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México (26 de abril).-
Los 13 Estados que tendrán elecciones este año estrenarán la legislación que prohíbe que los Gobiernos estatales y municipales les dejen a sus sucesores deuda de corto plazo, que sobre todo se da con proveedores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adelantó ayer que la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios exigirá pagar estos pasivos a más tardar tres meses antes del cambio de Gobierno.
Así buscan no repetir casos como el que se registró el año pasado en Nuevo León, donde proveedores y gobernantes entrantes cuestionaron el alto monto de los adeudos cuyo vencimiento es menor a un año.
“La ley será promulgada esta semana y con ello entrará en vigor esa obligación para los Gobiernos locales”, dijo Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, en un foro de Moody?s.
Andrade señaló que tienen hasta el 2017 para reglamentar la ley, pero una fuente oficial explicó que no esperan penalizar las transferencias que hacen a los Gobiernos locales, sino castigar a los funcionarios omisos.
La analista de Moody?s, Roxana Martínez, advirtió que cumplir la ley será un reto, especialmente para los Alcaldes.
“En el caso de los Estados los vemos más listos”, dijo Martínez. “Nos preocupa el tema de los municipios porque también ellos deberán liquidar esas deudas antes de que se vayan y eso pone presiones a sus finanzas”.
Hoy, señaló Moody?s, la deuda de corto plazo de los Gobiernos locales oscila en un rango de entre 3 y 5 por ciento de sus ingresos totales. Según cifras oficiales, la deuda de corto plazo de Nuevo León rozó los 5 mil millones de pesos en septiembre del 2015, último mes de la Administración del priista Rodrigo Medina, que cedió el poder al independiente Jaime Rodríguez.
Esto no se limitó al Estado, ya que, por ejemplo, el Alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, reportó que la panista Margarita Arellanes le dejó mil 500 millones de pesos en deuda de corto plazo y otros compromisos.