México (28 de febrero).- Casos de desaparición forzada, tortura, derechos de personas refugiadas y pueblos indígenas son algunas de las preocupaciones que en materia de derechos humanos tiene la organización Amnistía Internacional, declaró su director ejecutivo Perseo Quiroz.

Al presentar el informe anual de la organización a nivel global y que detalla la situación en la materia en 160 países, se refirió al caso de México y destacó la necesidad de que la sociedad mexicana levante la voz ante la falta de rendición de cuentas de las Instituciones en el país.

Desde el Museo de la Tolerancia, dijo que un gran número de personas no confía en el sistema de justicia y no denuncia por temor a represalias y refirió que se tienen contabilizadas a nueve mil 790 personas desaparecidas en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Señaló que es tan grave la falta de garantías del Estado que las familias ya no buscan justicia, sino los huesos de sus desaparecidos.

A continuación un resumen de lo que se menciona en el informe sobre el caso de México.

MEXICO

En el último año se recibieron nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el Ejército, por lo que la impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos comunes sigue siendo la norma.

Recordó que de acuerdo con datos oficiales, más de 22 mil personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero.

Las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general infructuosas y se siguieron recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y otros malos tratos, así como información que indicaba que los agentes federales y estatales del ministerio público no investigaban adecuadamente las denuncias.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó las obligaciones jurídicas para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura y se seguía atribuyendo muchas violaciones de derechos humanos a soldados y miembros de la Marina, que continuaban siendo desplegados en gran número en operaciones de mantenimiento del orden, incluida la lucha contra la delincuencia organizada.

Tras décadas de campañas por parte de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, se abolió el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles y los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas y homicidio. Algunos enfrentaban cargos penales por motivos políticos.

Los migrantes irregulares en tránsito seguían viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos; los responsables rara vez comparecían ante la justicia.

A pesar de la existencia de leyes para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia de género era habitual en muchos estados. Los proyectos de desarrollo y explotación de recursos que afectaban a comunidades indígenas en diversas artes del país provocaron protestas y demandas de un proceso adecuado de consulta y consentimiento. Refirió que el gobierno continuó con su programa de reformas legislativas, que afectaban a los sectores de la energía, la educación, las telecomunicaciones y la organización política.

Pese a la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos, hubo escasas muestras de que se hubieran adoptado medidas sustanciales para abordar la situación de los derechos humanos.

Varios estados, entre ellos, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, adoptaron o intentaron adoptar leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de mantener el orden durante las manifestaciones. Tales cambios no se ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y suponían una amenaza para la libertad de expresión y asociación.

En el estado de Puebla, que había aprobado recientemente una ley de ese tipo, se estaba investigando al finalizar el año a unos agentes de policía por la muerte de un muchacho de 13 años, ocurrida en el contexto de una manifestación, posiblemente como resultado del uso excesivo de la fuerza. Tras el incidente, se procedió a revisar dicha reforma legislativa.

El Senado designó en noviembre al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019. Las organizaciones de derechos humanos solicitaron una consulta y una transparencia plenas, de conformidad con las normas internacionales. Sin embargo, los senadores sólo accedieron a reunirse con la sociedad civil en una ocasión, en la que un número limitado de organizaciones debía exponer brevemente sus puntos de vista, sin un debate posterior. Los defensores de los derechos humanos reiteraron sus inquietudes por la ineficacia de la CNDH a la hora de abordar la grave situación de los derechos humanos e instaron a la Comisión a cumplir con su papel fundamental en la protección de dichos derechos y en la lucha contra la impunidad.

En respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia en el caso de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, el presidente Peña Nieto anunció el 27 de noviembre una serie de medidas políticas y legislativas, entre ellas un cambio constitucional que otorgaría a los estados control sobre la policía local.

Las medidas se iban a implementar de manera escalonada, empezando por los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. El presidente propuso también la creación de un número nacional de emergencia, el 911, así como la implantación de zonas económicas especiales en el empobrecido sur del país.

