Proyección: $3,600 millones

La compra de tierras ejidales en Ucú por parte del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y del Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) cuando la Arq. Angélica Araujo Lara era la titular, no es más que un millonario negocio para enriquecer a algunos cuantos políticos y constructores y para financiar campañas políticas del PRI.

El tráfico de tierras ejidales —para financiar campañas del PRI— es una práctica que se ha utilizando desde la campaña de Enrique Peña Nieto —en el 2005— para el gobierno del Estado de México.

Este modelo para hacerse de recursos —"modelo Peña Nieto"— es desarrollado y ejecutado por el delegado del PRI en Yucatán, el diputado neolonés Felipe Enríquez Hernández. Él fue secretario particular de la licenciada María Teresa Herrara Tello, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de FOMERREY (2003-2005), oficina del Gobierno de Nuevo León encargada de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de regularizar tierras. En ambos puestos logró adquirir una gran experiencia en el manejo y legalización de tierras ejidales, cosa que le ha servido para su actual desempeño como artífice del "modelo Peña Nieto".

Durante la campaña de Ivonne Ortega para la gubernatura del Estado, el diputado neolonés fue instruido por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y por Enrique Peña Nieto para que recaude —a como diera lugar— grandes cantidades de dinero para ganar el gobierno de estado de Yucatán. Ello fue logrado con la ayuda del gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien instó a empresarios inmobiliarios de su estado para que aportaran fuertes cantidades de dinero. La recompensa para ellos vendría después.

La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la candidata del PRI a la alcaldía de Mérida son las encargadas de elaborar y ejecutar el Plan Maestro Ucú.

Análisis del Plan Maestro Ucú desde 4 vertientes

1) El Gobierno del Estado contrató un préstamo de $360 millones con la institución bancaria Banorte, previa autorización del Congreso del Estado de Yucatán, aprovechando la mayoría priista. Esos $360 millones fueron ejercidos en parte para pagar a los ejidatarios sin que haya un título de propiedad. Ello se traduce en que el dinero está "al aire": no se sabe si algún día se emita el título de propiedad o no.

2) El Gobierno del Estado está tratando de adquirir tierras ejidales catalogadas como bosques y selvas, que por ley no pueden ser parcelizadas. De serlo se estaría violando la Ley Agraria. Es por eso que el Registro Agrario Nacional (RAN) no puede dar el "título de propiedad" y por ende son tierras que no están sujetas a su venta. El Artículo 59 de la Ley Agraria dice: "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales".

3) El negocio multimillonario que representaría para los políticos e inmobiliarios involucrados en el Plan Maestro Ucú. Se compran las tierras pagando a $120,000 la hectárea a los ejidatarios; el Gobierno del Estado, una vez que haya introducido infraestructura urbana, las podría vender al grupo de inmobiliarios "consentidos" en $1,200,000 por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de $3,600,000,000 (tres mil seiscientos millones de pesos). La mayor parte de este millonario negocio se movería por "debajo del agua" y gran parte sería para ser utilizado en campañas políticas del PRI, el llamado "Modelo Peña Nieto" de las campañas.

4) La posibilidad de que el RAN no pueda dar los títulos de propiedad existe y es lo más probable. De dar los títulos se estaría violando el Artículo 59 de la Ley Agraria. Ello implicaría que los ejidatarios se quedarían con el dinero ya recibido y con las tierras. Los ejidatarios serían los grandes ganadores de la torpeza con que el Gobierno del Estado y el IVEY, comandado por Angélica Araujo realizaron la operación.

Diputado Federal por Nuevo León, Felipe Enríquez Hernández, encargado de crear el diseño del Plan Maestro de Ucú.

Diseño del "Plan Maestro Ucú"

Son tres los responsables del diseño, elaboración y ejecución del proyecto "Plan Maestro Ucú": Felipe Enríquez Hernández, Ivonne Ortega Pacheco y Angélica Araujo Lara.

El diseño se le atribuye al diputado neolonés Felipe Enríquez Hernández. Con la experiencia adquirida a su paso por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y por FOMERREY y con los contactos políticos que aún mantiene con funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la SRA, ha logrado desarrollar un multimillonario negocio inmobiliario, comprando a precios muy bajos tierras ejidales y vendiendo a precios muy altos. Se ha asociado con políticos de diferentes estados para realizar operaciones similares a la que hoy se intenta ejecutar en Ucú.

La elaboración y ejecución del proyecto son responsabilidad de la gobernadora Ivonne Ortega y de la actual candidata del PRI al gobierno de Mérida, Angélica Araujo Lara.

El 2 de abril de 2008, la gobernadora del Estado mediante un oficio solicita al Congreso del Estado se le autorice realizar un préstamo bancario por $360 millones para la compra de tierras de origen ejidal en Ucú. La mayoría priista del Congreso autorizó al Poder Ejecutivo contratar dicha deuda. Fue Banorte quien otorgó el crédito y el empréstito sería para pagar como máximo en 60 meses.

