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Eduardo Ignacio Ramos Pérez375 palabras
Mérida, Yucatán, 06 de marzo de 2015.- En audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control se vinculó a proceso a Gabriel Alejandro L.T. por los delitos de lesiones calificadas y daño en propiedad ajena, tras los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero de 2015 en un hotel del centro de Mérida, querellado por José Carlos Torres Morales, María Magdalena Morales Altamirano e Yvonne Gosselink, esta última propietaria del negocio.
En la audiencia celebrada en esta ciudad y a petición de la Fiscalía General del Estado, el Juez de Control decretó prisión preventiva mientras continúa el proceso y fijó un plazo de cierre de investigación de dos meses y medio, mismo que concluye el próximo 19 de mayo de 2015, tiempo durante el cual los Fiscales continuarán la integración de la carpeta E1/168/2015, derivada de la causa penal 23/2015.
En la carpeta de averiguación se señala que los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero alrededor de la 1:00 cuando el indiciado, ingresó a un hotel en la calle 61 entre 74 y 76 del centro de Mérida y forzando la puerta de la habitación se introdujo al cuarto ocupado por los denunciantes, donde resultaron lesionados José Carlos Torres Morales y María Magdalena Morales Altamirano.
El afectado relató que al percatarse de la intromisión en su habitación y observar que el intruso traía dos cuchillos consigo, forcejeó para desarmarlo, pero antes fue lesionado en varias partes del cuerpo; la mujer Morales Altamirano, al percatarse de las heridas, intentó ayudarlo, pero igualmente resultó herida; momento que aprovechó el intruso para retirarse del hotel, pero en ese momento la afectada se comunicó a la recepción, donde respondió la propietaria y tercera denunciante, misma que llamó a las fuerzas de seguridad estatales, que detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron detenido.
La medida cautelar de prisión preventiva se mantendrá mientras continúa el proceso, tiempo durante el cual los Fiscales Investigadores continuarán las diligencias que definirá la situación jurídica del indiciado.