadores fiscales hacia disciplinas más productivas.
Ese porcentaje puede refinarse y ser mayor, por ejemplo, para las personas físicas que cobran honorarios, fijándolo en 12.5% sobre lo que facturen. De hecho, se les retiene 10% ya ahora, en espera de los "resultados" finales, es decir, de los gastos que reporten en el ejercicio.
Éste sería un sistema adaptado a la idiosincracia del mexicano. ¿Por dónde se trataría de evadir? El incivilizado movimiento de efectivo sería el mecanismo. ¿Se convertiría la policía regular en fiscal, además? ¿Se trataría de agentes vigilantes de operaciones en efectivo? ¿O pagarían todos porque es tan fácil calcular y es tan poco lo que se paga para vivir en paz?
Un país sin subsidios y con ciudadanos cointribuyendo, sólo puede avanzar. ¿Por qué no lo hacemos ya?