Mérida, Yucatán, a 17 de diciembre de 2013.- El diputado federal Raúl Paz Alonzo informa que aún no se ha dicho la última palabra en el juicio de amparo que promovió contra el decreto del Ejecutivo que aumenta la tarifa del transporte urbano en Mérida.

“La negativa de la suspensión provisional que dictó el Juzgado Primero de Distrito es sólo una medida precautoria, como parte de las etapas del proceso”. explicó.

“De alguna manera significa que el juez prefiere informarse mejor y allegarse de más elementos antes de dictar una resolución definitiva”.

El legislador federal se refiere así a la información de que René Rubio Escobar, juez primero de Distrito, le negó la suspensión provisional del amparo colectivo que promovió contra la tarifa del servicio de transporte urbano en Mérida.

El juez concluyó, al dictar la primera medida precautoria, que la nueva tarifa del transporte en Mérida y zona conurbada no es susceptible de suspenderse, porque afectaría el interés social y una disposición de orden público.

“En efecto, el juez tomó en cuenta esos elementos al decir que no procede la suspensión provisional”, dijo Paz Alonzo, al señalar que anoche mismo, a las 10:30, interpuso un recurso de queja contra ese acuerdo.

“Es, como su nombre lo dice, una resolución provisional. Mañana miércoles 18 está programada la audiencia constitucional del caso, así que no se ha dicho la última palabra. El juez tiene que acordar una resolución definitiva”.

El diputado federal panista recordó que promovió el amparo contra el decreto que autoriza el aumento de las tarifas porque considera que el Ejecutivo siguió un procedimiento ilegal y erróneo, al no tomar en cuenta la economía del ciudadano en general sino de un solo sector.

Asimismo, dijo que el juez Rubio Escobar tiene en sus manos una responsabilidad muy difícil y un caso inédito por las circunstancias de la nueva Ley de Amparo. Tendrá que pronunciarse por el beneficio a la persona, representada por la colectividad de usuarios del transporte, o a un sector de la economía del Estado.

“Insisto: hay que esperar que se resuelva de fondo el asunto. Lo dictado hasta ahora es una resolución precautoria”, recalca. “En todo caso, un fallo en contra no sería adverso a mí, sino adverso a toda la ciudadanía, cuya economía es afectada por el alza del transporte”.

Por cierto, señaló que le llama la atención que en el acta de notificación del Juzgado Primero de Distrito al Consejo Consultivo del Transporte se hace notar que un representante de este organismo indicó que éste no tiene personalidad jurídica y se abstuvo de recibir el aviso.

“Si no tiene personalidad jurídica, ¿cómo ha estado operando ese consejo?”, se preguntó el diputado federal.