México (30 de noviembre).- En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación contra la violencia hacia mujeres y niñas, desde Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, nos sumamos a las voces de todo el mundo que exigen el alto a la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, y externamos nuestra preocupación por las barreras que enfrentan las víctimas de violencia sexual para acceder a un aborto legal.

En Yucatán no existen cifras confiables en torno a la cantidad de abortos que se realizan en el estado, pues a pesar de que en la entidad existen causales legales para interrumpir un embarazo no deseado un estudio realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que ninguna institución relacionada con el tema cuenta con registros alguno respecto a autorizaciones para aborto por violación en los años 2012 y 2013.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 2015, se cometen al menos 600,000 delitos sexuales cada año en México, de los cuales 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad, la mitad de delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima y 60% de las veces por parte de familiares o personas conocidas. En el mismo diagnóstico se reporta que de enero de 2015 a septiembre de 2016 se registraron 21,902 denuncias por delitos sexuales.

Aunque la legislación en México establece que el aborto por violación es legal en todo el país, las víctimas de violación enfrentan serios obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo debido a que las autoridades no cumplen las leyes vigentes en los estados de la República mexicana. Incluso, a partir de la modificación de la Norma 046, que elimina el requisito de la denuncia de la violación ante el Ministerio Público, se siguen usando argumentos legales, se aduce falta de información, o se recurre a un uso inadecuado de la objeción de conciencia para negarse a atender a las mujeres que recurren a los servicios solicitando la interrupción legal del embarazo. El informe Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México publicado en 2006 por Human Rights Watch, afirma que en México las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas son víctimas por partida doble; la primera vez por el perpetrador de la violación, y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran, las maltratan y les niegan el acceso a un aborto legal.

Es lamentable que diez años después esta afirmación siga aún vigente, pues las autoridades estatales siguen revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud al negarles el acceso al aborto legal al poner en duda que las mujeres y niñas han sido violadas, alargando el proceso de atención para que avance el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo a las mujeres, al afirmar que el aborto trae consecuencias como esterilidad, perforación del útero o muerte o daños psicológicos graves. Esta situación se agudiza cuando se trata de niñas y adolescentes porque se encuentran en mayor desprotección, lo que se pone en evidencia al ocupar México el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios en contra de menores de 14 años. Por su parte, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA) reporta que la mayoría de los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de una violación.

Lo anterior se pone en evidencia a través de las historias que viven las víctimas de violación. Por ello, a continuación le presentaremos algunos casos:

Paloma, una niña de 10 años que vive en Tabasco, fue abusada sexualmente por un hombre de 24 años. Con apoyo de su familia fue a un hospital de su municipio para solicitar un aborto, pero ahí el ginecólogo que le dio consulta, le dijo que no podría atenderla. La dirección de la unidad de salud de su municipio buscó el trasladó de la menor a un hospital de la capital del estado para que atendieran a la menor y le realizarán un aborto legal. Laura había presentado hinchazón en los pies y presión alta. En el Hospital decidieron tenerla en observación y esperar la respuesta del Comité de Ética sobre la ILE. Después de un par de revisiones del personal médico, le dijeron a la menor que ya no se podría hacer la interrupción por el tiempo del embarazo. Con apoyo de GIRE se realizó un amparo y al final el hospital realizó el aborto legal.

Karen, una joven indígena de 16 años, fue secuestrada por su tío y violada sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de escapar, Karen y su mamá fueron a hacer una denuncia al Ministerio Público en Tlapa, Guerrero. Sin embargo las autoridades ministeriales no levantaron la denuncia y le negaron el acceso al aborto debido a que no creyeron en su palabra y afirmaron que se había ido voluntariamente con su tío. Al final, la joven recibió apoyo de organizaciones de la sociedad civil para interrumpir el embarazo producto de la violación en la Ciudad de México.

Por lo anterior, exigimos a nuestro Gobernador Rolando Zapata Bello, al Secretario de Salud Jorge Eduardo Mendoza Mézquita y al Secretario de Educación Lic. Víctor Caballero Durán:

• Garantizar el acceso de mujeres, adolescentes y niñas a servicios de interrupción legal del embarazo.
• Sancionar a las autoridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las re-victimicen y les nieguen el acceso al aborto legal por las causales establecidas en la legislación local.
• Implementar la Norma 046. De lo contrario, estarían cometiendo una grave violación a los derechos humanos de mujeres y niñas al forzarlas a continuar con un embarazo producto de una violación.

Por un México sin niñas que se conviertan en mamás