A pesar de que la versión oficial sostenía que la violencia relacionada con la delincuencia organizada había disminuido, la situación seguía siendo grave. La cifra total de homicidios en los nueve primeros meses 300 Informe 2014/15 Amnistía Internacional del año fue de 24.746, frente a los 26 mil uno del mismo periodo de 2013. En septiembre, un estudio oficial de ámbito nacional estimó que en 2013 se habían producido 131 mil 946 secuestros, frente a los 105 mil 682 de 2012.

En muchos estados, el Ejército y la Marina continuaban desempeñando labores policiales, a menudo sin una rendición de cuentas efectiva, lo que se traducía en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

En respuesta a los altos niveles de violencia de la delincuencia organizada, a menudo con la connivencia de las autoridades locales, en el estado de Michoacán emergieron varios grupos de autodefensa conformados por civiles armados. Como consecuencia de ello, el gobierno federal desplegó un gran número de efectivos de las fuerzas armadas y la policía federal y estableció un nuevo comisionado federal para supervisar la política de seguridad en ese estado.

Las negociaciones con varios grupos de autodefensa dieron lugar a su incorporación, en calidad de policía rural, a las fuerzas de seguridad pública.

Las comunidades indígenas del estado de Guerrero denunciaron la detención y el procesamiento de algunos de sus miembros y dirigentes. Con anterioridad, dichas comunidades habían alcanzado acuerdos con el gobierno sobre sus propias actividades para hacer cumplir la ley en sus áreas, en un contexto de prolongada desatención y aumento de la delincuencia.

Los procesamientos parecían obedecer a motivos políticos. En julio, unos soldados mataron a 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya, estado de México, en lo que las autoridades militares describieron como un tiroteo contra hombres armados. El fiscal federal no siguió investigando a pesar de que las pruebas apuntaban a que algunas de las víctimas habían muerto por disparos a quemarropa.

En septiembre, los medios de comunicación revelaron pruebas testificales que indicaban que, tras un breve intercambio de disparos, muchas de las personas fallecidas habían sido ejecutadas extrajudicialmente después de entregarse. Siete militares fueron arrestados el 8 de noviembre y continuaban sometidos a investigación por las ejecuciones, pero seguía sin aclararse si los mandos que habían intentado encubrir el incidente también serían procesados por el sistema de justicia civil.

Tras varios retrasos, la nueva Gendarmería Nacional, una división de la Policía Federal, comenzó a operar en agosto con cinco mil agentes. Contaba con muchos menos efectivos de los que se había propuesto en un principio. Su labor y prácticas operativas seguían sin especificarse. El gobierno no incorporó las recomendaciones relativas a garantizar la existencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, protocolos de funcionamiento y una supervisión efectiva para prevenir las violaciones de derechos humanos. Esta fuerza fue desplegada temporalmente en los estados de México y Guerrero para desempeñar funciones policiales.

Los secuestros y las desapariciones forzadas seguían siendo abundantes. El paradero de la mayoría de las víctimas seguía sin revelarse. Durante el año, varias autoridades federales realizaron una serie de declaraciones contradictorias sobre la cifra de denuncias de personas desaparecidas cuyo paradero continuaba sin ser desvelado.

En agosto, el gobierno reconoció que había 22 mil 611personas desaparecidas, de las que nueve mil 790 habían desaparecido durante el actual gobierno y 12 mil 821 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, es decir de 2006 al 2012.

El gobierno no hizo pública la metodología empleada para obtener esas cifras. La impunidad seguía siendo la norma en los casos de desaparición forzada. En abril, el gobierno declaró que, a nivel federal, sólo se habían dictado siete condenas por el delito de Informe 2014/15 Amnistía Internacional 301 desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010.

En septiembre, la policía municipal dela ciudad de Iguala, en connivencia con delincuentes organizados, fue responsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero.

Las investigaciones revelaron la existencia de varias fosas comunes y un vertedero que contenía restos humanos. En noviembre, el procurador general de la República anunció que la principal línea de investigación, basada en los testimonios de tres miembros de la banda delictiva aparentemente implicados en el caso, indicaba que los estudiantes habían sido asesinados, quemados y arrojados a un río. Su anuncio no abordaba los niveles generales de impunidad, corrupción y casos de desapariciones sin resolver en México.

