MEXICO, D.F., 26 de noviembre.- La Procuraduría General de la República (PGR) no presentó ante el Juzgado Federal correspondiente, ningún vídeo o fotografía en el que se vea a las once personas detenidas el pasado 20 de noviembre agrediendo a elementos del Estado Mayor Presidencial o de la Policía Federal, denunció el abogado defensor Alejandro Jiménez.

El también representante legal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) denunció que a sus clientes no se les permitió llamar a una persona de su confianza al momento en que fueron puestos a disposición de la PGR, ya que el Ministerio Público Federal encargado del caso, Sinué Domínguez Campos, sólo dejó que los once detenidos hablaran con sus familias hasta después de que se les tomó una primera declaración ministerial.

Explicó que esta violación al debido proceso se suma a la imposición de abogados de oficio a los once detenidos, a quienes se negó la posibilidad de hablar y designar a un abogado de confianza, negativa que es contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que representa una grave violación a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Mexicana.

“No hay nada de fotos ni vídeos, de hecho al inicio las habían presentado y al final ya cuando los consignan, las eliminan, ya no mandan nada porque obviamente no les iban a servir porque ellos no aparecen, nada más las ofrecen, pero al final en la consignación del expediente no las adjuntan”, reveló.

Agregó que la consignación de los once detenidos, ocho hombres y tres mujeres, se hizo mediante un álbum fotográfico preparado por el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de que los estudiantes, amas de casa y profesionistas fueran capturados en el Zócalo capitalino y calles aledañas.

Es decir, ya detenidos fueron fotografiados por la PGR y posteriormente los policías afectados por golpes, supuestamente los reconocieron en dichas imágenes.

Dicho procedimiento fue el mismo que se utilizó para detener a los responsables de la matanza de Acteal, Chiapas. No obstante, ya fue declarado como una forma de obtener pruebas ilícitas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el propio caso Acteal.

A pesar de lo anterior, la PGR volvió a utilizarlo para consignar a los detenidos tras las protestas registradas el pasado 20 de noviembre, desestimando el precedente jurídico que culminó en la liberación de casi todos los acusados de asesinar a 49 personas el 22 de diciembre de 1997.

“Los detienen, les sacan fotos y ya después de detenidos, se las muestran a los policías para que los identifiquen, eso es una violación a los Derechos Humanos, es una de las prácticas que mayor vulneración generan, son esas fotos de después de la detención con las que consignan, se las enseñan a los policías y les piden que señalen a quién conocen”, denunció.

Dijo que a esta violación del debido proceso, se suma que los once encarcelados no pudieron comunicarse con sus familias o con sus abogados hasta después de que se les obligó a rendir su primera declaración ministerial, imponiéndoles un abogado de oficio, por lo que incluso el juez de la causa, debió declarar ilegal la detención de los afectados por la actuación de la Policía Federal y de la PGR.

“De entrada, el juez calificó de legal la detención, pero al ver como estaba integrado todo, se podía desprender que la llamada se les permitió realizar a las personas detenidas fue hasta después de que se les había pedido su declaración ministerial, por lo que había elementos suficientes como para no calificar de legal dichas detenciones”, sostuvo.

En este marco, dio a conocer que se ha integrado un equipo de abogados defensores para los once detenidos, destacando que los ocho hombres y las tres mujeres que están internados en penales federales por participar en las protestas del pasado 20 de noviembre, ni siquiera se conocen entre sí, con excepción de una pareja de novios.

Según los testimonios recabados por los abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), ninguno de los once acusados por la PGR llevaba capucha o el rostro cubierto al momento de su detención y la mayoría de ellos cuentan con respaldo de sus instituciones educativas, por lo que tampoco se les puede considerar “terroristas” como pretendía el Ministerio Público Federal antes de reclasificar los delitos en su contra.

Alejandro Jiménez añadió que al no existir lazos entre los detenidos, tampoco se configura el delito de asociación delictuosa, por lo que al momento de rendir su declaración preparatoria ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, todos se declararon inocentes de todos los cargos y pidieron ampliar el periodo para la presentación de pruebas a su favor.

“Pudiendo hablar con ellos nos enteramos de que todos son de contingentes diferentes, de edades diferentes y es increíble que la PGR los quiera vincular a una asociación que tenía por objeto generar violencia durante la manifestación, quieren con una falsa flagrancia justificar todo eso”, sentenció.

Por último, consideró que este caso representa una prueba de fuego para el Poder Judicial de la Federación (PJF) de cara a la entrada del nuevo sistema de justicia penal que arrancó este lunes en los Estados de Puebla y Durango, ya que este sistema hubiera empezado por decretar la ilegalidad de las capturas de las once personas que hoy se encuentran encarceladas. (Noticias MVS)