MÉXICO, D.F., 17 de diciembre.- El pasado lunes 15, el abogado Luis Pérez de Acha y el director de Artículo 19, Darío Ramírez, entregaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un escrito con una petición expresa: “Confirmar si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos del 2010 hecha por Angélica Rivera, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, es verdadera”.

Angélica Rivera, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto.

La Casa blanca.

El asesor legal de las organizaciones Mexicanos Primero y Causa en Común explicó que el propósito de dicha gestión es aclarar todo lo relacionado con La Casa blanca, luego de que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, dio por cerrado el asunto. “Ya se aclaró lo que se tenía que aclarar”, dijo hace unos días.

Sin embargo, Pérez de Acha no piensa lo mismo y, junto con Darío Ramírez, buscan transparentar la adquisición del inmueble.

“No podemos dar los casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, pero no legalmente”, sobre todo, porque existe la sospecha de tráfico de influencias y corrupción”, dice el litigante.

En la solicitud presentada al SAT exponen que ante “indicios de que se cometieron delitos”, dicho organismo es la institución que puede “verificar si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo con su declaración recibió Angélica Rivera; también, si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública son verdaderos”.

Pérez de Acha prevé que el SAT se negará a atender la petición apelando al secreto fiscal, pero “sostenemos que el secreto fiscal no existe en este caso porque la señora publicó su declaración, y por el hecho de ser pública ya no es secreta”, señaló en entrevista.

Además, dice que la solicitud no es para conseguir los documentos que “no hayan sido ya dados por Angélica Rivera”. Lo que buscan es, reitera, que el Servicio de Administración Tributaria “confirme que esta información es verdadera o no”.

De acuerdo con el abogado, la necesidad de conocer esa información es porque, al igual que la duda que se generó por el supuesto pago de 130 millones por su trabajo como actriz de televisión, Rivera muestra documentos sobre el pago de impuestos, pero “son fotocopias” y “no cuadra en la misma información fiscal con la información pública que dio la señora”.

Asimismo, adelantó que ante un escenario con la negativa del SAT, prepararía un juicio de amparo ante los tribunales federales para avanzar legalmente hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la envergadura del tema y porque la “pareja presidencial está involucrada y está en suerte su prestigio, si no su inocencia”.

“Nadie puede apuntar una inocencia cuando todos los elementos le apuntan en contra”, insistió Pérez de Acha.

Aunque el abogado consideró que Rivera “terminó siendo de alguna forma víctima de un establishment podrido del sistema político mexicano”, sí tiene obligaciones qué cumplir. Contrario al argumento de que al tener un cargo honorario en el DIF, pues no recibe salario, no está obligada a hacer pública su declaración patrimonial, hay legislación que sí la obligaría.

De acuerdo con el convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción, “para efectos de los tratados internacionales, son funcionarios públicos aquellos que ocupen cualquier puesto, aunque no cobren”, por lo que la justificación de Presidencia “carece de sustento jurídico”, subrayó el profesor de la Escuela Libre de Derecho. (APRO)