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México (11 de agosto).- Luego de ser detenida el lunes pasado por agentes de la PGR en Yucatán, Ligia Canto Lugo, la mujer de 57 años que desde 2012 busca a sus tres nietos –sustraídos por el padre, en violación a la custodia concedida a la parte materna–, fue ingresada el miércoles, 6 de agosto, en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, acusada de falsificación de tarjetas bancarias, delito que fue calificado como una “fabricación” por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización internacional que asumió la defensa legal de esta abuela, quien en dos ocasiones ha increpado al presidente Enrique Peña Nieto, durante actos públicos, por su falta de apoyo en la localización de los menores.
“Esta fabricación de delitos viene del Ministerio Público federal, de la Procuraduría General de la República –afirma en entrevista la abogada Alejandra Cartagena, coordinadora del Cladem en Jalisco y representante legal de la señora Canto Lugo–, y operó de la siguiente manera: en 2011, detectaron en la Aduana de Jalisco un paquete enviado desde Guadalajara hacia Estados Unidos, que contenía 18 tarjetas de crédito clonadas. El paquete fue enviado por un tal Jorge Díaz, así que las autoridades fueron a su domicilio y lo hicieron rendir declaración, y entonces este tal Jorge Díaz confesó que él se dedicaba a la venta de tarjetas clonadas, y supuestamente identificó a la señora Ligia Canto y a sus hijos Guillermo y Gabriela (madre de los menores sustraídos) como las personas que le proveían dichas tarjetas falsificadas.”
–¿Esa persona, Jorge Díaz, está actualmente detenido?
–Claro que no –señala la abogada–, esa persona está libre: a pesar de que supuestamente confesó un delito ante el Ministerio Público, lo dejaron en libertad, esto es surrealista. La otra prueba que presenta la PGR en contra de la señora Ligia es la declaración de alguien que en 2011 se presentó como Jesús Camargo, quien supuestamente confesó ante el Ministerio Público que se dedicaba a falsificar pasaportes y visas estadounidenses, y que le había vendido uno de estos documentos al hijo de Ligia, para ingresar a Estados Unidos. En este caso, nuevamente, la PGR dejó en libertad a esa persona, a pesar de su declaración autoincriminatoria… y, curiosamente, tres años después un juez de Jalisco emite una orden de aprehensión contra la señora Ligia e inmediatamente es detenida en Yucatán, mientras que los dos sujetos que supuestamente la implican en delitos ya no aparecen por ningún lado.
Cabe recordar que, en diciembre de 2012, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, prometió a Ligia y a su hija Gabriela la ayuda del jefe del Ejecutivo federal, para la localización de los niños sustraídos por el padre –de 4, 6 y 8 años–, cuando éstas reclamaron a gritos la intervención del mandatario, durante un acto público que encabezaba en Yucatán. Esta oferta, además, fue ratificada por el mismo Peña Nieto en mayo de 2014, cuando la señora Ligia volvió a interpelarlo tras una ceremonia oficial.
Ligia…
La señora Ligia Canto encabeza la búsqueda de sus tres nietos desde febrero de 2013, ya que, desde entonces, su hija Gabriela, madre de los menores, se encuentra escondida, ya que sobre ella pesa una orden de aprehensión por el delito de fraude, que es parte de la campaña de “acoso judicial” emprendida en contra de ambas, como medio de presión para que dejen de reclamar la entrega de los menores, cuyo paradero se desconoce desde 2012.
Esta campaña de acoso judicial, señaló la señora Canto Lugo durante una entrevista concedida en junio pasado, inició tan pronto como se dio el divorcio de su hija Gabriela, quien “por 12 años sufrió violencia conyugal a manos de este sujeto, que no sólo la golpeaba a ella, sino también a los niños, y que es operador financiero del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo (actualmente en prisión, por cargos de desvío de fondos públicos), por eso tiene tantas influencias”.
