México (16 de julio).- Luego que se aprobaran en comisiones del Senado los cuatro dictámenes de las leyes secundarias de la reforma energética, el PRD en pleno reiteró su postura sobre lo avalado por PRI y PAN, y aseguró que no puede apoyar una reforma que representa un riesgo para el país.

En conferencia de prensa, en un hotel de la Ciudad de México, y encabezados por el líder nacional Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas y los coordinadores en el Congreso, Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, expusieron ocho peligros que implica la reforma energética.

Al fijar la postura del partido, Jesús Zambrano enumeró los riesgos que desde su análisis representa para la nación la reforma energética.

1.- Aniquila a las empresas productivas del sector energético el objetivo; Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) “se convertirán en testigos de piedra viendo pasar a la competencia internacional, acelerando con ello, su desaparición en el mediano plazo y aumentando la dependencia energética, y la extranjerización del sector”.

Dijo que los dictámenes que serán discutidos y votados esta semana reducen a las empresas del sector a su mínima expresión y facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras. Además de que la Secretaría de Hacienda continúa exprimiendo fiscalmente a Pemex, ahogándolo presupuestalmente, a través, de decidir el balance financiero y el techo presupuestal, y decidiendo por entero los proyectos productivos de nuestra petrolera mexicana.

El régimen fiscal para Pemex es prácticamente el mismo que opera en la actualidad y, aunque se diga lo contrario, lo cierto es que las propuestas de ley en materia presupuestal no le otorgan autonomía ninguna. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa.

Además, ahora la Secretaría de Energía estará facultada para obligar a Pemex a no invertir, producir o competir en la industria petrolera nacional; es decir: a Pemex todo el peso del Estado y a las compañías extranjeras el libre mercado.

Señaló que detrás de esta propuesta está la voluntad de que Pemex deje de crecer y ceda a otras empresas extranjeras y de manera inmediata los nuevos espacios y, de manera paulatina, los espacios donde hoy está bien asentado. Por ello, de la lógica de la mayor secrecía en la “Ronda Cero”, de la nula transparencia en sus proceso internos de aprobación para entregar la riqueza nacional a los extranjeros.

2.- Tolera la corrupción y la impunidad antes, y después de la reforma energética; antes de la dictaminación y aprobación de la reforma, la corrupción se solapa y forma parte del proceso mismo del negocio energético. El caso Oceanografía es un mensaje claro que no sólo no habrá sanciones a las administraciones pasadas, sino además se mantendrá la impunidad en la reforma energética ahora multiplicada con la participación de nuevos operadores, a través, de la figura de empresas petroleras transnacionales.

Además, en materia de transparencia continúa la limitación a la información bajo el pretexto de confidencialidad para excusar la flagrante impunidad.

Han pretendido poner un velo para ocultar los negocios personales y con ellos la corrupción que imperará en el futuro con la reforma energética.

La propuesta es encubrir la corrupción, asumir la discrecionalidad como política interna del negocio para evitar la máxima publicidad y la rendición de cuentas. Lo que está de fondo en todo esto es mantener la impunidad de las administraciones pasadas pero también de los negocios personales futuros.

1. Legaliza el despojo de tierras por utilidad pública. El despojo de tierras privadas, sociales e incluso públicas en favor de las empresas extranjeras que llegarán al país a explotar el petróleo y la electricidad, derivado de la reforma constitucional y ahora legal.

El despojo se legaliza en los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica y se amplía en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética.

Se protege a las compañías petroleras extranjeras más que las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional.

Se pasará de un régimen de propiedad pública a otro privado, que implicará un despojo de la tierra en los procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social.

1. Abandona la proveeduría nacional y protege al capital privado extranjero. Con el objetivo de brindar todas las facilidades a las compañías energéticas internacionales se sacrifica a la incipiente proveeduría nacional, dejándolas en el mejor de los casos a su suerte sin mecanismo gubernamentales de apoyo, promoción o impulso para poder competir con los nuevos participantes.

