Mérida, Yucatán, 19 de febrero de 2014.- “En México las personas con algún tipo de discapacidad aún pertenecen a un sector considerado vulnerable”, afirmó Samanta Collí Sulú, integrante de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) quien además dijo que “estas personas están conceptualizadas bajo un estereotipo de qu no aportan a la sociedad”.

La abogada egresada de la UADY con posgrado en Derechos Humanos por la Universidad de Washington, Estados Unidos, participó ayer en los festejos del aniversario 92 de la máxima casa de estudios del estado. Samanta sustentó la conferencia “La capacidad jurídica de las personas con discapacidad como derecho humano”.

Reveló que hay estudios internacionales que demuestran que “cuando se procura la integración de este sector de la población, el crecimiento económico y el avance de un estado democrático es mayor. Las personas con discapacidad tienen muchísimas capacidades y aptitudes para aportar a una mejor sociedad”, enfatizó.

Collí Sulú subrayó que la inclusión de las personas con discapacidad “no es solamente de índole jurídica, es fundamentalmente social y por lo tanto todos tenemos que cumplir con una labor de respeto y garantía de los derechos humanos; cada quien desde su trinchera, sean abogados, psicólogos, médicos, ingenieros, educadores, etcétera. Solo así lograremos un estado de derecho y una sociedad incluyente e igualitaria”.

La especialista adelantó que en septiembre próximo el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad emitirá su informe con respecto al cumplimiento de México en materia de obligaciones en temas de discapacidad y apuntó que de acuerdo con datos de esta organización el 15% de la población en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad ya sea motriz, sensorial, cognitiva o intelectual.

“Por eso, es importante abordar temas novedosos que ocupan el diálogo nacional como es el caso de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como derecho humano”, reiteró y expuso que en su ponencia haría alusión a un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se dio un giro al reconocer el derecho de las personas con discapacidad e hizo precisiones normativas para garantizar los derechos humanos en el país.

“El caso de la SCJN se refiere al joven Ricardo Adair, capitalino de 25 años con síndrome de Asperger. La SCJN responsabilizó a la sociedad por no brindar los ajustes razonables para que las personas como Ricardo se desenvuelvan en situación de igualdad”, explicó y en su intervención habló de cómo las personas cuando tienen alguna discapacidad de índole mental son restringidas de su capacidad de ejercicio, esto es, de sus derechos de no contraer matrimonio, firmar contrato laboral, abrir cuenta bancaria, etc.

“Con esta resolución de la SCJN se cambia el modelo de asistencia, es decir, procurar apoyos para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones sin que se vulneren sus derechos” y agregó que “de acuerdo a la normativa legal aún se requieren de varios pasos para llegar a la cristalización de este nuevo paradigma y parte de nuestra labor es difundir el conocimiento de estos temas para que la gente exija sus derechos y ahora sí, encaminarnos a una verdadera materialización de los derechos humanos y de todas y todos en pie de igualdad”.