Concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso federal, y al menos que sobreviniera entre finales de julio y principios de agosto un periodo extraordinario, en los hechos se ha agotado el primer año del ejercicio legal de la LXI legislatura. El tiempo transcurre inexorable sobre un Congreso que deja pasar uno de los dos momentos reformadores en que podría impulsar modificaciones mayores a la Constitución, cambios sustanciales a las leyes y expedir nueva legislación sobre fenómenos socialmente urgentes y necesitados de regulación.

Ni siquiera aquellas reformas que provenientes de los mismos grupos parlamentarios han sido ampliamente discutidas y consensadas en una cámara, han podido ver la aprobación de la colegisladora. Mezquindades personales, rentismo electoral, pugnas intrapartidistas, doblegamiento ante intereses privados, comercio parlamentario, e indefiniciones de gobierno, configuran el atorón legislativo que ha vuelto a posponer decisiones fundamentales para el crecimiento económico, el desarrollo social y la consolidación democrática de México.

Sí hubo decisiones en la línea de ir atajando privilegios particulares indebidos, abusos y excesos sobre la sociedad en su conjunto; sería contradictorio de mi propio esfuerzo como diputado federal por chihuahua, negar que hay frutos importantes en reformas legislativas y expedición de nuevas leyes; la misma Comisión que presido en la Cámara de diputados, la de Gobernación, trabajó colectivamente en elaborar dos nuevas leyes que atienden necesidades regulatorias impostergables: por un lado la nueva ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, y por el otro, la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia. Por cierto, las dos primeras, y hasta ahora únicas nuevas leyes que expide la cámara de Diputados, como cámara de origen.

Otras muchas comisiones en trabajo plural y de consenso han rendido frutos, no lo niego, ni dejo de reconocerlo. La recién aprobada reforma a la ley federal de competencia que aumenta las multas a los que burlan sus reglas e incorpora sanciones penales a las infracciones graves, cumple con varias de las mejores prácticas regulatorias internacionales en el combate a los monopolios y las practicas anticompetitivas. La ley antiobesidad que busca frenar el consumo de los alimentos chatarra. Aunque ahora sólo son minutas, debo precisarlo, pues falta la aprobación del Senado para que se conviertan en ley.

Los Senadores de la República avanzaron también en dictámenes importantes. Justo es reconocerlo que, las reformas de más hondo calado han provenido de esa cámara desde la anterior legislatura, y en la actual han generado minutas muy importantes que hacen avanzar y amplían la concepción y protección de los derechos humanos, el tránsito constitucional de las llamadas garantías individuales a los derechos humanos sociales y luego los de tercera generación. En estos últimos se inscribe por ejemplo la adición constitucional de las "acciones colectivas" que ya recorre el país en busca de la aprobación del constituyente permanente.

Se ha acreditado trabajo legislativo, sí. Puedo hacer incluso una lista más larga de lo que se denomina "logros" para un informe anual ante mis conciudadanos de chihuahua; pero vive en mi la sensación – en realidad es desasosiego -, que llamados a emprender reformas estructurales que transformen el régimen político, seguimos sólo remodelando el mismo sistema, ya vencido desde hace una década en la opinión ciudadana. Modelo que se agotó en su funcionalidad anterior, que ya no da para más, y por el contrario sólo genera que los intereses estrictos se impongan sobre el Estado cuando trata de ordenarlos o someterlos a responsabilidad, que ha propiciado que los poderes fácticos gobiernen al gobierno, que los cambios constitucionales mayores, que las reformas integrales a las leyes se cambien por reformas parciales o migajas de reformas sin esperanza de reglamentación.