Si no se incorpora integralmente el tema del contenido nacional a una política industrial sustentable y de largo plazo, más temprano que tarde las compañías nacionales desaparecerán del proceso productivo mexicano con el impacto negativo en términos de desempleo y destrucción de riqueza nacional.

Consideró que el mínimo de contenido nacional tiene que ir en un rango de entre 40 a 60 por ciento, dependiendo de la complejidad geológica y el desafío tecnológico e industrial de las áreas de hidrocarburos. Sin embargo, también reconocemos que esto será insuficiente si no logramos asegurar que el contenido nacional sea parte de una política industrial integral del Gobierno Federal con mecanismos que garanticen al mismo tiempo su financiamiento y desarrollo.

Es necesario asumir el costo de apuntalar firmemente nuestra proveeduría nacional en materia energética con la consecuencia de impulso al empleo y al desarrollo económico nacional, o en su caso, destruir el poco encadenamiento industrial y productivo con la entrada de nuevos competidores.

1. Constituye Órganos reguladores débiles y sometidos al Gobierno Federal. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán sometidas por las políticas públicas del gobierno federal, de la Secretaría de Energía para decirlo claro, perdiendo con ello la estabilidad, continuidad, imparcialidad, neutralidad y la prevalencia de criterios técnicos en las decisiones.

Es decir, los órganos reguladores tal y como lo determina la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética estarán limitados y sometidos a las decisiones gubernamentales. Este hecho se acentúa, si se considera que las propuestas de ley y sus dictámenes eliminan de un plumazo el único mecanismo de planeación que se tenía con participación del Congreso de la Unión como era la Estrategia Nacional de Energía.

Ahora, la Secretaría de Energía decidirá, sin planeación ni política energética, el futuro energético del país.

De manera particular, preocupa que la Comisión Nacional de Hidrocarburos afrontará su papel de árbitro de la apertura de los hidrocarburos sin capacidad técnica, operativa y con un gran déficit intelectual para regular a los grandes corporativos internacionales. No sólo no se corrigen estas omisiones sino que se profundizan.

1. Desaparece a CFE y privatiza la Industria Eléctrica. La reforma energética que impulsa el Ejecutivo Federal no está diseñada para fortalecer a las empresas públicas, al contrario, la creación de mercados y el mayor protagonismo del sector privado exigen que las empresas públicas cedan espacios, se achiquen y pierdan fuerza.

En ese contexto, el futuro más negro no es para Pemex sino para la CFE, paraestatal condenada a la segmentación, disgregación y extinción.

De acuerdo con el marco jurídico propuesto por el gobierno federal y los propios dictámenes del Senado de la República, CFE pierde toda exclusividad en la industria eléctrica y sus espacios de participación quedan reducidos.

Ofrecerá el servicio público de transmisión y distribución, pero la Secretaría podrá obligarla a operar dichas actividades a través de empresas privadas mediante contratos o asociaciones. La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional dejarán de estar a su cargo, pues en adelante serán realizadas por el Cenace.

CFE seguirá presente en la generación pero perderá una buena parte de sus centrales en razón de las políticas de promoción de la competencia, además de que en cualquier momento la Secretaría de Energía podrá ordenar la separación legal e incluso la desincorporación de activos.

CFE ofrecerá el servicio básico de energía eléctrica pero se le podría obligar a ceder operaciones si no cumple con los estándares establecidos por la Secretaría de Energía o los objetivos de rentabilidad financiera impuestos por la Secretaría de Hacienda.

La Nueva CFE no nace como una empresa eléctrica sino como una empresa desintegrada y sin suficiente autonomía para competir en los mercados de energía.

1. Vulnera a los trabajadores y olvida al Pasivo Laboral, que será una bomba de tiempo financiera. No se plantean mecanismo para fondear el pasivo laboral de Pemex que asciende a más de 1.1 billones de pesos, dejando en total vulnerabilidad financiera a la petrolera.

Este pasivo, producto de la asfixia fiscal que mantiene la Secretaría de Hacienda sobre Pemex, representa casi una tercera parte del Presupuesto Federal y de no atenderse, podría generar un problema financiero de proporciones incalculables.

