México (9 de noviembre).-

“La prevalencia del sobrepeso y obesidad es el riesgo sanitario y de salud más grande que ha enfrentado nuestro país y el mundo en general en este siglo”, aseguró Atzimba Baltazar, de consultoría PROBATIO; en el 2014, 40% de las mujeres y 38% de los hombres en el mundo lo padecían, pero en México el panorama no es mejor, pues siete de cada 10 mexicanos lo padecen y uno de cada tres niños se encuentra en la misma situación.

Ante esta grave crisis epidemiológica y encontrándonos en la semana en que será aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, el buen destino de los recursos públicos en este sentido se vuelve primordial; sin embargo, esto no está sucediendo en México, ya que en el 2010 los costos de la obesidad y sus consecuencias se estimaban en alrededor de 35,000 millones de dólares; actualmente se calcula en 150,000 millones de dólares.

La OMS y la ciencia en general recomiendan para este tema invertir en prevención, pero también se reconoce la inexperiencia en las autoridades de salud para atender este punto, pues al parecer, es un tema fuera de su naturaleza inicial.

Aun con la existencia de algunos esfuerzos como el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes en este sexenio, que incluso forma parte de una partida presupuestal para estos fines, los resultados evidencian una débil articulación institucional.

Estas conclusiones fueron difundidas a través del análisis desarrollado por la consultora PROBATIO para la Alianza por la Salud Alimentaria. En este diagnóstico se identifican las causas y propone acciones específicas para primero detener y luego revertir esta tendencia.

“Primero habría que entender que el problema se reconoce y se tiene diagnosticado”, dijo la especialista, “prueba de ello es la reforma constitucional del 2011 en derechos humanos que establece el derecho de toda persona a la protección en salud y el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es decir que el Estado debe garantizarlo; además en la Ley General de Salud se establece ese derecho y obligación por parte del Estado”.

En el Plan Nacional de Desarrollo desde el 2013 se contemplan acciones específicas que tiene tres ejes de acción en cuanto a sobrepeso y obesidad, uno destinado a la atención de estas enfermedades y los otros dos son preventivos, uno asociado a la política fiscal impositiva con el impuesto especial a bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica y otro destinado a la política de promoción de la salud, en total son 12 programas asociados a esta enfermedad, que incluso algunos ya existían antes del sexenio.

“Sin embargo, al tratar de analizar estos programas de política pública nos dimos cuenta que no hay una política rectora que permita traducir estas acciones en resultados concretos (…) No hay una vinculación jurídica que asegure que después de esta administración, va a continuar, por otro lado, no hay herramientas presupuestarias que permitan implementar esta estrategia”, aseguró.

“El problema es de esfuerzos, pues incluso el impuesto a bebidas azucaradas ha podido recaudar más de lo esperado, esto se podría traducir en programas de prevención que a largo plazo tendrían un fuerte impacto en la sociedad”.

Pero lo más grave es que de lo que supuestamente existe (12 proyectos), no se pueden hacer evaluaciones confiables, pues al recopilar la información solamente cuatro programas respondieron a la solicitud. “Los demás respondieron que no tenían información a detalle o que en realidad esos programas no se destinaban a la prevención”.

Baltazar explicó que de lo que sí se encontró sólo tres programas tienen certeza de cuánto recurso se asigna a actividades de prevención. Éstos fueron el programa Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la Secretaría de Salud, que de 706 millones de pesos asignados, sólo 46% va para prevención; el programa de Promoción a la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, no Transmisibles y Lesiones destinó 3 millones de pesos, lo que representa 0.1% de su presupuesto; por último, PrevenIMSS destinó 152 millones, 1.26% de su presupuesto.

Con este breve análisis se hace evidente la necesidad de redirigir el gasto y hacer modificaciones en el esquema pues los recursos parecen disgregados y no forman parte de un programa sólido, “éste es el principal desafío del Estado mexicano. Queremos ser provocadores e incitar al diálogo con propuestas concretas como un comité de expertos libres de conflicto de intereses, contar con una política rectora encabezada por la Secretaría de Salud, que cuente con un presupuesto para ello, además de la inclusión de un programa presupuestario P”.

El programa P consiste en la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, éste se ha hecho para enfermedades como el VIH/sida y ha tenido resultados interesantes, sin embargo, para epidemias más grandes como sobrepeso, obesidad y diabetes sólo se han seguido programas presupuestarios de tipo E y U, que corresponden a la prestación de servicios públicos y otros subsidios, respectivamente.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, hizo un llamado a los legisladores para atender este tema en el PEF 2017 y al doctor José Narro, secretario de Salud, para que deje sentadas las bases de un marco solido de una política intersectorial y que incorpore a los especialistas de este país y no a las asociaciones empresariales o vinculadas al gobierno.