No se ha visto el empeño, ni la acción o el impulso que busque rajar en serio la leña del estatus quo; la política congresional juega con fuego, en una época donde la pobreza y la desigualdad cubre a la mayoría de la población, donde el hambre es realidad y ni siquiera en el papel los legisladores son capaces de garantizar el derecho constitucional a la alimentación. Porque mientras aumenta la tensión social, los principales actores de la política apuestan a ver que reforma les conviene más para sus propósitos personales o cuál han de desvirtuar, detener o congelar para que tampoco les afecte en sus planes electorales. Nunca como ahora había visto en el Congreso tres fenómenos de aparente distinta naturaleza, pero que en realidad se conjugan en la rendición de lo político a lo faccioso, de la privatización del espacio público: los cabilderos están metidos hasta la cocina del Congreso elaborando dictámenes, las pugnas intra-partidistas detienen reformas según el que las impulse, y el gobierno federal presenta iniciativas prioritarias que luego abandona tras volver a la indefinición de su vocación de cambio.
La izquierda más mesiánica como nunca y tan dividida como siempre, ya no sólo en corrientes sino ahora en grupos y subgrupos; el PRI en la puja de sus precandidatos para ver quién gana ofreciéndoles más favores legislativos a los poderes fácticos, y Acción Nacional a expensas de las decisiones del Presidente de la República que ahora se resuelve y luego se arrepiente.

Se estancó por abandono la reforma política, se volvió a posponer la reforma de medios, ni se discutió la reforma laboral; minutas tan importantes como la reforma a la ley de seguridad nacional, para encauzar y responsabilizar en el marco del Estado de Derecho la participación de las fuerzas armadas en las tareas de la seguridad interior, devinieron del impulso inicial al desaliento.

En el año de las celebraciones centenarias por la independencia y la revolución, no se avizora, en el horizonte de lo que llamamos Patria, la aparición – aunque sea como milagro -, de una clase política dispuesta a acometer la Reforma del Estado. No hay voluntad, porque no hay visión de Estado que coloque la realización de reformas en una perspectiva de largo plazo, ni siquiera se advierte una visión de futuro inmediato. Parece que lo único por venir es la lucha electoral, sin pausa para la reflexión sobre qué país encontraremos en el desenlace del año 2012.

Lo más asombroso es el tamaño de la pugna priísta entre los precandidatos presidenciales y sus bancadas en ambas cámaras del Congreso. La bancada priísta en cámara de diputados le paró al Senado dos minutas de reforma constitucional que al Gobernador del Estado de México, Enrique Pela Nieto, no le agradan o aún no las comprende. Aprobada con 96 votos a favor, se congelaron las reformas a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la constitución en materia de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que esperar, quizá un año más, para contar con esta reforma necesaria a su actuación fundamental, mientras se logra dejar en claro que en el Congreso ya no manda Manlio Fabio Beltrones, sino el candidato que Televisa le fabricó al PRI a fuerza de spots y telenovelas.

Se detuvo también la minuta que eleva a rango constitucional los derechos humanos, que introduce las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones a los derechos humanos, aprobada por 80 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
La falta de acuerdos sobre reformas esenciales define el ambiente político, dibuja al sistema de partidos, mide la calidad y talante de los principales actores políticos, pasando por secretarios de Estado, líderes partidarios y los coordinadores parlamentarios. El nivel de la clase política está mermado en su ánimo para el impulso, en el valor para tomar decisiones de riesgo y en el entendimiento de la realidad social que nos circunda. Me preocupa que no les preocupe la tensión social que se acumula, el descrédito de la política en general, y el asomo de la violencia electoral, como si algo le faltara a la violencia criminal de las mafias del narcotráfico. Los fenómenos son altamente peligrosos ya para la estabilidad del Estado, la combinación puede dar pie a una irritación social mayor; empezó a tejerse en los extremos sus manifestaciones más deplorables; en Sinaloa y Tamaulipas el narcotráfico ejecuta candidatos, en Guerrero y Oaxaca grupos paramilitares eliminan a líderes opositores.

La indolencia de la clase política mexicana en su conjunto, debe ser rectificada. Sólo nos queda otro momento: después de las elecciones del 4 de julio. Pase lo que pase.