COCULA, Guerrero, 17 de diciembre.- La Procuraduría General de la República (PGR) acudió ayer a la zona en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) encontró una pequeña hoguera en la que se encontraron posibles restos óseos.

Desde muy temprano, peritos y antropólogos forenses de la PGR llegaron al lugar conocido como la Barranca de la Carnicería para levantar los restos de lo que aparentan ser fragmentos de huesos, para su análisis.

Luego del levantamiento, las camionetas de la PGR fueron escoltadas por un convoy de la Armada de México para llevar los restos a laboratorio y obtener muestras de ADN para tratar de identificar a la víctima.

El sábado pasado, Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor de la (UPOEG), informó el lugar en donde encontraron lo que parecen fragmentos óseos calcinados, está a no más de dos kilómetros del basurero de Cocula, lugar en el que, a decir del testimonio de tres integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que están detenidos, fue en donde quemaron a los estudiantes de Ayotzinapa.

En ese sentido, la PGR ya trabaja con su equipo especializado para obtener muestras de ADN y hacer la comparación con la base de datos con la que cuenta de los familiares de los 42 normalistas que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.

CNDH pide ratificar convención. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó respetuosamente al Ejecutivo Federal para que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para recibir y examinar casos de presuntas víctimas de ese delito en el país.

Precisó que exhorta a que se acepte esa participación prevista en el Artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Además, pidió al Poder Legislativo emprender reformas para contar con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales, y la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos.

En un comunicado, el organismo expuso que “la desaparición forzada ha sido calificada como delito continuo o permanente por diversos tribunales internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues la actividad consumativa perdura en el tiempo”

Pueden violarse derechos como “el reconocimiento de la personalidad jurídica; la libertad y seguridad de la persona”. (El Universal con información de Notimex)