*México (25 de julio).-

A Alfredo tuvieron que amputarle el brazo por negligencia al tratarlo; a Omrri no le atienden su problema con los triglicéridos; a Armando ya no lo recibían en la enfermería… y murió en su celda.

Los tres casos ejemplifican la crisis en el servicio médico que se vive en el Penal de Barrientos.

“Es nulo completamente”, resume un interno en una carta enviada a REFORMA.

Alfredo Ramírez tenía dos meses en prisión preventiva. El 27 de febrero del 2014 tuvo un altercado con un homicida y resultó lesionado gravemente en el brazo derecho.

Los custodios le cobraron 10 pesos por cruzar la esclusa y acceder al área médica.

Una vez ahí, la doctora María del Socorro Castillo Florín lo vendó y le dio analgésicos.

“Me empieza a decir que no esté de niña llorando, hablándole a mi familia, y que no esté quejándome, porque soy un delincuente y no tengo derecho de nada”, relata.

Pese a que ameritaba traslado a un hospital, lo condicionaron a que sus parientes pagaran las radiografías.

Seis días después, cuando el brazo ya estaba necrosado, fue llevado al Hospital General Valle Ceylán, donde le amputaron la extremidad.

Su caso ameritó la recomendación 23/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por negligencia médica, discriminación y abuso de autoridad.

Fue aceptada por Rubén Fernández Lima, director del Sistema Penitenciario, pero a un año, aún se encuentra en proceso de cumplimiento. Alfredo salió libre el 18 de abril.

Mediante una misiva, 19 internos de la tercera edad se quejaron también de negligencia médica y pidieron protección para evitar represalias.

Como el caso más grave, refieren la historia de Armando Vargas, quien padecía dolores crónicos en el abdomen.

“Ya no lo atendían y lo corrían del servicio médico y cuando lo veíamos tirado les avisábamos a los ‘tíos’ (ancianos) de su celda a llevarlo al servicio.

“Más tardábamos en llevarlo que en lo que lo corrían de inmediato, diciéndole que se hacía güey y el señor murió en su celda () falleció a las 2:40 del día 2 de mayo”, señalan.

Rocío Pérez asegura que su esposo Omrri Abisaí Medina tuvo que esperar siete días para ser atendido de una fractura en el pie derecho tras ser empujado.

Ahora se queja porque autoridades carcelarias no le permiten la dieta especial ni el tratamiento para bajarle los triglicéridos de 825 que registra actualmente a 150, que es el valor normal.

“No respeta las indicaciones, le niega la dieta, las citas médicas, mi marido sí se me va a morir”, señala con desesperación.