Legisladores panistas exhiben elementos de peculado de $360 millones en el gobierno estatal

Imposible para Ivonne Ortega demostrar que el gobierno del Estado es propietario de 3,000 hectáreas en Ucú, advierten los legisladores.

Con las pruebas en la mano, legisladores federales y estatales del PAN, encabezados por el senador Hugo Laviada Molina, dieron a conocer que denunciarán el sábado próximo al Gobierno del Estado de Yucatán —como entidad jurídica encabezada por Ivonne Ortega Pacheco— por el peculado de $360 millones, monto que según el Ejecutivo estatal, destinó para la compra de 3,000 hectáreas en Ucú, de las cuales no es propietario porque el proceso agrario aún continúa.

El senador Laviada Molina señaló que esta nueva irregularidad de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco hace suponer que el dinero, cuyo gasto no ha justificado el Ejecutivo, ha sido utilizado en las campañas políticas.

Aunque admitió que el interponer la denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (PGJE) que maneja el gobierno estatal no es la instancia idónea —el Ejecutivo sería juez y parte— el PAN no puede hacerse de la vista gorda.

De izq. a der: el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco; la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama; el senador Hugo Laviada Molina; y los diputados, Daniel Ávila Ruíz y María Yolanda Valencia Vales durante la rueda de prensa.

Destacó que Felipe Enríquez Hernández —delegado del CEN del PRI en Yucatán y operador de la campaña de Ivonne Ortega al gobierno de Yucatán— adquirió 600 hectáreas más, cercanas a Ucú y a Caucel. Estas 600 hectáreas no son parte de la compra hecha pública. Por lo tanto, suponemos que son para beneficiar a amigos y simpatizantes del PRI en el ramo inmobiliario debido a la alta plusvalía de estas tierras, por su ubicación.

Agregó que, al igual que en el caso de la compra de tierras de Ucú, este tráfico de tierras, del cual es experto Enríquez Hernández, aún está en medio del proceso agrario.

En rueda de prensa en el Comité Directivo Estatal del PAN, el diputado Daniel Ávila Ruíz, enseñó y entregó a la prensa un documento con fecha del 8 de octubre de 2009, firmado por la gobernadora Ivonne Ortega, en el que informa sobre la deuda pública al 30 de septiembre de ese mismo año.

En este oficio se anexó a detalle que a esa fecha el gobierno estatal erogó $343 de los $360 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado para la adquisición de tres mil hectáreas en Ucú, pero omitió informar el destino de ese dinero. El secretario de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez, avaló la veracidad de esos datos con su firma.

—A ver, no se confundan: lo importante de este caso es que el gobierno no utilizó ese dinero para comprar los terrenos de Ucú porque éstas aún siguen siendo ejidales y, por lo tanto, el gobierno estatal no es su propietario. El Ejecutivo tiene que explicar en qué usó ese dinero.

El diputado Daniel Ávila enseña el documento firmado por el secretario de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez en el que se informa la erogación de $343 millones de pesos de los $360 millones aprobados para la compra de terrenos de Ucú.

Al respecto, el senador Hugo Laviada destacó que el PAN no está inventando acusaciones contra el gobierno estatal porque tiene las pruebas en la mano de lo que está diciendo.

—Es la gobernadora la que tiene que demostrar que esos títulos de propiedad existen, pero le es imposible hacerlo porque no los hay.

Explicó que, mientras el proceso agrario por la compra de los terrenos continúe, éstos siguen siendo ejidales, y sólo hasta que el procedimiento concluya y se elaboren los títulos de propiedad es que el gobierno estatal debe pagarlos y considerarse su dueño.

—Es mentira —aunque el gobierno insista en que ya los compró— porque la Registro Nacional Agrario ya dijo que el proceso continúa. Así que la gobernadora le debe una explicación a los yucatecos de lo que hizo con el recurso público.

Y su excusa es: "son tiempos electorales"

El senador Alfredo Rodríguez y Pacheco explicó la situación a los reporteros de manera más informal.

—¿Quien de ustedes pagaría por un coche o una casa sin tener una factura que los acredite como dueños? Esto es igual. Si no hay escrituras, el gobierno no puede entregar el dinero. Pero la realidad es que se los gastó en otra cosa: las campañas políticas.

La gobernadora avala con su firma el gasto ilegal de los $343 millones que no fueron utilizados para la compra de las tres mil hectáreas en Ucú.

Destacó que el 9 de marzo pasado la coordinación de los diputados en el Congreso del Estado recibió la contestación del secretario general de Gobierno, Víctor Sánchez Álvarez, al oficio que envió el 13 de enero pasado solicitando la documentación correspondiente a la adquisición de tierras del ejido de Ucú.

Precisó que Sánchez Álvarez informó que les mandará la información "cuando ésta se acopie por completo".

Sobre ese tema, Ávila Ruíz comentó que desde hace dos años los diputados panistas están esperando que el gobierno del estado les envíe la documentación de la supuesta compra.

—El Congreso les autorizó el préstamo el 15 de abril de 2008 y a la fecha el Ejecutivo no quiere explicar en qué gastó realmente ese dinero.

La gobernadora, lo único que sabe decir cuando se le pregunta sobre el préstamo y nuestra denuncia, es que "estamos en tiempos electorales".

Por su parte, la diputada María Yolanda Valencia Vales destacó que el despilfarro ilegal de los $360 millones es otro ejemplo del endeudamiento y desvío de recursos en el que Ivonne Ortega ha sumido a los yucatecos.

Una de las pruebas del PAN en el que demuestra el gasto de los $343 millones de pesos. El gobierno estatal no ha documentado aún la supuesta compra de los terrenos.

—Primero nos recetó los $1,870 millones; luego los $360 millones para la supuesta compra de terrenos de Ucú y para terminar, los $280 millones para la compra de Chichén Itzá.

Nos debe una larga explicación de lo que ha hecho con este dinero público y por eso le exigimos transparencia.

{xtypo_rounded4}"Una compra perfecta"

Durante más de 20 minutos, Sergio Cuevas González, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, explicó a reporteros que el procedimiento legal que siguió el Ejecutivo en la adquisión de 3,012 hectáreas de terrenos en Ucú, por los que pagó $343,374,526, fue "una compra perfecta" porque se hizo con la voluntad de ambas partes  —ejidatarios y gobierno estatal— que juntos acordaron precios y pagos.

—Practicamente ya están listos los títulos de propiedad, que es lo único que nos falta para dar por terminada la compra.

Agregó que desde el 19 de mayo que se firmaron los contratos con 11 ejidatarios de Ucú, elegidos en una asamblea de esa población, el gobierno hizo el primer pago por los terrenos, estableciendo la posesión del gobierno estatal desde ese momento.

Indicó que algunos medios incluso han sido testigos de los pagos hechos a los ejidatarios de Ucú, ya que éstos se han realizado en asambleas públicas.

Sin embargo, la explicación de González Cuevas no respondió a los señalamientos de los legisladores panistas, quienes no cuestionaron el procedimiento por el cual se está llevando a cabo la compraventa sino el hecho de disponer del dinero sin tener los títulos de propiedad.

Al respecto, analistas jurídicos comentaron que es muy distinto tener la posesión de los terrenos —como afirmó González Cuevas— a ser propietario del mismo, lo cual sólo puede ser posible cuando se tienen los títulos de propiedad.

Sobre el argumento del pago a ejidatarios en asambleas, opinaron que eso no justifica la ilegalidad, ya que el dinero puede ser entregado por otros conceptos y no por el de la compra de terrenos, que debe pagarse hasta tener los títulos de propiedad. L.I.{/xtypo_rounded4}