Además, los trabajadores del sector energético son los más vulnerables en toda la propuesta gubernamental y en la negociación senatorial. No sólo van a estar sujetos a despidos masivos injustificados sino las propias leyes prohíben el reparto de utilidades protegiendo con ello las ganancias de las compañías petroleras extranjeras en contra de lo consagrado en el artículo 123 constitucional.

1. Diseña un modelo energético sin futuro sustentable. El proyecto de reforma energética apuesta hacia un modelo energético con base en el crecimiento de la explotación de los hidrocarburos a cualquier precio, quedando las energías limpias y renovables totalmente marginada. México, país altamente vulnerable al cambio climático, debe transitar hacia una economía baja en carbono para enfrentar dicho cambio.

Lo anterior se expresa, en que Pemex y CFE carecen de mandatos efectivos e instrumentos de gestión, que les permitan realmente ser empresas integrales en generación de energía, considerando la producción de las energías limpias y renovables.

Asimismo, se debe advertir de los enormes riesgos, que como país se asumen de orientarse de manera preponderante el crecimiento económico a través de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

Se impulsan procesos de extracción cuestionables por sus potenciales daños al medio ambiente y la salud humana, como el denominado fracturamiento hidráulico o fracking. Este tipo de tecnologías están prohibidas en varios países de Europa y algunas entidades de los Estados Unidos de América.

Por todo lo anterior expresaron los perredistas “estamos en contra de la reforma energética de Enrique Peña Nieto”.

Aseguraron que entregará la explotación del petróleo y la electricidad a manos privadas, y la Nación perderá ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico

Porque dejará en manos del mercado servicios esenciales como el suministro de combustibles y electricidad, lo que aumentará los precios de gas, electricidad, gasolinas y transportes, y pondrá en riesgo la seguridad energética del país.

Eliminará los subsidios al consumo de gas y electricidad de millones de hogares, lo que reducirá el bienestar de esas familias.

Y porque a través de contratos va a perpetuar el control de empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano, enajenando la propiedad y la soberanía del país sobre sus recursos naturales.

Las empresas mexicanas que hoy suministran insumos, equipos y tecnología a Pemex y CFE serán desplazadas por empresas extranjeras, lo que desestimulará la inversión nacional y aumentará el desempleo.

Serán expropiadas tierras ejidales, indígenas o de propietarios rurales a favor de empresas privadas que lleven a cabo actividades vinculadas a hidrocarburos y electricidad, y los ocupantes de esas tierras podrán ser expulsados.

Van a desmantelar a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad, organismos que han sido pilar del desarrollo del país desde hace más de 75 años.

Someterá al país a riesgos de conflictos internacionales cuando instituciones mexicanas intenten evitar ilícitos de entidades extranjeras que operen en territorio nacional.

Porque despedirán a miles de trabajadores de CFE y Pemex, y disminuirá los derechos laborales al proponer eliminar el derecho al reparto de utilidades para los trabajadores de las empresas privadas que participen en el sector energético.

Y los excedentes del petróleo servirán prioritariamente para garantizar el pago a los contratos petroleros privados en lugar de formar y proteger un ahorro para el futuro de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

Además de que ignora la urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética que fomente la incorporación de fuentes renovables y el ahorro de energía, indispensables para evitar que se siga dañando el medio ambiente.

La propuesta, aseguraron, es irresponsable al dejar que el mercado determine suministro y precios de bienes esenciales para la sociedad con un sistema de regulación frágil, como lo muestran múltiples ejemplos de países donde se ha impuesto el mismo modelo; que lo único que produce es corrupción para beneficio de empresas especuladoras y para los funcionarios y legisladores que promueven este tipo de reformas.

No aprovecha experiencias positivas de otros países para que el sector energético impulse la inversión, el empleo, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, los salarios y la industrialización a partir de empresas arraigadas en México e interesadas en el desarrollo nacional.

Por el contrario, la reforma de Enrique Peña y del PAN es improvisada, montada sobre una campaña de medios dirigida a engañar a la población y al beneficio de unos cuantos.- (Agencias)