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El lunes 3 de agosto de 2009 comenzaron un nuevo ciclo las diligencias del caso Wafé en el juzgado séptimo de lo penal. Preside el caso la juez licenciada Rubí Guadalupe González Alpuche.
Un mes duró la pausa. La comparecencia del policía Santos Paul Salas Solís abre el nuevo ciclo. Ésta, sin embargo, se dio en fast track: tuvo una duración de sólo 15 minutos.
En punto de las diez de la mañana —hora programada de la diligencia— llegó el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, Renán Aldana Solís, acompañando al policía Salas Solís.
Fue la única diligencia que en ese momento se efectuaba en la sala del juzgado. Se notó la presencia de los representantes de los medios de comunicación. Alguno de ellos fue sorprendido: por la rapidez de la diligencia y al no llegar a tiempo, no alcanzó a cubrir la nota. "Me chamaquiaron", fue su expresión.
Salas Solís fue el policía encargado de recibir las llamadas de auxilio en la SSP aquel 14 de enero de 2008, día en que fue asesinada Rosa María Arceo Ochoa. En el parte que suscribió ese día, entre otras cosas manifiesta: "la unidad 1861 al mando del 1er oficial Francisco Canché Naal, reporta que en el interior del predio se encontró tirado en el piso de la recámara un arma de fuego tipo escuadra de la marca Prietro Beretta y sobre la cama habían dos casquillos percutidos calibre 22, así como varias ropas tiradas en dicha recámara."
En vista de que el policía Francisco Canche Naal declaró con anterioridad —octubre pasado— que no fue él quien dio esos datos, que no estuvo presente en el interior de la habitación y que ni siquiera estuvo en el interior de la casa, la juez Rubí González Alpuche solicitó a petición de la defensa, se efectué la presente diligencia con el fin de aclarar los hechos.
El resultado de la diligencia fue que Salas Solís ratificó que él recibió los datos de Canché Naal así como su firma en el documento.
Con lo anterior se puede evidenciar una más de las múltiples irregularidades cometidas en el caso.
¿Cuál de los dos policías está diciendo la verdad? La realidad: es el dicho de uno y el dicho del otro. Solamente se prueba que el caso está viciado de origen y que la escena fue alterada desde el primer día por agentes de la SSP.
El martes, miércoles y jueves por la mañana declararon los peritos fotógrafos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Martín Urosa González, Naftalí Esaú Vázquez Lara y Erik Damián Quintal Polanco, respectivamente.
El primer día, casi al comienzo, se desató fuerte discusión entre Gabriel Abdala Berzunza y la juez Rubí González Alpuche. La fiscal Guillermina Pinzón Cardoz había objetado la primera pregunta de la defensa por no tener relación con la labor de fotógrafo del testigo compareciente.
La defensa hizo ver a la juez que cuando solicitó como prueba la presente diligencia, era para que el compareciente declarara como testigo y no como fotógrafo. Después de demostrarlo con documentos que así se había hecho, la Sra. juez no tuvo más remedio que aceptar el error en que estaba incurriendo y proseguir a modo de la defensa.
La defensa cuestionó al perito compareciente Urosa González: por qué de la serie de fotos tomadas el día de los hechos por él, faltaban 37 fotografías en la secuencia del archivo fotográfico. La respuesta fue que siempre borran fotografías duplicadas o con mal foco o "borrosas". Después declaró que las borradas por esos motivos no eran más de dos o tres fotografías.
Parece que la sospecha de la defensa es que la Procuraduría excluyó fotografías que seguramente favorecerían a su defendido, y que podrían ayudar a demostrar que el lugar de los hechos no fue debidamente preservado.
Ya se ha evidenciado en Artículo 7 —ejemplar número 58 del 12 de julio de 2009— que varios objetos fueron desplazados de un lugar a otro en forma sospechosa.
La comparecencia del perito fotógrafo Naftalí Esaú Vázquez Lara tuvo las mismas características de la del día anterior. Fue una diligencia en la que la fiscal —representante social Guillermina Pinzón Cardoz— objetó casi la totalidad de las preguntas hechas por la defensa. Algunas objeciones fueron aceptadas por la juez y otras tuvieron que ser contestadas. Se evidenció que la Procuraduría instruyó a los tres peritos para contestar lo mismo cuando les preguntaran sobre las fotos que fueron dolosamente eliminadas: fueron borradas porque "eran repetidas y borrosas", siempre contestaron.
La defensa cuestionó a Vázquez Lara: por qué la ausencia en el expediente de 42 fotografías en secuencia que fueron tomadas por él en el interior de la casa de la pareja Kuri-Ochoa. Vázquez Lara habría contestado como la Procuraduría le había instruido, sin embargo, ante las intensas presiones de la defensa y del procesado, al no aceptar que 42 fotografías en secuencia fueran repetidas o borrosas, buscó una salida y dijo: "tuvo fallas la cámara fotográfica, salía en la pantalla un aviso de Error 99." Ante esto la juez preguntó a los compañeros de los medios de comunicación que se encontraban cubriendo la diligencia, el si era posible lo dicho por el perito. Los fotógrafos de los medios concluyeron que cuando aparece dicho aviso "Error 99" significa que la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica ya no sirve y no podrá guardar ninguna fotografía.
Los dos primeros peritos fotógrafos que comparecieron, cometieron falsedad en sus declaraciones cuando respondieron negativamente a la pregunta de la defensa: "¿Quiénes eran los peritos que videograbaron las diligencias?" "No me fijé quien videofilmó la diligencia", fue la respuesta de ambos.
