CHILACACHAPA, Guerrero, 17 de diciembre.- El Universal ingresó de manera encubierta a Chilacachapa -una de las guaridas de Guerreros Unidos, situada a 37 kilómetros de Iguala y a 15 kilómetros del basurero de Cocula, para reunirse con una docena de habitantes, quienes narraron que gente del cártel los obligó a apoyar a policías locales, quienes les dijeron que eran "atacados" por estudiantes que "iban a hacer una revolución"

A las 5:00 horas del 27 de septiembre del 2014, siete horas después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el retén que el Cártel Guerreros Unidos impuso en Chilacachapa, un grito iracundo se escuchó en la señal abierta de la radio de comunicación de uno de los criminales.

Tras el arribo de las fuerzas federales a Iguala por el caso Ayotzinapa, Guerreros Unidos desmanteló el retén que había montado en la entrada a Chilacachapa y en el que por un año forzó a los habitantes a vigilar en turnos de 12 horas. (Foto Alberto Torres/El Universal)

—- ¡Traigan bolsas negras hijos de la chingada! ¡Pero rápido! —dijo la voz.

—- ¿Cuántas? —otra le preguntó.

—- ¡Unas 50! —ordenó la primera.

El hecho lo narran pobladores aterrorizados del pueblo serrano de Chilacachapa, municipio de Cuetzala del Progreso, situado a 37 kilómetros de distancia de Iguala y a 15 kilómetros del basurero de Cocula, donde presuntamente el cártel ejecutó e incineró a los normalistas.

La entrevista se otorgó con carácter colectivo y anónimo a El Universal, el primer medio que ingresa a la comunidad campesina de 2 mil habitantes sometida por la delincuencia organizada desde hace dos años. En ese lapso ésta registra nueve desapariciones forzadas y más de 200 casos de desplazamiento forzado.

Los entrevistados dicen que la noche del 26 de septiembre la mafia voceó que la Policía de Iguala era atacada y con apoyo de incondicionales locales se llevó a la fuerza a pobladores a los que esa noche obligaba a hacer guardia en su barricada.

Un entrevistado manifestó que dichos pobladores conocen el paradero de los estudiantes: “Mis paisanos de aquí saben dónde están, pero si abres el pico… ese es el temor”.

El 6 de octubre fuerzas federales tomaron el control de Iguala al acusarse a la Policía Municipal, en contubernio con Guerreros Unidos, de ser los ejecutores de la desaparición de los 43 normalistas.

En consecuencia, el cártel desmanteló el retén de acceso a Chilacachapa en el que por un año forzaron a los habitantes a vigilar en turnos de 12 horas, so pena de sufrir golpizas o desplazamiento forzado.

Desde esa fecha algunos criminales se replegaron. “Se concentraron en Tianquizolco, a seis kilómetros, y en Apetlanca”, especifica un habitante. Sin embargo, asegura que otros se esconden en Chilacachapa y controlan el ingreso a la población desde una barricada instalada a cinco kilómetros de distancia. Advierte: “Ellos están aquí, no se han ido”.

La noche del 26 de septiembre

El Universal ingresó de manera encubierta a Chilacachapa —una de las guaridas de Guerreros Unidos— para reunirse clandestinamente con una docena de habitantes del pueblo, y algunos de Tianquizolco. La visita duró cuatro horas.

El encuentro se realizó en un inmueble en el que los convocantes, con rostros de angustia y temor, se aseguraron de que puertas y ventanas estuvieran cerradas para no ser escuchados desde el exterior.

Narraron que entre las 23:00 pm del 26 de septiembre y la 1:00 am del 27 de septiembre, el cártel voceó en Chilacachapa, Tianquizolco y Apetlanca para que la gente saliera en apoyo de los policías de Iguala atacados por Los Rojos, un cártel rival, y por estudiantes que “iban a hacer una revolución”.

Un jornalero señala: “Estamos molestos porque sabemos quiénes bajaron: los comisarios [de los pueblos] se llevaron a gente [en camionetas]; mucha gente que estuvo en los retenes se les escapó de las camionetas”.

Otro hombre asegura que el comisario Jesús Valle Rosas, de Chilacachapa, con 25 lugareños obligados o incondicionales, acompañaron a los criminales la noche de la desaparición de los normalistas.

Se pregunta: “Hoy las autoridades federales no los han citado siquiera para ver por qué se fueron y para qué se llevaron a los que estaban de guardia”.

Los entrevistados dicen que el grupo regresó a las 7:00 am por un camión de volteo rojo que llenaron con más gente y bajaron de nuevo de la sierra hacia Iguala.

El vecino de Tianquizolco, por su lado, refiere que esa mañana vio ese camión estacionado en un crucero de su pueblo, resguardado por Guerreros Unidos.

En el crucero había más de 100 personas: “Había mucha gente de Cuetzala, entre ellos el regidor de Apetlanca, de Tianquizolco, y de aquí para allá iba el carro de volteo rojo con gente de Chilacachapa”.

Agrega que como a las 9:30 am “el volteo salió a Iguala repleto de gente” en una caravana en la que iban camionetas de los Guerreros Unidos y “el comisario de Chilacachapa”.

Un conocido suyo le contó después: “Amigo, no supimos a qué fuimos, nos dijeron que había que ir a Iguala a una manifestación”. Dicho mitin nunca se realizó, por lo que a las 11:00 am cada quien regresó como pudo a sus pueblos. A su infierno.

