México (30 de octubre).- La Procuraduría General de la República (PGR) ampliará los interrogatorios a militares y otras fuerzas federales para aclarar cuál fue su rol durante el ataque a 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, como parte de una nueva investigación de un caso que reveló la complicidad del crimen organizado con autoridades y cimbró al gobierno.

Las familias de las víctimas y expertos internacionales han exigido esclarecer cuál fue el papel de los efectivos federales presentes en la ciudad de Iguala el año pasado, mientras un centenar de estudiantes eran baleados por policías municipales, y las razones de por qué no los auxiliaron.

“Se investigará todo lo que se necesita para desahogar el caso, todo”, dijo el nuevo jefe de las pesquisas, al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, acerca de si los militares y efectivos federales serían interrogados pese a la reticencia del sector castrense.

Esto incluye tomar declaraciones de nuevo a los que ya fueron interrogados, ampliar otras y citar a nuevos.

Bajo presión de organismos internacionales y tras un informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mostró serias fallas en la investigación oficial, y que desechó incluso su hipótesis de que todos los estudiantes fueron quemados en un basurero, el gobierno iniciará una nueva búsqueda con tecnología más avanzada, que incluye drones.

Betanzos dijo que el gobierno está decidido a agotar la investigación, incluyendo dilucidar si hubo más fuerzas a nivel federal involucradas en el episodio, más allá de los policías municipales de las ciudades de Iguala y Cocula.

Hace poco, el exgobernador de Guerrero -que estaba en el cargo cuando ocurrió el ataque-, Ángel Aguirre, y el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, detenido como uno de los principales responsables del ataque, dijeron que pidieron auxilio al Ejército -que controla la seguridad en la región- pero no recibieron apoyo.

Sobre este punto “es necesario hacer una ampliación de declaraciones de las autoridades que dicen que llamaron y de las que dicen haber llamado”, explicó.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mostrado total disposición en colaborar con la investigación y en aclarar estas acusaciones, dijo Betanzos.

Pero hace unas semanas el jefe del Ejército, Salvador Cienfuegos, había rechazado que sus subordinados fueran interrogados por los expertos de la CIDH, y dijo que no tendrían por qué haber intervenido para frenar el ataque porque era asunto de policías locales.

Tecnología entra a la investigación

Betanzos dijo que la búsqueda de los jóvenes no se centrará solo en Guerrero, al sur de México, donde se ubica Iguala, y que podría extenderse a todo el país si es necesario.

Para ello contará con un equipo especial integrado por decenas de investigadores de la PGR y policías federales que peinarán Guerrero con la tecnología LIDAR, que utiliza sensores con rayos infrarrojos y ultravioletas para detectar alteraciones en el terreno.

Además se usarán sistemas de geolocalización satelital y drones acuáticos y terrestres para buscar fosas clandestinas y restos humanos.

Guerrero es una de las zonas más peligrosas de México. Grupos de narcotraficantes luchan por los territorios donde se cultiva amapola, base de la heroína.

Los policías que atacaron a los estudiantes trabajaban para un grupo de la delincuencia organizada de la zona, Guerreros Unidos. Decenas de supuestos sicarios de este grupo y policías municipales de Iguala y Cocula están detenidos por el presunto crimen de los estudiantes.

Algunos de los detenidos han denunciado torturas. Según los expertos de la CIDH, esto debilita aún más la investigación que dirigió el entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien fue relevado.

Tortura al ‘Gil’, un detenido clave

Un detenido clave, Gildardo el Gil López Astudillo -a quien Murillo acusó de ser quien dio la orden de quemar a los estudiantes en el basurero de Cocula- ha denunciado torturas, dijo Betanzos.

“Es motivo de investigación también”, sostuvo.

Investigadores cercanos al caso dijeron a Reuters, bajo condición de anonimato, que López aseguró que tenía roto un tímpano. Eso puede ser resultado de una técnica de tortura en la que se golpea al mismo tiempo con ambas manos en los oídos.- (Agencias)