MEXICO, D.F., 1 de diciembre.- Las nuevas tecnologías son empleadas con mayor frecuencia por ciudadanos para documentar abusos de autoridad.

Especialistas en libertad de expresión, abogados, activistas y servidores públicos destacan una tendencia creciente de los mexicanos para usar los teléfonos celulares como instrumento de defensa, pues con ellos videograban abusos policíacos que después difunden en redes sociales a manera de denuncia.

Señalan que esta acción que pareciera tan simple podría contribuir, incluso, a combatir la impunidad, pues los autores no sólo consiguen “viralizar” o reproducir miles de veces sus imágenes en internet, sino que algunas de ellas han servido como evidencia en procesos judiciales.

Javier Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que la actuación de las fuerzas de seguridad es un acto de carácter público y, por lo tanto, puede ser grabada con base en lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución.

“De tal manera que cualquier persona tiene derecho a videograbar la actuación de una autoridad siempre y cuando no interfiera con sus funciones”, señala.

Jesús González, vocero del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, considera que estos vídeos son una defensa ante los abusos del poder, aunque lamenta que en pocos casos haya una sanción para quienes son sorprendidos cometiendo los excesos.

“Vemos últimamente que no sólo no son sancionados los policías, sino que no son validadas como pruebas en los casos donde la persona que filma es detenida”.

Ello, agregó, sin considerar que quienes graban también son criminalizados.

Hay casos de excepción, como el del activista Sandino Bucio Dovalí, el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) investigado por su presunta participación en actos de vandalismo durante marchas recientes, que fue detenido de manera irregular el 28 de noviembre pasado. Las anomalías cometidas en su captura —sin orden ministerial o judicial—, obligaron a que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en libertad y que los policías federales implicados fueran suspendidos y serán objeto de una sanción administrativa.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha sido el único organismo público en el país que ha emitido una recomendación debido a las detenciones contra personas que han filmado con sus teléfonos algún abuso de autoridad.

El 29 de octubre pasado señaló a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que “impedir que un ciudadano filme una detención o cualquier acto relacionado con las fuerzas policíacas constituye un ataque contra la libertad de expresión, siempre y cuando tal grabación no impida el cumplimiento de su deber”.

Organizaciones como Mientras tanto en México difunden en redes sociales manuales sobre cómo documentar violaciones a los Derechos Humanos o abusos con el teléfono celular.

En YouTube, hay registro de dos mil 800 vídeos de abusos policíacos cometidos en México con miles de visitas diarias.

Chacel Colorado, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional, considera que estas acciones de empoderamiento ciudadano son necesarias ante los elevados índices de impunidad y casos de brutalidad policial que prevalecen en el país.

Hilda Téllez, directora general adjunta de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), asegura que el organismo, por ejemplo, ha iniciado varios expedientes de queja por casos de exclusión a partir de evidencias obtenidas en vídeo.

"Se va a conocer en todo el mundo"

El pasado 20 de noviembre, después de la megamarcha en la que miles de personas exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un grupo de hombres encapuchados protagonizaron hechos violentos.

En un vídeo de dos minutos 51 segundos de duración, una persona mostró desde la azotea del Hotel de la Ciudad de México la persecución policíaca, los gritos, la confusión, las detenciones, los golpes y el asombro que siguieron a la detonación de petardos y la estela de fuego que se veía frente al Palacio Nacional.

"¡Esto se va a conocer en todo el mundo! ¡Represión!", gritaba el hombre identificado como Sergio Saldaña tras su teléfono celular. Una semana después de los hechos, este vídeo tenía 112 mil 551 visitas y 131 comentarios en los que se condena la actuación de los uniformados.

Esa noche, 11 personas fueron detenidas y sus abogados, dice Jesús González, buscaron vídeos como el de Sergio para documentar que sus aprehensiones fueron arbitrarias. Todos están hoy fuera de prisión por falta de pruebas.

Hay más casos. La estudiante Marisol Gómez protestaba junto con un grupo de amigos en las calles de la Ciudad de México. Era el 1 de diciembre del 2012. Manifestaban su descontento ante la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto, cuando al contingente en el que estaba, a la altura del Metro San Cosme, los granaderos comenzaron a corretearlos.

Ella tomó su teléfono y comenzó a grabar la persecución y la detención aleatoria de jóvenes. Cuando los policías se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, la rodearon, la detuvieron con violencia y comenzaron a golpearla. Marisol quedó con lesiones, contracturas en varias partes del cuerpo y crisis nerviosa.

