Mérida, Yuc., México, marzo 16 de 2016

En días pasados el Director anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad, (IMCO) dio una serie de pláticas en Mérida promoviendo una propuesta de ley contra la corrupción e impunidad, conocida como; Ley Tres de Tres. Al enterarme por los medios de comunicación de las conferencias, me trajo a la memoria ciertos recuerdos que ahora comparto.

Al tomar posesión como Procurador de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en enero de 2008, uno de los temas más candentes era el cuidado del manglar; la nueva Ley de Protección al Manglar era muy restrictiva. Después de dos años de un festín arrasador del mangle, el péndulo giraba hacia la protección y el despido del delegado de la Semarnat en Quintana Roo, Rafael Muñoz Berzunza, por el presidente Calderón, por dar autorizaciones indebidas principalmente en manglares, era una señal de que desde el más alto nivel se cuidaría el mangle. En ese contexto nos enteramos que algunos funcionarios de la Semarnat habían denunciado ante el Órgano Interno de Control de esa institución, (OIC), que es la contraloría interna, varias irregularidades en los permisos dados por Muñoz Berzunza y otros funcionarios.

Como responsable federal de protección al ambiente, revisamos cada uno de los casos denunciados, llegando a la conclusión de que los denunciantes tenían razón, los permisos tenían datos falsos, incongruencias y otros vicios de origen.

Pasamos a analizar con qué atribuciones contábamos como PROFEPA, para ejercer en contra de la indebida actuación de esos funcionarios. Los permisos a pesar de los vicios eran válidos y la PROFEPA, como parte de la SEMARNAT, no contaba con atribuciones para cuestionar la legalidad de esos permisos y la única posibilidad legal era denunciar a los supuestos infractores ante el OIC de la SEMARNAT, por lo que sumamos nuestra denuncia a las anteriormente presentadas.

Los casos denunciados, si la memoria no me falla, tenían que ver con Playa Senator, Malecón Cancún y Tulum; los tres en Quintana Roo y los dos primeros por permisos que afectaban el mangle. Cabe aclarar que el hoy tan mencionado proyecto Tajamar es una fracción de Malecón Cancún.

Que a la denuncia se sumara el procurador federal de defensa del ambiente le daba mayor relevancia y al mismo tiempo generaba una gran tensión con la SEMARNAT, pues aunque la denuncia original era en contra de ex funcionarios, debido a que altos funcionarios en activo con los que teníamos cotidiana interacción habían revalidado esos permisos o dado otros similares, nos vimos obligados a denunciarlos también.

Poco después de presentada nuestra denuncia, nos reunimos con el titular del OIC de Semarnat; ahí nos indicó que teníamos razón; los permisos tenían vicios de origen y pronto actuarían en contra de los acusados de haber falsificado datos y torcido la ley.

Al pasar el tiempo y no ejercerse acción alguna, reclamamos al titular del OIC; nos volvió a indicar que estaba plenamente demostrada la ilegalidad, que sus superiores ya estaban enterados y de acuerdo en actuar y que solo esperaba las órdenes pertinentes; tampoco pasó nada. Insistimos, se nos dio largas; un día supimos que lo habían cambiado al OIC de otra secretaría sin que presentara las denuncias y castigos contra los violadores de la ley.

Apenas llegó el nuevo titular del OIC, tuvimos que reiniciar nuestra denuncia; los resultados fueron exactamente iguales: siempre nos dieron la razón, pero nunca se actuó legalmente contra los infractores.

Era claro que gente de alto nivel metía las manos para evitar el cumplimiento de la ley, increíblemente, porque el presidente Calderón era y supongo que sigue siendo un furibundo ambientalista, pero eso no bastó para hacer cumplir las leyes ambientales.

Aunque no se actuaba contra los funcionarios que habían dado permisos viciados, por lo menos nuestra presencia en la PROFEPA evitaba que los promoventes intentaran hacer válidos sus permisos, conocedores de los vicios de origen y de las contradicciones que adolecían; no se atrevían a hacerlos valer y tocar el mangle, pues sabían que al revisar la PROFEPA el permiso y confrontarlo con la flora y fauna in situ, seguramente saldrían muchas incongruencias. Por eso esperaron tanto tiempo para actuar, a expectativa de la aparición de funcionarios a modo, para poder arrasar todo y que no quedara prueba de las falsedades y de los vicios en los permisos.

¿Qué ha sucedido, al día de hoy, con los los actores de esta historia?

El mangle, el sujeto a proteger en la ley ambiental y en particular, el mangle en esta narración, el de Malecón Cancún, acaba de ser arrasado en una fracción de ese proyecto, conocida, como Tajamar; hace unos meses fue destruido, con un permiso “legal”, pero que tiene muchas inconsistencias, contradicciones y vicios de origen y por eso la necesidad de actuar clandestina y nocturnamente, para que nadie pueda confrontar los datos de la Manifestación de Impacto Ambiental, ni el Cambio de Uso de Suelo Forestal, con la realidad ahí existente.

Los denunciantes; los acusadores originales dentro de la SEMARNAT fueron despedidos o reubicados en otras secretarías según sus influencias para luego ser despedidos también. Yo renuncié a la PROFEPA después de tres desgastantes años. Al salir, los colaboradores que me ayudaron en la denuncia, fueron hostigados y presionados hasta renunciar; los que se negaron fueron despedidos. Hoy no queda dentro del sector ambiental, o mejor dicho, dentro del gobierno federal ninguno de los que dieron esta batalla en contra de la corrupción.

Los acusados: Rafael Berzunza, despedido por el presidente Calderón es hoy secretario de la SEDATU, secretaría responsable de cuidar el ambiente en Quintana Roo; los demás nunca fueron formalmente acusados de nada y varios de ellos tuvieron o tienen una larga carrera en el gobierno.

El justiciero: el titular del OIC de SEMARNAT, responsable de prevenir y castigar los actos de corrupción y que recibió las primeras denuncias, pasó a al OIC de la Secretaría de Educación para luego ser nombrado Subsecretario de la Contraloría Federal y ahora, el omiso funcionario de nombre Max Kaiser, recorre el país con el título de Director Anticorrupción del IMCO, promoviendo la propuesta de Ley Tres de Tres, de la cual es uno de sus creadores.

A pesar de todo, considero que la ley 3 de 3 es un avance; claro, ante la perversidad reinante, es difícil imaginar una ley que sirva.