MEXICO, D.F., 17 de diciembre.- María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue arraigada ayer por 20 días más, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la ampliación de la medida cautelar en su contra.

La llamada pareja imperial sigue sujeta a investigación por la autoría intelectual en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, pues hasta el momento ninguno de los dos enfrenta cargos por ese caso.

La denominada pareja imperial.

Autoridades de la dependencia federal explicaron que como parte de las pesquisas la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó la ampliación de la medida cautelar “en busca de más evidencias que permitan presentar ante tribunales un caso sólido contra la indiciada”.

Las fuentes consultadas indicaron que el Ministerio Publico de la Federación “consideró que aún no existen las pruebas suficientes para presentar la consignación con todos los delitos que se buscan imputar a la mujer”.

Hasta el momento, explicaron, se le indaga por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y desaparición forzada en agravio de 43 personas, por lo que se solicitó al juez federal especializado que concediera una prórroga jurídica.

Con ello, el personal de la SEIDO a cargo de la averiguación previa busca en los próximos días perfeccionar el expediente, allegarse de más pruebas, para enviar a prisión a Pineda Villa, quien permanecerá hasta enero próximo en el Centro Federal de Investigaciones de la PGR.

Anteayer se venció el plazo de 40 días de arraigo que decretó un juez en su contra, luego de que Pineda Villa y Abarca Velázquez fueron detenidos el 4 de noviembre pasado, cuando se escondían en una vivienda de la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal.

Aunque el ex alcalde y su cónyuge forman parte de la lista de 80 personas detenidas por la PGR que presuntamente están implicadas en el caso —entre policías de los municipios de Iguala y Cocula, así como integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos—, ninguno de los dos ha sido consignado ante algún juez por el ataque del 26 de septiembre en Iguala en el que murieron seis personas, ni por la desaparición forzada de los normalistas.

Abarca está en prisión pero por otros crímenes, entre ellos el homicidio de un activista en la Entidad, pero no existen acusaciones aún en su contra por el caso Ayotzinapa, a pesar que en el expediente existen testimonios de que el día de la agresión el ex alcalde, a través de la frecuencia de radio, dio la orden a los policías municipales para que detuvieran a como diera lugar los autobuses en los que viajaban los normalistas.

En días pasados, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, adelantó que la pareja será consignada pues no hay duda de su participación. (El Universal)