Los especialistas consultados coinciden en que grabar a una autoridad no es ningún delito ni requiere autorización previa y está amparado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, los cuales garantizan el libre acceso a la información, y el derecho a difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

El abogado Javier Villanueva sostiene que no constituye un delito y ninguna persona puede ser detenida por este motivo ni se le puede quitar o destruir su equipo.

Sin embargo, aclara que eso sucede siempre y cuando tal grabación no impida el cumplimiento de su deber.

“Una persona puede grabar lo que esté haciendo en ese momento la autoridad. Lo que no puede hacer es tratar de impedir o interferir en su labor, como lo sería el intentar conseguir que no se efectúe una detención. Si yo llego con mi cámara a grabar una detención, aunque yo alegue que ésta es arbitraria, no puedo intervenir en ese momento. Lo que se debe hacer en estos casos es grabar y llevar el vídeo como evidencia para la defensa de esa persona injustamente detenida. Ese es el uso que se le puede dar a estas pruebas”, explica.

Miguel Ruiz Vargas, lejos de encontrar justicia, fue detenido. El grabó un vídeo que subió en julio del 2013 a YouTube. Este hombre cuenta que un día, caminando por una calle de Guadalajara, decidió grabar el momento en que una persona era detenida con violencia.

Así lo narró él a sus seguidores: “Pasé la noche en los separos de la policía de Guadalajara. Alrededor de ocho patrullas detenían a un hombre violentamente frente a su madre en Chapultepec por causas poco claras. Me ofendió la violencia con que lo hacían y filmé con mi cel. Casi atropellan a la madre del sospechoso y me indignó. Seguí grabando. Al momento me empezó a ofender un poli y me esposó. Dijo: ‘a éste también súbelo’, y eso fue suficiente como prueba”.

Pasó seis horas en los separos de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, acusado de obstruir la justicia.

El 20 de agosto pasado, en Tijuana, Baja California, otro hombre que filmaba otra detención violenta, fue golpeado e insultado por policías municipales. Tras la difusión del vídeo en redes sociales, la Sindicatura de Tijuana inició una investigación contra los agentes, la cual no concluye.

Audio e imagen como evidencia

Hilda Téllez, del Conapred, agrega que los vídeos de este tipo son aceptados en el marco general del sistema probatorio mexicano, que establece que pueden ser evidencia a desahogar siempre y cuando no atenten contra la dignidad de una persona o no sean recogidas a partir de la comisión de un delito.

“Si me entero, por ejemplo, que en determinado lugar se comete un delito y yo planeo todo para que ese delito se vuelva a cometer y poderlo grabar, el vídeo no funciona como prueba plena”, abunda la experta, quien relató que en la tragedia en la discoteca News Divine —donde murieron asfixiadas 12 personas tras un incendio el 20 de junio del 2008— y en cuyas averiguaciones participó, se pudo documentar en gran parte por las grabaciones en vídeo hechas por las personas que estaban fuera y dentro del lugar.

En YouTube, uno de los vídeos más visitados corresponde a hechos ocurridos el 14 de marzo del 2013 en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando un joven grabó su arresto y el de su amigo por parte de tres elementos de la Policía Municipal.

En la grabación —con duración de cinco minutos 53 segundos—, se observa cómo un policía se acerca al vehículo de los jóvenes con pistola desenfundada, mientras que otro intenta bajar al conductor después de pretender ahorcarlo, tomarlo de los genitales y rociar gas lacrimógeno. El vídeo ha tenido 187 mil 957 visitas.

A Marco Antonio Muñiz grabar un abuso policíaco con su teléfono celular le costó dos mil pesos. El 29 de octubre pasado, en Cancún, Quintana Roo, este marinero de un yate privado estaba a punto de abordar un transporte cuando observó que policías municipales golpeaban brutalmente a un hombre y comenzó a grabar. Cuando los uniformados se dieron cuenta, lo detuvieron y lo acusaron de ser cómplice de narcomenudeo. Fue llevado al Centro de Retención Municipal y Sanciones Administrativas por obstruir la justicia, por lo que tuvo que pagar una multa de dos mil pesos para salir de los separos. Al salir le devolvieron su teléfono y borraron el vídeo.

Ante ello, la organización Mientras tanto en México ha difundido entre los internautas un decálogo sobre cómo documentar abusos de las fuerzas de seguridad sin correr mayores riesgos.

Chacel Colorado, de Amnistía Internacional, opina que este ejercicio ciudadano de empoderamiento es una buena estrategia a favor de la defensa de los Derechos Humanos; Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señala que no se debe renunciar a esta labor de denuncia. (El Universal)