Brasil (22 de octubre).- La oposición en Brasil entregó este miércoles un nuevo ante el Congreso un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien acusan de manipulación de las cuentas públicas durante su segundo mandato.

La nueva solicitud exige un proceso contra la mandataria brasileña con la firme intención de destituirla de su cargo fue entregada a la Cámara de Diputados y, en ella se acusa que Rousseff avaló las irregularidades detectadas en 2014 y que se habrían extendido hasta 2015.

Las irregularidades, según órganos de contraloría, se han mantenido en el presente, ya en el segundo mandato de Rousseff, que comenzó el pasado 1 de enero, tres haber ganado las elecciones por un mínimo margen. El documento con la querella fue elaborado por los juristas Helio Bicudo y Miguel Reale, y entregado por los principales partidos opositores, encabezados por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB).

El líder los diputados del PSDB, Carlos Sampaio, dijo: “Tenemos confianza en que el presidente de la casa (Cámara de Diputados) tiene los elementos necesarios para aceptar el pedido de impeachment que, aclaro, no es un pedido de la oposición, es un pedido de Brasil, es un sentimiento de la nación”.

La solicitud fue recibida por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, enemigo declarado de la mandataria, pero también presionado para que presente su renuncia debido a las acusaciones en su contra por corrupción. Sin embargo, según la ley, es el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado.

En la documentación, los denunciantes indican que Rousseff incurrió en un “delito de responsabilidad”, hecho que la Constitución de la nación contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario.

Rousseff libró un primer golpe

El lunes pasado, Cunha apeló ante la máxima corte para que deje sin efecto los amparos que suspendieron el proceso de impeachment contra Rousseff, sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, indicó que no hay ninguna base jurídica para un proceso de destitución de la presidenta.

Lo anterior a raíz de que la Supremo Tribunal Federal de Brasil que la semana pasada emitió un mandato que impide iniciar el proceso de destitución contra la presidenta y que el mismo presidente de la Cámara de Diputados decidiera aplazar el dictamen de aceptar o rechazar la petición para iniciar un juicio político.

Por si fuera poco, la Comisión Parlamentaria Anticorrupción creada en la misma Cámara exculpó a la presidenta brasileña de toda responsabilidad en el caso de corrupción que desfalcó a Petrobras.

Dilma se defiende desde Finlandia

Al superar la amenaza de ser declarada en impeachment, la presidenta brasileña aseguró que ni ella ni su gobierno están involucrados en casos de corrupción.

Desde Finlandia, donde tuvo un encuentro con su homólogo Sauli Niinisto, Rousseff aseguró: Primero, no voy a comentar las palabras del presidente de la Cámara (Cunha). Segundo, mi gobierno no está involucrado en ningún escándalo de corrupción, no es mi gobierno el que está acusado”.

El nuevo pedido es considerado el intento más serio hasta ahora para destituir a Rousseff, ya que se basa en la decisión de un TCU y, de consumarse, el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ejercería como presidente el resto del mandato.