México (2 de abril).-

Una de las leyes más trascendentales para México que podría ser aprobada en este periodo de sesiones en el Senado de la República es la Ley de Ejecución Penal que prácticamente reconstruirá el sistema penitenciario del país, aseguró el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth.

En un comunicado el senador panista sostuvo “que esté en la cárcel quien deba de estar en la cárcel. Aquella persona que por la gravedad de su delito lo debamos de inhabilitar, socialmente hablando, en una situación de reclusión específica. La cárcel no debe servir para todo. La cárcel no debe servir para mantener una persona mientras sea un proceso penal”, dijo Gil Zuarth y aseguró que la Ley de Ejecución Penal tendrá esta visión.

El senador confió en que existe el compromiso de los diferentes grupos parlamentarios para aprobar la Ley de Ejecución Penal que incluirá el modelo de preliberación anticipada por delitos contra la salud, sustitución de condenas por delitos de baja cuantía y garantías para los denominados “niños invisibles”, aquellos que viven con sus madres en los centros de reclusión, principalmente.

Roberto Gil afirmó que hoy en día, en los centros penitenciarios no existen áreas específicas para estos niños. “Muchas de las veces están prácticamente sin atención médica, sin atención a la salud, sin posibilidad de ser educados. Muchos de ellos incluso presencian el acto de la convivencia conyugal porque no hay lugares específicos ni momentos para cuidarlos. Es una situación verdaderamente trágica”.

Gil Zuarth explicó que en la Ley de Ejecución Penal, que se prevé aprobar en este periodo ordinario de sesiones, se establecen “un conjunto de requisitos, obligaciones para las autoridades penitenciarias para atender los casos en los cuales una mujer tiene que convivir con un menor de edad en razón de su situación de reclusión”.

Entre los temas esenciales de la Ley de Ejecución Penal destacan el del modelo de preliberación anticipada y de sustitución de condenas por delitos de baja cuantía. “Se trata de un modelo audaz, un modelo creativo, un modelo de avanzada que va a resolver buena parte de los problemas que tiene hoy en día el Sistema Penitenciario Mexicano”, dijo.

El senador argumentó que el planteamiento es “establecer un mecanismo de liberación anticipada de personas sentenciadas por delitos contra la salud, específicamente portación de marihuana en los umbrales superiores a lo establecido en la ley” lo que va a permitir que aproximadamente 10 mil mujeres puedan obtener un beneficio preliberacional y puedan sustituir la condena que hoy tienen en prisión por un mecanismo de libertad y puedan reprogramar y rehacer su vida.

También se está planteando un programa especial para sustituir penas privativas de libertad para aquellas personas condenadas por delitos patrimoniales de baja cuantía que no tuvieron la posibilidad de reparar el daño, o bien que simplemente no se justifica la pena de cárcel cuando el monto específico del delito no es importante, explicó el senador.

“Esto va a permitir también descongestionar el sistema penitenciario, específicamente por el tema de delitos patrimoniales de baja cuantía. Una buena parte de los presos hoy en día están por delitos menores a 500 pesos; es decir, el delito que cometieron, el robo, el fraude es por cuantías menores a 500 pesos. Es lo que nos cuesta más o menos una persona en situación de reclusión por día. No tiene ningún sentido desde el punto de vista social y económico que tengamos personas pagando una pena de tres, cuatro, cinco años por delitos menores a 500 pesos cuando podemos encontrar otras alternativas”.

La Ley de Ejecución Penal tendrá un transitorio específico para abrir un programa de excarcelación bajo ciertas condiciones, que no se ponga en riesgo la seguridad pública, pero específicamente se trate de personas sentenciadas que no tengan una incidencia delictiva o que no impliquen la posibilidad de reincidencia en estos dos conceptos: portación de marihuana y delitos patrimoniales de baja cuantía.

Roberto Gil adelantó que el próximo martes los legisladores sostendrán la última reunión de trabajo con la representación del gobierno federal para concluir la dictaminación de la Ley de Ejecución Penal en la que está pendiente resolver el régimen transitorio de la implementación de la reforma del sistema penitenciario, y las condiciones presupuestales para garantizar en el corto plazo una exitosa implementación del nuevo modelo.