México (16 de enero).- Más de 17 mil 500 ciudadanos de 57 países, incluyendo México, Estados Unidos, España, Chile y Argentina, claman por que el gobernador de Texas, Rick Perry, detenga la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, prevista para el 22 de enero.

Un documento, con todas y cada una de las firmas recolectadas por Amnistía Internacional en los últimos meses, fue entregado a la Embajada de Estados Unidos en México, para que se la hagan llegar al gobernador de Texas.

Édgar Tamayo, condenado a muerte por asesinar a un policía

Además, Amnistía Internacional busca ya el mecanismo para hacerle llegar a Edgar Tamayo cuanto antes cerca de 800 cartas de solidaridad que han enviado personas de distintos países, tratando de darle ánimo en estas horas.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, señaló que de llevarse a cabo la ejecución, Texas pondría en entredicho su respeto a la vida y al debido proceso, así como la capacidad de Estados Unidos de cumplir con el derecho internacional.

Y es que Edgar Tamayo Arias es uno de los 51 mexicanos incluidos en el llamado Caso Avena, donde la Corte Internacional de Justicia determinó que se deben de suspender las ejecuciones, mientras se revisan los procesos individuales, ya que se violó el derecho de estos reos a contar con asistencia consular.

“Ejecutar a una persona acusada de homicidio no es justicia, es venganza; y si a esa persona no se le respetaron sus derechos durante el juicio, ni siquiera se le puede llamar ejecución legal, es simplemente un asesinato”, aseguró Perseo Quiroz.

Edgar Tamayo fue acusado en 1994 del asesinato del agente de la policía de Houston, Guy Gaddis; ese mismo año Edgar Tamayo fue sentenciado a la pena capital. Desde entonces, Edgar Tamayo ha permanecido en el llamado “Corredor de la Muerte”.

En su calidad de ciudadano mexicano, Edgar Tamayo tenía derecho a recibir asistencia consular sin retraso alguno, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; sin embargo, las autoridades estadounidenses no le notificaron ese derecho, lo cual, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, colocó a Edgar Tamayo en desventaja “frente a un sistema de justicia que le resultaba ajeno y con un historial de utilizar la pena de muerte principalmente en contra de integrantes de minorías étnicas.

A los llamados de ciudadanos de 57 países, se unen algunos llamados que ha recibido tanto el gobernador de Texas, Rick Perry, como la Junta de Perdones del Estado. En septiembre de 2013, el secretario de Estado de Estados Unidos -es decir, el jefe de la diplomacia estadounidense- John Kerry, le escribió al texano para advertirle que sentenciar a Edgar Tamayo violaba una resolución de la Corte Internacional de Justicia “vinculante para Estados Unidos”. Esto sería,-le advirtió Kerry en su momento, “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos y para sus relaciones con México y podría afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.

Pese a ello, el gobernador Perry fijó la fecha de la inyección letal para Edgar Tamayo para el 22 de enero. En noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Edgar Tamayo y en diciembre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez (de donde es originario el mexicano), pidió a su homólogo texano clemencia, no la consiguió.

Peor aún, en 2008, un psicólogo determinó que Edgar Tamayo padece “discapacidad intelectual leve”, lo cual constitucionalmente debería ser suficiente para evitar una sentencia de muerte. Sin embargo, Edgar Tamayo fue sentenciado y hoy espera su ejecución. - (Agencias)