México (13 de enero).- La posible validación a las modificaciones legales en la llamada “Ley de Geologalización” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede derivar en abusos a la privacidad de personas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), advirtieron analistas.

Lo anterior debido a que la legislación -que de aprobarse permitiría a la PGR solicitar a los operadores telefónicos localizar un aparato ligado a un crimen grave sin la intervención de un juez- no prevé controles importantes para evitar abusos.

El máximo tribunal discutirá este lunes el recurso de inconstitucional promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las reformas a los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado d); y 40 Bis de la ley Federal de Telecomunicaciones.

Al menos cuatro de los 11 ministros de la SCJN ya han perfilado que votarán a favor de avalar estas modificaciones, pues consideran que si bien existe una posibilidad de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas, los cambios resultan una molestia menor frente a la necesidad de la PGR y el Ministerio Público de contar con mejores herramientas para atacar delitos como el secuestro o tráfico de drogas.

“Los ministros están justificando que se requieren de estas medidas por el ámbito de inseguridad que se vive en el país, pero el debate no es sobre si se debe permitir la geolocalización o no, sino (la inexistencia de) los controles que se deben tener para evitar abusos, y eso no lo están debatiendo en la Corte”, opinó Luis Fernando García, abogado experto en temas de derechos humanos.

Entre enero y octubre de 2013, los gobiernos estatales reportaron 1,425 denuncias por secuestro, 347 más que en el mismo periodo de 2012, cuando hubo 1,078, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Los ministros continuarán este lunes con la discusión, pero si quienes han participado mantienen su voto a favor del proyecto presentado por la ministra Margarita Luna Ramos, ya no será posible contar con los ocho votos que se necesitan para declarar inconstitucional los cambios.

Fernando García anticipó que la falta de controles podría permitir a los ministerios públicos rastrear personas por largos periodos, identificar los lugares que frecuenta, y al final recabar esa información y cerrar la investigación sin llegar a un juez.

“La mayoría de las investigaciones se quedan abiertas, sin ejercerse una acción penal, y con este sistema, como está establecido, se les permite a las procuradurías llevar esta localización sin que ni un juez ni la persona se enteren”.

La reforma contempla la posibilidad de que un ministerio público solicite, a través de una notificación por escrito o electrónica a un operador como Telcel o Movistar, la ubicación de un aparato celular sin necesidad de obtener el permiso de un juez.

Sin embargo, una vez localizado el equipo, el ministerio publico requeriría de la orden de un juez para intervenir las llamadas, pedir un cateo al domicilio donde se encuentra o arrestar a la persona que lo porta.

“Para la Procuraduría será una herramienta importante en caso del secuestro de una persona, donde se requiere de inmediatez. Me parece que este tipo de casos son los que han motivado a los ministros a avalar estos cambios”, explicó Clara Luz Álvarez, abogada experta en temas de telecomunicaciones y ex comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

La experta coincide en que las modificaciones legales dejan sin controles claros de supervisión sobre cómo se usará la geolocalización, lo que podría significar un riesgo para la protección del derecho a la privacidad de las personas.

Añadió que México se encuentra en el mismo dilema de otros países cuyas democracias son más avanzadas, como en Estados Unidos, donde se han dado casos de rastreo de llamadas de manera masiva con anuencia de la propia justicia.

Fernando García espera que con la próxima desaparición tanto del Código Penal vigente y de la Ley de Telecomunicaciones, el Congreso abra la ventana al debate sobre cómo poner límites claros, además de exigir transparencia, al uso de la geolocalización, aunque mencionó que la propuesta del nuevo código penal unificado resulta incluso más laxo en el uso de esta herramienta.

“No tengo esperanzas por ver algo revolucionario ni en materia del código penal ni la nueva Ley de Telecomunicaciones en este tema por lo visto en las propuestas hechas”, dijo la ex comisionada de la Cofetel.

México cuenta con una penetración de celulares cercana al 86% de la población, con más de 103 millones de teléfonos móviles, en un mercado dominado por Telcel, con cerca del 68% de los clientes, seguido por Telefónica con 19%, Iusacell con 7% y Nextel con 4%.- (CNN)