Así, narró la señora Canto Lugo, en diciembre de 2012, luego del divorcio y de obtener la custodia legal de los menores, Gabriela fue detenida en Yucatán por agentes de Tabasco, “acusada de robo de auto… y el auto que supuestamente había robado era el auto familiar, y era una acusación fabricada desde Tabasco, por su exmarido.”
El momento de la captura, además, fue aprovechado por el padre de los menores para sacarlos del auto en que viajaban con la madre, y desde entonces están en calidad de “sustraídos”, según el reporte respectivo emitido por la PGR.
Por esa acusación, Gabriela pasó cuatro meses en una prisión de Tabasco, durante la cual fue sometida a torturas físicas, como privación de alimentos por hasta cuatro días, con el fin de que cediera la custodia de los menores al padre, y finalmente fue liberada, cuando la misma Procuraduría de Tabasco se desistió de las acusaciones en su contra.
Luego, en febrero de 2013, un juez del Distrito Federal emitió una nueva orden de aprehensión contra Gabriela, por un supuesto fraude cometido en la capital del país, durante el tiempo en que ésta había estado recluida en Tabasco, orden de arresto que sigue vigente y, por la cual, la madre de los menores se encuentra escondida, pasando la estafeta de la búsqueda a la abuela de los niños, la señora Ligia Canto.
–¿El juez de Jalisco que ordenó el arresto de la señora Ligia, ya emitió un auto de formal prisión? –se pregunta a la abogada defensora.
–No, nosotras pedimos una ampliación del término constitucional para que se dicte auto de libertad o de formal prisión, y tenemos 144 horas para presentar pruebas en su favor. Este tiempo, sin embargo, lo pasará en la prisión de Puente Grande, (la misma en la que estuvo preso Joaquín Guzmán Loaera, líder del Cártel de Sinaloa), porque el delito del que se le acusa es considerado “grave”.
–¿Cómo se encuentra ella de salud?
–La señora Ligia es una persona de edad avanzada, y este jueves, que rindió su declaración ante el juez, incluso tuvo que detenerse un momento la diligencia, porque ella se sintió mal, ella está desesperada, y tuvo que venir el médico a revisarla. Cuando ingresó al penal, se determinó que su estado de salud no era bueno, y no fue ingresada a una celda común, sino que fue enviada a la enfermería y ahí está pasando las noches.
–¿Cuál es la perspectiva, en términos legales, para la señora Ligia?
–Nosotras creemos que no existen elementos para iniciar un juicio en su contra y, por lo tanto, que a principios de la próxima semana el juez emitirá un auto de libertad; de no ser así, deberá enfrentar el juicio en esta prisión de alta seguridad. Pero hay algo importante que debe ser subrayado, porque no sabemos qué nivel de conocimiento sobre esta situación poseen, y es que, formalmente, quienes están presentando querella en contra de la señora Ligia son tres bancos, Banamex, HSBC y American Express, que son los bancos a los que pertenecían las tarjetas clonadas detectadas en la aduana de Jalisco, un estado al que Ligia no había viajado antes, ni siquiera como turista.
–En esta oportunidad que tuvo la señora Ligia de hablar ante el juez, ¿qué fue lo que dijo, cómo enfrentó estas acusaciones?
–Ella fue breve, pero muy clara. En un momento, al explicar la situación que sufren su hija y sus nietos, ella sufrió una recaída, pero luego pudo continuar, y hubo algo que conmovió a todos los que estaban presentes en la sala, y fue cuando ella dijo: “Este uniforme penitenciario que hoy porto no es una vergüenza para mí, es una vergüenza para México…”
Este domingo 10 de agosto, distintos grupos civiles de Yucatán han convocado a realizar una marcha silenciosa, con la consigna “Liberen a Ligia y entreguen a sus nietos”, que se realizará a las 10:00 horas, del Monumento a la Bandera a la Plaza Grande de Mérida, y a la que invitan a la ciudadanía a participar, usando ropa blanca.- (Agencias)