Más de 70 funcionarios públicos locales y miembros de la banda delictiva fueron arrestados y procesados en relación con este caso. No se proporcionó información relativa a la posible responsabilidad, por acción u omisión, de funcionarios públicos estatales o federales. El 7 de diciembre, la Procuraduría General de la República anunció que expertos forenses independientes habían identificado los restos de uno de los estudiantes, pero al terminar el año, seguía sin conocerse el paradero de los otros 42.

Las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las fuerzas armadas y de la policía federal, estatal y municipal seguían siendo generalizados en todo el país. Estas prácticas se utilizaban a menudo para arrancar “confesiones” y otro tipo de información a fin de realizar investigaciones penales, o con otros propósitos como, por ejemplo, la extorsión. Pese a que se registraron decenas de denuncias a nivel federal y estatal, fueron pocos los procesamientos, y prácticamente no se dictaron condenas contra los funcionarios responsables.

Como en años anteriores, el dictamen médico/psicológico especializado de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura no se aplicó en la mayoría de los casos. En las contadas ocasiones en las que se realizó, los resultados fueron normalmente desfavorables al denunciante. En general, los funcionarios no aplicaban el procedimiento dispuesto en los principios del Protocolo de Estambul, que incluyen la celeridad y la obligación de ofrecer resultados completos a las víctimas.

En dos casos excepcionales, la Procuraduría General de la República retiró los cargos contra las víctimas de tortura tras aceptar finalmente pruebas que demostraban que se las había torturado para que se autoinculparan falsamente.

Las víctimas habían pasado entre tres y cinco años en prisión preventiva. Los exámenes médicos independientes, que fueron realizados siguiendo las directrices del Protocolo de Estambul, resultaron fundamentales para demostrar que esas personas habían sido torturadas.

En mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó su sentencia de 2013 en el caso de Israel Arzate, arrestado arbitrariamente y torturado por miembros del Ejército para acusarlo de estar involucrado en la masacre de Villas de Salvárcar, perpetrada en 2010. La sentencia enunciaba importantes criterios sobre la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante detenciones ilegales y sobre la obligación de investigar las denuncias de tortura. Sin embargo, no sentó un precedente vinculante para otros tribunales.

La impunidad y la desconfianza en el sistema judicial se vieron reforzadas por el hecho de que los funcionarios de seguridad pública y de justicia penal con frecuencia hacían caso omiso de las violaciones de derechos humanos y seguían siendo ineficaces a la hora de investigar y enjuiciar tanto a los responsables de dichas violaciones como a 302 Informe 2014/15 Amnistía Internacional los autores de delitos comunes.

En marzo, como parte de una reforma gradual, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en las 33 jurisdicciones federales y estatales de justicia penal.

El gobierno afirmaba que la aplicación de ese código mejoraría la protección de los derechos humanos al declarar inadmisibles las pruebas obtenidas mediante violaciones de los derechos humanos tales como las detenciones ilegítimas y la tortura. No obstante, el Código todavía no se había aplicado ni se habían definido pormenorizadamente los criterios para excluir pruebas.

En enero se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con arreglo a la Ley General de Víctimas para proporcionar a las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos un mejor acceso a la justicia y la reparación. Sustituía a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, pero seguía sin estar claro si contaría con suficientes recursos y facultades para cubrir las necesidades de las víctimas.

El reglamento de la Ley General de Víctimas no se aprobó, lo que limitaba la aplicación de la Ley.

En junio entraron en vigor las reformas del Código de Justicia Militar. Dichas reformas, fruto de años de campañas de asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos, excluían del sistema de justicia militar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles.

