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México (12 de noviembre).-
Además de la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y evasión de impuestos, el ex mandatario sonorense Guillermo Padrés Elías, es investigado por al menos otros nueve delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría General del Estado, además de las procuradurías de Justicia por denuncias del fuero común y federal.
Este jueves, el ex gobernador panista se entregó ante un Juez Federal para enfrentar a la justicia mexicana, sin embargo, Guillermo Padrés también es investigado en Sonora por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) por delitos del fuero común como tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Según la demanda con número de expediente A.P. 03-2016 interpuesta por Gisela Peraza Villa, el 13 de marzo del 2011, Guillermo Padrés y otros 20 ex funcionarios cómplices la retuvieron ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba el ex gobernador junto a su familia quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas valuadas en 450 mil pesos; según estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada y retenida ilegalmente.
Finalmente, un Juez del Fuero Común declaró inocente a Gisela Peraza, quien pasó cuatro años en prisión por un delito que no cometió; después la empleada doméstica contrademandó a Guillermo Padrés, pero éste se negó a presentarse a declarar y tramitó varios amparos como estrategia para prorrogar el proceso judicial; ahora el abogado de la víctima ha advertido que buscará que el ex mandatario panista sea remitido a Sonora para que responda por éstas acusaciones.
En septiembre del 2014 al iniciarse el último año del sexenio de Guillermo Padrés, la mina de Cananea que explota el Grupo México contaminó al río Sonora con un derrame de químicos tóxicos, al realizar sobrevuelos de inspección sobre el caudal la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectaron una enorme presa hidráulica con un acueducto que daba directamente hacia el rancho “ El Pozo Nuevo” propiedad del ex gobernador y su familia.
Mientras 25 mil habitantes de siete municipios padecían escasez de agua para consumo humano y actividades productivas, al desatarse el escándalo Guillermo Padrés mando dinamitar la enorme cortina de 120 metros de ancho y 80 metros de altura con capacidad para almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua para regar un sembradío de 400 hectáreas de nogal.
A pesar de las evidencias, el ex mandatario panista insiste que no es una presa sino un bordo de tierra construido desde los años 70, mientras que las autoridades federales le aplicaron sanciones económicas por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora decomisó el rancho “Pozo Nuevo de Padrés”, además que el Agente del Ministerio Público Especializado inició una averiguación previa por enriquecimiento ilícito, donde peritos en estructuras y explosivos realizaron peritajes a las ruinas de la presa.
En enero del 2013, Guillermo Padrés se ganó el repudio popular cuando declaró públicamente que aquellos contribuyentes que se negaban a pagar un impuesto de tenencia vehicular “no eran sonorenses bien nacidos” , así surgió el movimiento social de “Los Malnacidos” que fundó una asociación civil que demandó al ex gobernador de Sonora ante la Delegación Estatal de Procuraduría General de la República por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.
Además de la pena de cárcel e investigaciones judiciales, el gobierno de Guillermo Padrés también fue auditado por la Contraloría General del Gobierno del Estado que inició más de mil procesos administrativos al detectar un desfalco superior a 30 mil millones de pesos en daño al erario público de Sonora, por lo que también podría ser castigado con inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo que dure en prisión.
Actualmente la Interpol busca a 19 colaboradores de su administración entre empresarios y ex funcionarios, a través de siete fichas rojas para ubicar, arrestar y extraditar a sospechosos y 12 fichas azules para evitar que protagonistas de averiguaciones previas abandonen el país.
La PGR tiene 29 órdenes de aprehensión contra secretarios de estado, directores de área y empresarios favorecidos con licitaciones, mientras que en la Fiscalía Anticorrupción se investiga a más de 200 ex servidores públicos relacionados en más de 300 averiguaciones previas.