La defensa y la juez han solicitado a la Procuraduría que se entreguen copias de las videograbaciones que evidentemente fueron realizadas durante las diligencias ministeriales el día de los hechos y al día siguiente —14 y 15 de enero de 2008. Reiteradamente se han negado, argumentando que "no fueron realizadas". Pero la realidad es que existen fotografías tomadas durante la diligencia en las que aparecen personas videograbando.
En la declaración del tercer perito fotógrafo —Erik Quintal— se evidenció abiertamente que la fiscal Guillermina Pinzón indujo al perito a cambiar una declaración previamente expresada. Al comenzar a declarar, el perito afirmó que durante la diligencia ministerial efectuada en la casa el día de los hechos, no vio que alguien moviera objeto alguno de los que estaban en el lugar. Esto no le convenía a la parte acusadora, por lo que Guillermina Pinzón, mediante una pregunta —que para la defensa era insidiosa e inductiva— hizo que cambiara y dijera que sí movieron cosas antes y después de marcar los indicios.
Se realizó la diligencia con el perito valuador, Marco Antonio Vázquez Castro. Lo que parecía una diligencia rápida, terminó siendo ríspida y se prolongó más de lo esperado.
Una nueva irregularidad salió a relucir: Vázquez Castro, cuya firma aparece en la diligencia ministerial, no participó en ella. Dijo que el día de los hechos acudió con el equipo de la Procuraduría encabezado por el agente del ministerio público Carlos Cohuó, pero que no ingresó a la casa ya que no requirieron de sus servicios. Estuvo unas tres horas en la puerta de la casa. Por la noche firmó estando en el edificio de la Procuraduría como si hubiera participado en la diligencia ministerial.
Ni la defensa ni la fiscalía pidieron hacer uso de la palabra para preguntar. Ante esto, Wafé Kuri Torre pidió el uso de la palabra.
El problema comenzó cuando Kuri Torre preguntó al perito: si había visto el día de los hechos al director de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, entrar a la casa [de la pareja Kuri-Ochoa]. El perito, Vázquez Castro, asintió con la cabeza en forma afirmativa antes de que la fiscal, Guillermina Pinzón, objetara la pregunta, "por ociosa". A fin de cuentas la señora juez, Rubí González Alpuche, no autorizó que se asentara la respuesta afirmativa y objetó la pregunta.
Posteriormente se desató una discusión entre la señora juez y Kuri Torre. La juez alegó que la diligencia era carente de materia, que no era parte de la litis [lo juzgado] y que no llevaba al esclarecimiento de la verdad. Wafé le contestó: "por supuesto que es importante para llegar a la verdad, ya que los policías han mentido durante el juicio".
Para finalizar la discusión, Wafé le insistió a la juez que recordara que se trataba de la vida de su esposa y de la de él.
Pagaré lo justo a todos mis acreedores
Al terminar la diligencia del miércoles 5, Wafé Kuri Torre convocó a todos los medios de comunicación presentes a una conferencia de prensa para declarar sobre una denuncia por fraude en su contra.
A través de la rejilla de prácticas, Kuri Torre se quejó de ser víctima de publicaciones dolosas que atentan contra su reputación y la de su esposa Rosita, así como la de su familia y la de sus suegros.
"El periódico Por Esto! desde un principio se ha dedicado a desprestigiar mi nombre, a desprestigiar el nombre de mi esposa Rosi, a mi familia y a la familia de mi esposa. Constantemente ha publicado falsedades", dijo Kuri Torre.
Comentó que si no ha podido pagar a sus acreedores es porque la Procuraduría y la juez del séptimo de lo penal, Rubí González Alpuche, congelaron las cuentas de Rosa María Arceo Ochoa y las de él, así como las propiedades de ambos.
"En ningún momento hay mala fé, en ningún momento se va a dejar de pagar lo que la gente invirtió conmigo, siempre y cuando sea lo justo y lo que invirtieron" enfatizó.
Comentó que era ilegal y que en su momento buscaría que se aplique la ley en contra del periódico Por Esto! por humillar, deshonrar y manchar su nombre.
Durante la conferencia de prensa, Kuri Torre proporcionó copias fotostáticas de un documento incluido en el expediente de su causa, en el que la Procuraduría solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que congelen las cuentas de Rosa María Arceo Ochoa y de Wafé Kuri Torre, en los bancos Santander, HSBC y Bancomer.
"El Por Esto!, vinculado con la Procuraduría, con datos proporcionados por la misma PGJE, están llevando a cabo una campaña en la cual me quieren volver a ensuciar y hundir."
Reiteró que por su parte no existe mala fé y que en el caso del Sr. Alcocer Castellanos no existe ningún fraude ya que en la medida que siga pagando para que se le construya su casa, seguirán haciendola.
Comentó que José Antonio Alcocer Castellanos y Fernando Oscar Petricca —las dos personas que lo han demandado— han acudido con el permiso del director del Cereso a entrevistarse con él.
"Las cantidades que aparecen en el Por Esto! no son las reales. El Por Esto! se ha caracterizado por difamar, por mentir y tratar de lucrar con el honor de las personas."
La Procuraduría congeló mis cuentas y propiedades y desde un principio ha obstaculizado que salga la verdad. Con el tiempo se ha demostrado, con documentos y con testimoniales, la verdad. La verdad es una: "yo vi claramente a Rolando Escamilla Alpuche y nunca en la vida voy a desistir sobre eso." "Lo vi con mis propios ojos que me dispare," concluyó.
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