Primero La Familia Michoacana

El residente de Tianquizolco recuerda que a fines del 2011 irrumpió el primer cártel en el municipio de Cuetzala: La Familia Michoacana.

“Antes del 2011 estos pueblos eran muy tranquilos, ni los temblores ni las inundaciones nos hacían nada”, describe. “Los de La Familia llegaron y nos empezaron a secuestrar”. Explica que a su arribo cooptaron al alcalde Feliciano Álvarez Mesino, del PRD, que de inmediato anunció que los comerciantes callejeros pagarían impuestos.

El anuncio provocó el enojo y la organización de los pueblos en el 2012 y en Tianquizolco se reunieron su comisario y los de Apetlanca, San Francisco Lagunita y Chilacachapa.

Todos planearon también adherirse a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), inmersa en un proceso de creación de grupos de autodefensa en la Costa Chica. Dicen que sólo hicieron dos reuniones.

“Después de la segunda se desataron los levantones contra los dirigentes, se llevaron al comisario de Tianquizolco, al de la Lagunita, de Tianquizolco se llevaron a 12 gentes”.

La mayoría regresó tras pagarse un rescate. No fue el caso de Venancio Vázquez y sus dos hijos adolescentes de Chilacachapa. Los desaparecieron. “Se desarticuló todo”, precisó el guerrerense.

En Chilacachapa registraron siete desapariciones forzadas a manos de La Familia. Nadie se atrevió a hacer la denuncia penal.

Luego, interviene otro habitante, en octubre de hace un año La Familia ejecutó a una veintena de sembradores de droga en Ahuaxotitla. “El Ejército los corrió [a La Familia] y llegaron Guerreros Unidos”, detalló.

La ley de Guerreros Unidos

Los Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, entró al municipio con otra estrategia: “Más discretos, siempre en casas, en la calle no presentaban las armas”, exponen.

Como Álvarez Mesino huyó por sus vínculos con La Familia, Guerreros Unidos se acercó “a todos los comisarios de todas las comunidades” de Cuetzala.

Y para evitar el contacto con la UPOEG, el cártel impuso la creación de una guardia civil a sus órdenes.

Así, el 6 de febrero del 2014 el síndico procurador Raymundo Vázquez convocó en la cabecera municipal a autoridades de Apetlanca, Tianquizolco y Chilacachapa, para firmar un documento que instruye “nombrar en las comunidades mencionadas policías comunitarias”.

Días después en Chilacachapa, el comisario convocó a asamblea popular en la plaza principal.

El jornalero recuerda que “sorpresivamente” constataron que “al comisario lo tenían de adorno y quienes presidían eran los mafiosos de Guerreros Unidos”.

Los criminales les dijeron: “Estamos aquí para cuidarlos, venimos a limpiar de delincuentes, desde que llegamos no hay secuestros, no hay desaparecidos, ni extorsiones”.

También les externaron “que ellos tenían gente dentro del Gobierno, senadores que los apoyan, que iban a bajar grandes proyectos”, cuenta otro habitante.

Guerreros Unidos implantó toque de queda a las 19:00 horas. Saqueó misceláneas, cobró impuesto por venta de ganado, introdujo el narcomenudeo, se apropió de camionetas, de casas.

Un lugareño refiere: “A la señora Eva Morales Hernández, junto con su esposo, le dieron tres horas para que se fueran porque no quisieron darles su casa y a la hija”.

La mafia estableció dos retenes en los accesos del pueblo, en las que los pobladores sólo eran exonerados de hacer guardias con el pago de multa de 100 a 150 pesos por jornada diurna o nocturna.

Los campesinos vigilaban “con su machete o escopeta de chispa, y ellos, a 50 o 100 metros, estaban escondidos con un verdadero arsenal de cuernos de chivo”. Además, obligaron a las viudas y jefas del hogar a cocinarles, dice una habitante.

El 8 de abril, la Policía Federal detuvo a Álvarez Mesino por nexos con La Familia, lo que en opinión de los entrevistados fortaleció a Guerreros Unidos. Dos casos de desaparición adjudican al cártel.

Cautivos y aterrados

El caso de los 43 normalistas provocó el desplazamiento de fuerzas federales en la región y la versión oficial es que se desarticuló a Guerreros Unidos. Pero estos guerrerenses lo niegan.

Durante la visita se observó presencia militar fugaz. Un habitante explica: “Aquí está el Ejército y ¿sabe qué vino a hacer? A poner una cocina comunitaria [de la Secretaría de Desarrollo Social]”.

Otro alerta: “Dos o tres veces a la semana los mafiosos se dan la vuelta en Chilacachapa, siguen amedrentando a la gente y tratan de impulsar los retenes a través de Felipe Flores, Saturnino Atanasio, Francisco Atanasio, Pedro Susano, José Luis Quezada”.

El primero intercede de nuevo: “Hay mucho miedo, la gente no se atreve a denunciar”, enuncia. “Vivimos una situación triste, de terror”. Chilacachapa continúa en su infierno.

Campesinos de Chilacachapa aseguran que el 6 de febrero, el Ayuntamiento de Cuetzala del Progreso los convocó a crear "policías comunitarias" por imposición del cártel Guerreros Unidos.

A la derecha, un volante en el que los campesinos denuncian que el grupo criminal y autoridades corrompidas obligaron a pobladores a participar en los hechos del 26 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa (El Universal)