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En fechas recientes ha surgido una manifestación ciudadana de repudio, hartazgo y desconfianza hacia la clase política, el sistema político y los políticos debido, en gran parte, a que las leyes electorales se han hecho para "resguardar privilegios y beneficiar a los partidos y candidatos", manifestó el MVZ Víctor Fernández Medina, integrante de Sociedad en Movimiento.
Algunos aspectos que contribuyen al malestar y enojo de los ciudanos son los "excesivos gastos de las campañas electorales que han provocado la percepción de muchos ciudadanos de que flagrantemente la ley es violada por candidatos que no son castigados con penalidades severas" -agregó.
—Quienes reciben los castigos -continuó Fernández Medina- son los partidos políticos, que a final de cuentas sale del dinero público de los ciudadanos...esa impunidad no sólo no evita que campaña tras campaña se violen las normas, sino las alienta.
En la acostumbrada rueda de prensa semanal de la agrupación, Fernández Medina manifestó que el Congreso del Estado está por aprobar, a más tardar el martes 30, unas reformas a la ley electoral que -de aprobarse- estarían vigentes en el proceso electoral de 2010.
Ante esta situación y en nombre de Sociedad en Movimiento, Fernández Medina planteó las siguientes preguntas a los diputados locales:
¿Reducirán el financiamiento público a los partidos y a las campañas electorales?
¿Legislarán para que los informes de los gastos de campañas se entreguen y revisen en tiempos breves después de concluir las elecciones y los dictámenes de los órganos correspondientes se entreguen antes de la fecha de toma de posesión de los candidatos electos?
¿Legislarán para que el castigo a los candidatos que violen las leyes electorales, en particular los gastos de campaña, sea no poder ocupar el puesto ganado violando la ley y que los perdedores que la violen sean inhabilitados para participar como candidatos en siguientes elecciones?
—Hay muchas otras interrogantes sobre aspectos que han provocado el repudio de los ciudadanos, pero consideramos que las aquí planteadas son de primordial importancia -apuntó.
Por su parte, Luis Medina Cantillo, integrante también de Sociedad en Movimiento, dio a conocer las respuestas a las preguntas planteadas la semana pasada a los candidatos de todos los partidos políticos a diputados federales.
A la pregunta de si los legisladores deben dar ejemplo de cumplimiento de las disposiciones legales, los 19 candidatos dijeron que sí. Cuando se les preguntó si alguno de ellos ha rebasado los topes de campaña, todos contestaron que no.
Sin embargo, cuando se les pidió una relación de sus gastos de campaña, los cinco aspirantes del PRI contestaron que será su partido el que la presente ante los órganos correspondientes.
De los aspirantes panistas, Pedro Couoh Suaste (I Distrito) dijo que al 15 de junio el total de lo erogado o contratado ascendía a $301,919. Los rubros más sobresalientes son los de anuncios en prensa escrita con $122,845; impresión de lonas, $94,440 y promocionales (camisetas, plumas, gorras, llaveros, etc), $53,794.
A su vez, Jonatán Paz (II Distrito) reporta un gasto de $405,794 y Aristeo Catzín (V Distrito) $439,449.
Los candidatos de los dos distritos con cabecera en Mérida: Carolina Cárdenas Sosa (III) y Javier Medina Torre (IV) son los que más han gastado con $750,111 y $735,224, respectivamente.
Por su parte, la candidata del PRD por el III Distrito, Hortensia Rodríguez Concha, informó que ella ha gastado $201,360; en tanto que el Dr. Carlos Chacón Arcila, únicamente $186,947.
Los dirigentes de Sociedad en Movimiento aclararon que el Partido Social Demócrata envió una respuesta conjunta y reportó que entre todos han gastado $216,100, lo que dividido entre los cinco candidatos da un promedio de $43,220.
El PSD asegura que sólo cuenta con $48,000 mensuales como prerrogativa federal, por lo que ejercerá tres meses de dicha prerrogativa, más los apoyos del CEN, donativos locales de empresarios medianos y de sus militantes y/o simpatizantes.
En su oportunidad, el Lic. Pedro Rivas Acevedo explicó que los artículos 77 y 337 de la Ley de Instituciones, Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, que señalan el momento de entrega del informe de gastos de campaña y las sanciones por violar dichas disposiciones, respectivamente, no están contemplados en el proyecto de reforma.
—Otro problema que Sociedad en Movimiento ve con preocupación en las posibles reformas electorales a nuestra ley local es el tema del financiamiento -agregó.
Explicó que la iniciativa de ley sí contempla reformas tanto para el financiamiento ordinario como para el de la obtención del voto, lo que se conoce como financiamiento de campaña.
La ley vigente -continuó- establece que el financiamiento ordinario se calculará de manera trianual, es decir, una vez concluida las elecciones (tomando el ejemplo de 2007) se toman los votos totales, se multiplica por un salario mínimo y medio y el resultado es el financiamiento público ordinario para el 2008, 2009 y 2010.
En este caso -apuntó- este financiamiento arrojó una cantidad aproximada a unos 63 millones que se dividen en tres años.
La iniciativa de reforma plantea que el financiamiento público ordinario sea calculado de manera anual. El cálculo proyectado es del número total de votos en la elección multiplicado por el 65% del salario mínimo y el resultado sería el financiamiento de cada año.
-Este financiamiento aumentaría de acuerdo con lo que se incremente el porcentaje del padrón electoral, lo cual es un factor nuevo que no se contempla en la legislación actual -apuntó.
En números redondos -explicó el Lic. Rivas Acevedo- este nuevo cálculo (continuando con el ejemplo anterior) hubiera arrojado unos 27 millones para el 2008; 28 en 2009 y 28.8 en 2010, para un total aproximado de 86 millones de pesos , lo que significaría un incremento en $23.5 millones en financiamiento público ordinario.
-Recordemos que en la ley actual se calcula de manera trianual y es una bolsa total repartible entre los partidos políticos; el 40% de manera igualitaria y el 60% restante de acuerdo con la obtención del voto.
En el otro financiamiento, el de campaña para la obtención del voto, también habrían modificaciones. La ley actual establece que para el año de campaña, cuando hay elecciones, se entregará a los partidos políticos -adicional a su financiamiento ordinario- un financiamiento para la obtención del voto equivalente al 75% de lo que reciban ese año por financiamiento ordinario.
En el proyecto de reforma se establece que cuando haya elección de gobernador se plantea un 60% de lo que reciban ese año por financiamiento ordinario y 50% cuando sólo se elija alcaldes y diputados.
En números redondos, para la elección de diputados y alcaldes en 2010 habría una disminución de aproximadamente 4 millones de pesos. Si hubiera elección de gobernador habría un ahorro de 1 millón de pesos.
Sociedad en Movimiento planteó las últimas dos preguntas a los candidatos, las cuales deberán ser contestadas el próximo lunes 29, ya que el siguiente fin de semana son las elecciones.
Las preguntas son:
1.- Teniendo en cuenta algunos estudios realizados sobre el grado de confianza de los ciudadanos que no han sido favorables a la percepción sobre los diputados ¿qué haría usted para dignificar la imagen del diputado y recuperar la confianza ciudadana?
2.- ¿Cuáles serían las tres acciones que impulsaría en el Congreso para castigar los actos de corrupción y erradicar la impunidad?