México (7 de abril).- La del 1 de marzo iba a ser una protesta sin mayor novedad. Seis activistas de Greenpeace ingresaron a la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Puerto de Veracruz (este de México) y desplegaron desde lo más alto una lona con la imagen del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto – tal y como apareció en la portada de la revista TIME– pero manchado en petróleo para manifestarse en contra de la explotación indiscriminada de hidrocarburos en el país. A esta acción le siguió la detención ilegal de los activistas durante 29 horas y después una denuncia contra ellos por allanamiento de morada y daños.

Se trata de la primera vez que la ONG es señalada por la vía judicial en México. Los seis activistas han sido demandados por el allanamiento al edificio de la petrolera mexicana, pero solo una de ellos enfrenta cargos por daño a una lámpara que podría significar entre cuatro y diez años de cárcel. Su nombre es Rosina González y tiene 26 años, es maestra de educación física y desde hace seis años colabora con Greenpeace. La tarde del 1 de marzo, Rosina descendió en rápel desde uno de los balcones del citado edificio para desplegar la lona, durante el descenso la cámara GoPro de vídeo y fotografía que llevaba sujetada a su casco cayó 40 metros hasta el suelo. Pemex asegura que el dispositivo de 136 gramos rompió uno de los reflectores que rodea el edificio y que este vale unos 6.000 dólares.

Antes de que la denuncia fuera presentada, los seis activistas permanecieron detenidos durante 29 horas, tres en las instalaciones de la Marina en Veracruz, tres más a bordo de un vehículo de la Policía Federal y el resto en una celda en el Ministerio Público. La ONG ya ha puesto una queja ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) por la privación ilegal de la libertad del grupo de activistas. Una tímida Rosina cuenta que la incertidumbre durante las horas de arresto soltó las alarmas sobre las acciones legales que la petrolera podría emprender contra el grupo.

En el último año, la activista ha participado en protestas en el Senado – descolgándose también en rápel desde una de las tribunas de la Cámara para protestar contra el maíz transgénico—así como en el Zócalo y en la Estela de Luz de la Ciudad de México. En todos los casos, los activistas exhibieron lonas con lemas y fueron “invitados por las autoridades” a abandonar el sitio donde realizaron las diferentes manifestaciones, sin detenciones, ni denuncias de por medio. La protesta en Pemex ha tenido un resultado distinto. “Se me hace muy injusto que traten de criminalizar la protesta y más si es pacífica. Es como un mensaje para que Greenpeace se calle”, comenta Rosina a EL PAÍS.

La organización pagó unos 7.500 dólares como fianza para que los activistas fueran liberados. El grupo está a la espera de que un juez federal analice su caso, mientras pide a Pemex que retire los cargos. La petrolera ha manifestado que retirará la denuncia sólo si los activistas pagan el costo de la lámpara, pero aún no ha comprobado con la ONG la existencia de los daños, ni que el valor real del artefacto sea de 6.000 dólares. “Por qué se va a pagar algo que no se ha comprobado que nosotros hicimos”, reclama con espontaneidad Rosina. La organización se ha movilizado en las redes y ha logrado reunir unas 26.000 firmas para pedir a Pemex que retire los cargos contra los activistas. La petrolera mexicana ha declinado a comentar sobre el tema.

Para Femke Bartels, directora de Greenpeace México, la reacción de las autoridades mexicanas ante la protesta del 1 marzo ha sido desproporcionada. “Lo hacen [ponen una denuncia] porque estamos protestando, porque no les gusta y porque no quieren que lo hagamos de nuevo”, comenta. Bartels ha trabajado para la ONG durante 16 años en cuatro continentes y asegura que la denuncia de Pemex contra los activistas no tiene precedentes. “México en este momento es uno de los países con mayor desarrollo y Peña Nieto está haciendo un gran esfuerzo para atraer inversores para llevar a México a otro nivel, pero al mismo tiempo Pemex actúa como si esto fuera una dictadura donde castigas a cualquier persona que se manifiesta por sus derechos”, expone.

Antes que en México, el último país en presentar una denuncia contra los activistas de Greenpeace ha sido Rusia. En septiembre del año pasado, 28 miembros de la ONG y dos periodistas fueron detenidos mientras intentaban llegar a la plataforma petrolera Prirazlómnaya, en el mar de Pechora (al norte de Rusia, cerca del Ártico) también para protestar contra la explotación de hidrocarburos. El Gobierno ruso les imputó cargos por vandalismo por los que podrían ir a la cárcel durante siete años. Y aunque los activistas fueron liberados después de dos meses, su proceso ante los tribunales continúa.- (EL PAÍS)