No excluían de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las fuerzas armadas. Con todo, suponían un gran avance para poner fin a la impunidad por abusos perpetrados por miembros del ejército. Al concluir el año, cuatro militares permanecían detenidos por el sistema de justicia civil, acusados de participar en 2002 en la violación de dos mujeres indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Numerosos defensores de los derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas o fueron víctima de homicidio como represalia por desempeñar su legítima tarea. No se tuvo noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los responsables. Ello se debía en gran medida a las deficiencias en las investigaciones, que a su vez eran a menudo consecuencia de la falta de interés de las autoridades, especialmente las estatales. La impunidad generalizada alimentó el clima de inseguridad en el que desarrollaban su labor tanto los defensores de los derechos humanos como los periodistas.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas anunció en noviembre que había recibido 72 casos en los primeros nueve meses del año. En general, siguió sin brindar una protección oportuna y eficaz. Las medidas de protección convenidas a menudo dependían del respaldo de las autoridades locales, incluso en los casos en los que se sospechaba que esas mismas autoridades estaban involucradas en los ataques.

Algunos de los beneficiarios de las medidas cautelares se veían forzados a abandonar sus comunidades temporalmente por motivos de seguridad. Otros defensores de los derechos humanos y periodistas seguían a la espera de que el mecanismo examinara sus casos.

Varios defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios se enfrentaban a procesos judiciales por cargos penales que parecían obedecer a motivos políticos en represalia por desempeñar sus actividades legítimas, como participar en manifestaciones. Muchos hacían frente a dilatadas batallas legales en procedimientos judiciales injustos para probar su inocencia.

La violencia contra mujeres y niñas, con actos como violaciones, secuestros y feminicidios, Informe 2014/15 Amnistía Internacional 303 seguía siendo endémica en todo el país. Buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género. El Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó poner en marcha el mecanismo de “Alerta de Género”, diseñado para movilizar a las autoridades en la lucha contra la extendida violencia de género y proporcionar una respuesta oficial eficaz frente a los casos de violencia.

En enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la puesta en libertad de Adriana Manzanares Cayetano, una mujer indígena que había cumplido seis de los 22 años de prisión a los que había sido condenada por matar a su bebé recién nacido. Se hizo caso omiso de las pruebas que apuntaban a que el bebé había nacido muerto, y la vulneración del derecho de Adriana Manzanares a una defensa efectiva y a la presunción de inocencia dio lugar a una condena injusta.

La inseguridad y la privación social en sus países de origen empujaron a un número creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompañados, a cruzar México para llegar a Estados Unidos. Las bandas delictivas continuaron matando, secuestrando y extorsionando a estos migrantes, a menudo con la connivencia de funcionarios públicos.

Las mujeres y los niños y niñas estaban especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata. Siguieron conociéndose casos de malos tratos por parte de la policía y de los funcionarios de inmigración que realizaban detenciones. Los migrantes irregulares continuaron siendo recluidos en detención administrativa en espera de expulsión.

Los defensores de los derechos de las personas migrantes, que ofrecían refugio a estas personas y denunciaban los abusos que padecían, continuaban haciendo frente a amenazas y actos de intimidación. Algunos recibieron medidas de protección, pero en algunos casos estas medidas no se aplicaban ni evitaban que se produjeran nuevas amenazas. Los responsables de las amenazas no fueron puestos a disposición de la justicia.

Las comunidades indígenas continuaban siendo discriminadas en el sistema de justicia penal y tenían un acceso limitado a los servicios básicos, como el agua, la vivienda y la asistencia médica. No se consultó de forma efectiva a las comunidades indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado acerca de los proyectos de desarrollo económico que afectaban a sus tierras y a su modo de vida tradicional, lo que desembocó en protestas y conflictos.

Éstos, a su vez, dieron lugar a amenazas y ataques contra líderes comunitarios y, en algunos casos, a procesamientos penales de activistas, al parecer basados en cargos de motivación política.

En marzo, México aceptó 166 de las 176 recomendaciones formuladas por el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En mayo, el relator especial de la ONU sobre la tortura visitó México y presentó conclusiones preliminares que señalaban que la práctica de la tortura y otros malos tratos seguía siendo generalizada.

En junio, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales publicó el informe sobre su misión a México de principios de 2013, que ponía de relieve los elevados niveles de homicidios e impunidad. En agosto, el relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe sobre su visita a México. En él ofrecía información detallada sobre la violencia generalizada contra las personas migrantes, la negación del proceso debido y las protecciones 304 Informe 2014/15 Amnistía Internacional judiciales, y otros abusos contra los derechos humanos.- (Agencias)