Ya trascurrieron 24 de los 60 meses y a la fecha no se sabe cuánto de ese dinero han recibido los ejidatarios. Según ellos, aún falta un pago pendiente por realizarles.

Al 30 de septiembre de 2009 ya se había dispuesto del empréstito la cantidad de $343, 375,000.00 según un documento que la Secretaría de Hacienda envió al Congreso del Estado y firmado por Juan Ricalde Ramírez.

La hoy candidata del PRI a la alcaldía de Mérida fue la encargada de realizar los trámites y de poner en marcha el proyecto. En ella recayó realizar los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio Técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal y la prospección de vestigios arqueológicos. Ninguno de ellos se encuentra concluido según un informe del IVEY.

Otra de las funciones encomendadas a la Arq. Angélica Araujo fue la venta a futuro de los terrenos a los empresarios de la construcción. Con ello se recaudaría dinero como anticipo a ventas futuras que serviría para la campaña pasada a diputaciones federales y para la actual campaña a la alcaldía de Mérida. Esos anticipos no oficiales les garantizarían a los empresarios inmobiliarios participar a futuro en el "gran negocio de Ucú".

Con el retraso en la conclusión de la parcelación y la titulación de los terrenos de Ucú, se ha creado un ambiente de desesperación y desconfianza entre los empresarios inmobiliarios que han realizado "anticipos". Ello ha llevado a que el dinero —por ese lado— no fluya según lo planeado para la campaña. De allá surge la teoría de que, de manera emergente, se obtuvieran recursos por otra vía. Esa vía —fast track (vía rápida)— fue la compra de los terrenos de la zona arqueológica de Chichén Itzá para lo cual se contrató un crédito por $230 millones de pesos, del cual una parte fue para pagar a Hans Juergen Thies Barbachano propietario de los terrenos y la otra, se especula, sirvió para la campaña de Angélica Araujo a la alcaldía de Mérida.

Ejidatarios, los grandes ganadores

La posibilidad de que los ejidatarios vuelvan a poseer sus tierras es muy alta. Esto es debido a que muy probablemente el RAN no pueda realizar la parcelación y por lo tanto no se puedan realizar los títulos de propiedad de las tierras. Ello dejaría a los ejidatarios de Ucú como los grandes "ganones" del fallido Plan Maestro Ucú.

Según el Artículo 59 de la Ley Agraria las tierras con vocación de bosques y selvas no serán sujetas a parcelación y, por lo tanto, esas tierras serán inalienables.

Son 11 los ejidatarios a los que se les pretenden parcelizar 3012 hectáreas de los terrenos de Ucú. Después de dos años de trámites aún no se ha podido: las tierras siguen siendo de uso común y en posesión de los ejidatarios. Eso se demostró cuando hace aproximadamente dos meses el Gobierno del Estado contrató a trabajadores para que abrieran brecha en los terrenos y éstos fueron expulsados por los ejidatarios de Ucú ya que existe el malestar de que aún no han recibido el último pago.

Son 11 los ejidatarios a los que se les pretende parcelizar las 3012 hectáreas de Ucú.

Negocio multimillonario y migajas para los ejidatarios

El multimillonario negocio del Plan Maestro Ucú diseñado por el diputado Felipe Enríquez Hernández —compadre de Ivonne Ortega— para financiar la campaña de la Arq. Angélica Araujo a la alcaldía de Mérida y para otras campañas, representa un negocio de varios miles de millones de pesos.

Para empezar, las tierras se pretenden comprar con un crédito de $350 millones adquirido de una institución bancaria pero cuyos pagos de intereses y capital saldrán del erario público. El dinero se repartirá entre 171 ejidatarios y 180 posesionarios, dándoles a los primeros 100% y a los segundos únicamente 80%, esto es, recibirá cada quien entre $800,000 y $1,200,000.

Una vez que el Gobierno del Estado tenga la posesión legal de los terrenos se invertiría en infraestructura urbana con recursos del Estado de aproximadamente $1,000 millones. Ello daría plusvalía y se elevaría el precio por hectárea aproximadamente 10 veces, o sea, tendrían un valor "extraoficial" para vender a los constructores de $1,200,000.00 por hectárea, haciendo un total de $3,600,000,000 (tres mil seiscientos millones de pesos). Pero, claro está, de manera oficial se vendería a un precio mucho menor para poder sacar millonarias ganancias para políticos involucrados en el asunto y para las campañas del PRI.

Al final, estimando que el proyecto contempla la construcción de 56,000 viviendas, se estaría hablando de $11,200,000,000 (once mil doscientos millones de pesos), más lo que dejen los otros rubros como la venta de locales comerciales y para industrias de bajo impacto. Continuará.

Proyecto del Plan Maestro de Ucú