MÉXICO, D.F., 24 de diciembre.- Las próximas horas serán decisivas para Claudia Medina Tamariz, sujeta indebidamente a proceso por el presunto delito de portación de armas de uso reservado a las Fuerzas Armadas desde el 7 de agosto del 2012.

Al momento de ser detenida, Medina Tamariz tuvo que soportar torturas física, sexual y psicológica por espacio de 36 horas para autoinculparse como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente sólo enfrenta en libertad el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La juez Cándida Hernández Ojeda deberá dictar una resolución, la cual podría cambiar el rumbo del caso para que Claudia Medina “alcance justicia”. (Centro PRODH)

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) informó que ayer martes se desahogó una audiencia del incidente de desvanecimiento de datos por la causa que se sigue a Claudia, número 186/2012, en el Juzgado Tercero de Distrito de Boca del Río, Veracruz.

La organización que representa legalmente a Medina Tamariz resaltó que la juez federal Cándida Hernández Ojeda tiene la “oportunidad de poner fin a un proceso injusto”, y absolver a Claudia que se ha convertido “en un caso paradigmático”.

Hernández Ojeda, dijo, podrá definir la situación de Claudia en las próximas horas, de ahí que el Centro PRODH la invitó a que “dicte una resolución fundada en los más altos estándares internacionales”.

La organización no gubernamental sostuvo que el caso de Medina Tamariz es similar al de otras mujeres que “son víctimas de detenciones arbitrarias en instalaciones militares, de tortura sexual y falsas imputaciones en el marco del endurecimiento de las políticas de seguridad” de los últimos años".

Ante la condición de víctima de Claudia Medina es que el Centro PRODH considera que el incidente de desvanecimiento de datos “abre la posibilidad de que la ilegal acusación (…) sea revisada a fondo, a partir de los más altos parámetros en materia de Derechos Humanos”.

El Centro PRODH puntualizó en el comunicado que “debe emitirse una resolución favorable, pues en su contra sólo obra en el expediente una ilegal y contradictoria puesta a disposición realizada por los marinos”, en el momento en que otros más torturaban a Claudia en instalaciones de la SEMAR.

De acuerdo con las denuncias presentadas por Claudia, fue sacada violentamente de su casa por marinos, y mientras estuvo en su poder, fue sometida a “36 horas de tortura física, sexual y psicológica”, entre ellas, “amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales”, todo ello para firmar declaraciones que no leyó y ser presentada ante los medios de comunicación como integrante de una banda delictiva y de portación de armas.

Por el momento, Claudia enfrenta un juicio por las armas en libertad condicional, “enfrentando acusaciones falsas” que ella espera que se esclarezcan “para que la justicia y la tranquilidad regresen a su familia”.

Esos hechos fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que hasta ahora no ha emitido recomendación al respecto, en tanto que la “Procuraduría General de la República (PGR) ha obstaculizado las investigaciones sobre la tortura”.

Claudia forma parte de un grupo de 11 mujeres que impulsan la campaña Rompiendo el silencio: todas contra la tortura sexual que desde mayo de este año se dedicaron a denunciar los casos de agresiones sexuales cometidos por agentes de seguridad contra mujeres con la finalidad de involucrarlas en delitos federales o como un acto de represión política y social.

Entre las mujeres que forman parte de la campaña están 11 víctimas de abuso sexualmente en Atenco en el 2006; Miriam López, quien fue violada sexualmente en instalaciones militares para firmar declaraciones comprometedoras; las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, indígenas abusadas en el 2002 por militares, así como Verónica Razo, torturada sexualmente por efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y está encarcelada por acusaciones de secuestro.

A la campaña se sumaron también Yesenia Armenta, torturada sexualmente y acusada de homicidio; las hermanas González Pérez de Chiapas, que fueron abusadas sexualmente por militares en 1994, en el contexto del alzamiento zapatista; y Belinda Garza Melo, detenida en un retén de la Policía Federal Preventiva, abusada sexualmente, para que se declarase integrante del Cártel del Golfo, está en prisión desde hace siete años.

Además del Centro PRODH, la campaña Rompiendo el silencio es respaldada por Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 34 años, dedicada al hogar y madre de tres adolescentes, fue detenida en su domicilio por elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con su testimonio, sufrió 36 horas de tortura física, sexual y psicológica —incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales— y firmó una declaración escrita por otros en la que se le acusaba de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, una juez podría lograr que “alcance justicia”.

Amnistía Internacional ha pedido firmar una carta dirigida al procurador Jesús Murillo Karam para exigir justicia para Claudia.

“Claudia Medina fue injustamente detenida y torturada por integrantes de la Marina en Veracruz. Cuando la amenazaron con hacer daño a sus hijos, ella dijo que se autoinculparía de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, detalló AI.

Amnistía Internacional ha recomendado medidas específicas al Gobierno como garantizar peritajes médicos, oficiales e independientes, de manera urgente y adecuada, para todas las personas que aleguen ser víctimas de tortura.

Varias organizaciones pro Derechos Humanos –como el centro PRODH, el CMDPDH y el Tlachinollan- denunciaron el hecho en un comunicado y anunciaron que en un plazo de 72 horas, la juez Cándida Hernández Ojeda deberá dictar una resolución, la cual podría cambiar el rumbo del caso para que Claudia Medina “alcance justicia”.

Actualmente Medina está en libertad condicional enfrentando las acusaciones.

En el comunicado, los organismos sociales acusan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de no hacer nada al respecto, y a la Procuraduría General de la República (PGR) de obstaculizar el caso: “La CNDH no ha emitido la recomendación en el caso desde hace dos años; y la PGR ha obstaculizado las investigaciones sobre la tortura”.

Las ONGs detallan los pormenores del caso y denuncian “detenciones arbitrarias”: “Claudia Medina Tamariz fue detenida y torturada por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en Veracruz en agosto del 2012. Es un caso emblemático de los procesos injustos que pueden iniciarse contra mujeres que son víctimas de detenciones arbitrarias en instalaciones militares, de tortura sexual y de falsas imputaciones en el marco del endurecimiento de las políticas de seguridad que ha marcado los últimos años”.

A partir de la defensa asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la organización Amnistía Internacional ha asumido el caso para sus campañas sobre tortura en México, dado su carácter paradigmático.

“La inminente resolución del incidente de desvanecimiento de datos abre la posibilidad de que la ilegal acusación contra Claudia Medina sea revisada a fondo, a partir de los más altos parámetros en materia de Derechos Humanos”, concluye el comunicado. (Agencias/Sin Embargo)