Desde el campanario norte de Catedral

1. Modelo "Peña Nieto". El gobierno encabezado ahora en el Estado de México por Kike Peña y antes gobernado por su tío, el legendariamente corrupto Arturo Montiel, se ha caracterizado por la compra de representantes populares. Varios diputados locales mexiquenses del PAN y del PRD han sucumbido ante los tinteneantes cañonazos peñanietistas. Cuando de quebrar voluntades se ha tratado, con un billetazo Peña y Montiel han logrado que algunos diputados opositores ambiciosos y de corta mira —unos de la cuadra perredista y otros de la panista— le obsequien los votos necesarios para pasar polémicas leyes o aprobaciones presupuestarias. Nada raro que haya quien compre y desafortunadamente, que haya quien se deje comprar. Es la historia de la humanidad. La traición al pueblo y a los ideales no es nada nuevo.

2. Las habas se cuecen en todos lados. Habas, o frijolitos en el arroz. Para fines práctico es lo mismo. En época de Víctor Correa Rachó, la historia consigna que fue traicionado en aquel período 1967-1970 por el químico Eduardo Trueba Barrera. Más recientemente, otro vendió su voto en el Congreso del Estado para perpetuar a dos magistrados que debían haber salido por la decencia y decoro de Yucatán de su Tribunal Superior de Justicia: el oscuro traidor vendido por quién sabe cuántas monedas fue Antonio Hadad Manzur. Y ahora, en esta legislatura yucaeteca, han sucumbido al unto monetario del gobierno de Ivonne Ortega otros más —traicionando, no al PAN, su partido, sino a la sociedad entera— el diputado Julio Garrido Rojas en primerísimo lugar, seguido, en esa oprobiosa lista por la profesora Alba Martínez. Es triste pasar a la historia de esa manera, estando en la lista de lo que se vende y se compra, séase de cualquier partido u organización: se llama traición.

3. Los buscan... y los encuentran. Y ahora son dos descendientes del mismísimo Víctor Manuel Correa Rachó: su hijo, Luis Correa senior, junto con su nieto, Luis Correa junior, acompañando a la regidora Ligia Sosa Alcocer, le hacen el caldo gordo —desde un "panismo" que ya no abrazan— a la candidatura del PRI, encabezada por Angélica Araujo Lara. En el caso de los dos primeros no es de creerse que sea únicamente el dinero el que oriente su querencia por la angelical abanderada colorada, sino quizá el despecho, el hígado y una falta de apego y respeto a lo que representó la lucha de su padre, que en paz descanse. En el caso de la señora Sosa, la traición a su partido habrá de cuestionarse también: ¿cual habrá sido el precio del pacto? La otra pregunta obligada: ¿es el ascenso continuado de las preferencias —registrado semana a semana por Beatriz Zavala Peniche— el que induce al PRI a buscar pronunciamientos de última hora entre panistas defeccionistas? El PRI de siempre los ha buscado, y, tristemente, los ha encontrado.

4. Costoso engaño. El problema que enfrenta el gobierno del estado de Yucatán al destaparse el gran fraude de los terrenos de Ucú, es sin duda ¿cómo pagarán ahora a sus patrocinadores los "adelantos" que a cuenta de esas tierras recibieron de los "incautos" empresarios constructores que dieron por adelantado varios millones de pesos a la campaña de Angélica Araujo, a cuenta de esos terrenos? En menudo lío se ha metido el gobierno de doña Ivonne Ortega. Los dadivosos empresarios de la construcción ahora se sienten engañados, ya que no tendrán, por un lado, la devolución de su "inversión", y, por el otro, la propiedad de los terrenos —que se han esfumado entre escandalosa corrupción.

5. IVEY=Angélica. Tampoco se sabe el impacto que tendrá en la decisión de los electores el involucramiento de la arquitecta Angélica Araujo en este fraude. Ella era la directora del Instituto de Vivienda de Yucatán cuando el gobierno diseñó el fraudulento "Plan Maestro de Ucú" e hizo pagos de oscuro destino por $343 millones, por unos terrenos sobre los cuales no tenía la propiedad. El licenciado Sergio Cuevas González, consejero Jurídico de la señora Ivonne Ortega, no ha podido exhibir títulos de propiedad, y, en su atropellada defensa del IVEY, ha hundido a la candidata del PRI al admitir que fue ese Instituto el que instrumentó los ilegales pagos.

6. Aritmética. Si los números no mienten y el gobierno como Cuevas González dice, gastó $343 millones divididos entre un padrón de ejidatarios de Ucú de 170 miembros, cada campesino debió haber recibido cerca de $2 millones. Dos melones por chola. ¿Podrá el gobierno y la señora Araujo Lara demostrar con cheques y recibos los montos recibidos por cada ejidatario? Ya veremos si la aritmética cuadra. Por otro lado, el delegado Felipe Enríquez Hernández, regiomontano que resultó socio y promotor del proyecto, ha quedado desnudado como traficante de terrenos para financiar campañas a nivel nacional.

7. Resonante triunfo. El abogado Pablo Loría propinó una contundente derrota a los consejeros del INAIP. Loría demostró que no fueron transparentes ni apegados a Derecho ni Ana Rosa Payán Cervera, ni Ariel Avilés ni Miguel Castillo, quienes, injustamente, lo corrieron del Instituto de Acceso a la Información Pública. Loría ha ganado un amparo, obligando ahora, la justicia federal, a reinstalarlo como secretario técnico del Instituto que debiera ser ejemplo de adhesión a la legalidad y a la transparencia. A la gobernadora —y a los consejeros— les estorbaba el profesionalismo y el servicio que a los ciudadanos prestaba y prestará el abogado Pablo Loría. Don Pablo ha dado ejemplo de entereza y profesionalismo. Sus fallidos verdugos, ejemplo de sumisión y sujeción a los designios del ejecutivo. Enhorabuena.