México (4 de marzo).- Un viernes por la mañana un pequeño ejército del cartel de narcotráfico de Los Zetas llegó a bordo de 50 camionetas a la cabecera municipal de Allende, Coahuila, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Lista en mano, los hombres armados sacaron de casas y negocios a decenas de personas y se las llevaron a ranchos cercanos.

Luego regresaron y durante tres días se dedicaron a destruir, con equipo pesado, granadas o mazos, los inmuebles donde estaban los secuestrados.

Todo eso ocurrió en marzo de 2011, y desde entonces nada se sabe de quienes se llevaron Los Zetas. Apenas hace unas semanas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) empezó a investigar el ataque, con un equipo de fiscales y policías que viajaron al sitio.

Lo que se encontró fueron evidencias de una masacre, le dice a BBC Mundo el periodista Diego Osorno, quien acompañó a los investigadores en sus pesquisas.

De acuerdo con vecinos de Allende, muchos de los secuestrados fueron asesinados y sus cuerpos desaparecieron en crematorios improvisados alimentados con diesel, aceite y otros combustibles. En el lenguaje de los carteles mexicanos a estos hornos se les llama “cocinas”.

Se desconoce el número de víctimas, pero según los testimonios recabados por Osorno podrían ser cientos de personas, que se suman a la cifra oficial de 26.000 desaparecidos durante el gobierno que encabezó el expresidente Felipe Calderón.

En Allende, según ha dicho el gobernador Rubén Moreira, se recogieron 300 restos humanos pero no se sabe a cuántas víctimas pertenecen. En el estado las autoridades y organizaciones civiles presumen que existen al menos 1.600 personas desaparecidas.

BBC Mundo solicitó información a la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de Coahuila, responsable de la investigación en el municipio pero no hubo respuesta.

Estrategia: silencio

De esta masacre y otras de las que sólo existen rumores nada se supo durante años, pues al parecer hubo una decisión de Los Zetas para silenciar el asunto y evitar la presencia de marinos y soldados, explica el periodista.

“Coahuila en la guerra del narco ha sido como una de esas zonas de tregua, por eso no registrábamos estas masacres a diferencia del norte de Nuevo León y de Tamaulipas donde había una decisión de mostrar las atrocidades que hacían uno y otro bando para desmoralizar al contrario, o para generar pánico en la población y ganar su apoyo”, explica Osorno.

“En Coahuila eso se ocultaba, pero eso no quiere decir que no ocurrieran las masacres”. Hasta ahora es difícil saber el número de quienes se encuentran desaparecidos en Coahuila, pues abundan los casos de familiares que por miedo no presentan denuncias.

Tan sólo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), una de las organizaciones civiles más activas en el tema, reúne a 300 familias organizadas “pero no es porque no haya más desapariciones sino porque el colectivo no puede seguir recibiendo más personas con este tipo de tragedia”, le dice a BBC Mundo María Elena Salazar, quien desde hace casi cinco años busca a su hijo Hugo González Salazar.

La mayoría de las familias tiene varios desaparecidos, e incluso hay algunas que reportan hasta a veinte víctimas en un solo evento, añade.

Esclavos del narco

¿Dónde están los más de 26.000 desaparecidos que oficialmente se reconocen en México? Hasta ahora no hay respuesta porque las autoridades han demostrado poco interés en buscarlas, insiste María Elena Salazar.

Durante el gobierno de Calderón, cuando ocurrieron prácticamente toda las desapariciones reportadas, fueron muy pocos los casos investigados, algo que Amnistía Internacional calificó como “un fracaso”.

La situación todavía se mantiene. Recientemente el secretario general del organismo, Salil Shatty, dijo que “no hay un solo caso en que haya habido justicia, verdad, en que se han rendido cuentas claras”.

En muchos casos el común denominador es que las familias realizan las investigaciones que corresponden a las fiscalías, dice Salazar. Por eso ya no creen en operaciones como las realizadas por el gobierno de Coahuila para buscar a las víctimas en fosas clandestinas.

La forma como se hicieron las pesquisas -con maquinaria pesada, sin resguardar los indicios y pruebas encontradas- provocaran que FUUNDEC rompiera el diálogo con las autoridades locales.

El gobierno de Coahuila se comprometió a buscar de la mejor forma a los desaparecidos, pero los familiares no confían en la promesa insiste María Elena Salazar.

“No necesitamos voluntades, necesitamos hechos. Con voluntades no hemos localizado a nuestros hijos”.- (Agencias)