Mérida, Yucatán a 28 de octubre de 2015.- En la necesidad de proteger y asistir a las mujeres que sufren violencia de género o pasan por un proceso judicial coincidieron jueces en materia familiar y penal del Poder Judicial, así como una especialista en psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán.

En el marco de las acciones para institucionaliza la perspectiva de género en la labor judicial, se llevó a cabo la mesa panel “Acceso a la justicia con Perspectiva de Género, Violencia de Género”, en la cual los panelistas hicieron énfasis en tener presente como juzgadores la situación de violencia que padecen, mayormente, las mujeres, pero también otros miembros de la familia como los menores.

La mesa panel se realizó la tarde de ayer en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia del Estado y estuvo moderada por la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, quien es enlace de igualdad de género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

En su oportunidad, la jueza de oralidad familiar del Poder Judicial Lic. Enna Rossana Alcocer del Valle, señaló que la definición de violencia según el Código de Familia del Estado, hace referencia a la violencia familiar, es decir, la que se ejerce contra algún miembro de la familia por parte del cónyuge, concubino, concubinario o pariente consanguíneo y establece los tipos de violencia como la psicológica, patrimonial, económica y sexual y rige al momento de conceder las medidas de protección en el sistema de oralidad familiar.

“La participación del estado y de las autoridades ante esta problemática es condenar la violencia y tender a erradicarla, brindar protección jurídica a la mujer respecto de sus derechos sobre una base de igualdad con los del hombre y la abstención de toda práctica discriminatoria”, aseguró la juzgadora.

Cuando una mujer comparece ante un juez familiar y solicita una medida de protección, es un asunto muy delicado, el juzgador puede no tener elementos suficientes para resolver y en esos casos hay que tener en consideración que el sistema de oralidad familiar, en primer término, es un sistema basado en el principio de buena fe, sin embargo hay ocasiones en las que sí se cuenta con relatos y con documentos de denuncias, expuso ante el nutrido auditorio.

Expplicó que la ley de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Yucatán faculta a la autoridad judicial para conceder este tipo de medidas sujetas a prueba, a las cuales es importante darles la celeridad posible para proteger a este sector vulnerable de la sociedad que demanda protección.

Es importante, resaltó, que el juzgador llegue al fondo del asunto valiéndose de cualquier prueba que considere pertinente para esclarecer los hechos controvertidos. Por otro lado, la concesión de la medidas de protección a los hombres también es factible, juzgando con perspectiva de género, siendo siempre cuidadosos.

En su turno, el juez de control del Poder Judicial, Lic. Antonio Bonilla Castañeda, mencionó que todo juzgador tiene por mandato constitucional juzgar con una perspectiva de género buscando que no se violente el derecho humano que toda persona tiene al acceder a la justicia.

Esto implica, continuó, que el juzgador debe considerar situaciones particulares de cada uno de los ciudadanos para poder arribar a una conclusión que le permita analizar las circunstancias bajo las cuales la persona que resintió una lesión jurídica pueda encontrar una solución a través de la justicia.

“Hablar de perspectiva de género también implica que el hombre también puede ser víctima, pero es evidente que en nuestro país la violencia de género se va hacia la mujer, lo cual tiene que ver con los estereotipos que socialmente hemos aprendido y repercuten en conflictos penales”, dijo.

Expuso que estereotipar es asignar funciones y roles, en el caso de la sociedad las funciones que tienen la mujer y el hombre, lo cual influye para que se den conflictos previstos como delitos, y ello amerita una eficaz protección a los derechos de las mujeres.

Como sociedad ya no podemos seguir construyendo estereotipos y como instituciones del estado estamos para garantizar y proteger a la mujer cuando se encuentren en un riesgo. Por otro lado, las medidas de protección en el ámbito penal se dan incluso antes de presentar una denuncia, pero también hay la posibilidad de poner medidas cautelares idóneas que protegen a la víctima y que garanticen una tranquilidad y no una zozobra durante el procedimiento iniciado, finalizó.

En su intervención, la psicóloga Faridé Castillo Peña de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) habló de los tribunales amigables para niñas, niños y adolescentes, los cuales son necesarios para que un menor que se encuentra en contacto con el sistema de justicia tenga herramientas para superar esa experiencia y pueda superarlo de forma exitosa, incluso en su vida adulta.

Dijo que hacer tribunales amigables para niños, niñas y adolescentes implica cuidar sus derechos, protegerlos y mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento psicológico y social durante el proceso.

Sobre perspectiva de género, la especialista explicó que es importante pensar en las hijas e hijos de las personas que sufren violencia. “No hay que olvidarlos, porque un pequeño que no tiene una experiencia sanadora y terapéutica, con los años se convierte en un adulto incapaz de desarrollar una personalidad saludable”.

Resaltó la alianza estratégica y positiva entre la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Poder Judicial del Estado para establecer mecanismos y trabajar con materiales, espacios físicos y de justicia amigables, lo cual traerá un impacto positivo en el tejido social.