México (8 de noviembre).-

La aparición de los llamados “justicieros anónimos” en los últimos días, es una tentación a la que no puede caer la sociedad mexicana para solucionar sus problemas de inseguridad.

Durante su mensaje de clausura en el 5to Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, rechazó aquellos homicidios de presuntos delincuentes de manera ilegal por parte de civiles ante la falta de seguridad de las autoridades.

“Desconociendo el mandato constitucional que expresamente prohíbe del que se ejerza justicia por su propia mano, la solución a nuestra problemática de inseguridad no puede pasar tampoco por propiciar que nuestra sociedad se arme y aceptar que se dejen de lado las vías institucionales para resolver la misma.

“No podemos permitirnos como país ni como sociedad caer en la tentación de aceptar o promover prácticas que violen la ley o los derechos humanos, aun cuando se haga en la falsa promesa de incidir en que se inhiban las conductas delictivas o se aplique un castigo real inmediato para que no incurran en ellas”, dijo González.

Reconoció que las pocas respuestas de las autoridades que la población haya tomado decisiones extremas para protegerse amparados por la ilegalidad, lo que no ayuda en avanzar en los problemas de violencia.

“La falta de respuestas reales y con efectos a largo plazo en este ámbito, además de generar lejanía entre las autoridades y la sociedad, ha abierto la puerta a que las personas, en la búsqueda de las soluciones a reclamos básicos de protección a familiares, seres queridos, patrimonio y fuentes de subsistencia, incurran en conductas contrarias a la ley o aprueben la realización de las mismas como lo ha evidenciado en fecha reciente los casos en que particulares han privado de la vida a presuntos delincuentes.

“La ilegalidad no puede combatirse con ilegalidad, no podemos permitir que en estos supuestos indebidamente se identifique la defensa de la aplicación de la ley y el respeto a la dignidad humana con la protección de delincuentes o un impedimento para las funciones del ejercicio de las autoridades estatales.

Agregó que este fenómeno por buscar la protección total se vio reflejada en las autodefensas, resultado de la desconfianza a las autoridades y falta de compromisos para erradicar la inseguridad.

“Es evidente que en diferentes regiones del país se presenta un problema real de inseguridad en el que sus habitantes no pueden desarrollar su vida con normalidad, ni pueden ejercer y disfrutar sus derechos humanos como consecuencia de actos violentos de ataques y afectaciones a su patrimonio o por miedo a que las mismas sucedan.

“Situación cuya posible atención se ve agravada al existir una tremenda desconfianza sobre la integridad y compromiso de las autoridades, en especial de la policía y de las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia”.

Finalmente, insistió en que la sociedad no debe atribuirse condiciones que no le corresponden en el ámbito de seguridad, hecho que debe recaer en el Estado y dejar a un lado sus capacidades de armarse.

“Lo anterior ha llevado a las personas dentro de sus recursos y capacidades busquen formas para protegerse que van desde la inversión en medidas de seguridad para viviendas y negocios, hasta la conformación de grupos armados que han llegado a sustituir a las fuerzas del orden en algunas poblaciones.

“La sociedad, debemos insistir, no puede ni debe asumir las tareas inherentes al ámbito de la seguridad, las cuales son una obligación y responsabilidad del Estado a la cual no puede renunciar”, manifestó.